Opinion · Asaltar los Suelos

¿No es la vivienda un derecho?

Hoy viernes Kutxabank ha desahuciado a una familia con tres menores (uno de ellos un bebe de tres semanas). Esta familia había ocupado la vivienda, propiedad del banco, porque estaba vacía y no tenían donde vivir. Este era el tercer intento de desahucio y, gracias al desproporcionado despliegue de la Policía Nacional, esta familia se ha quedado en la calle.

Lo más grave de este hecho no es que los desahucios sigan siendo un drama en este país sin que el Gobierno tome medidas efectivas para evitarlo.

Según el Banco de España y el Consejo General del Poder Judicial, año a año el número de desahucios ha ido aumentando. Mientras tanto, el Gobierno ha tomado medidas como el Código de Buenas conductas o el Real Decreto de Moratoria hipotecaria y se ha lavado las manos. Los datos demuestran lo poco efectivas que han sido estas medidas.

Lo más grave de esto tampoco es que esta familia haya tenido que ocupar una vivienda ante la pasividad del IVIMA o la EMVS.

Estas empresas públicas son las responsables de garantizar una vivienda a personas en riesgo de exclusión social en la comunidad y la ciudad de Madrid. Sin embargo, están vendiendo la poca vivienda pública (vivienda que es de todos) a precio de saldo a fondos buitres. Estas ventas se llevan a cabo con la excusa de que es la única manera de asegurar la viabilidad de estas empresas públicas debido a la cuantía de sus deudas, ocasionadas por el expolio que han hecho de ellas Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

Por último, sigue sin ser lo más grave que los bancos que han recibido dinero público (dinero de todos, también de la familia que han desahuciado) sigan echando a la gente de sus casas.

Hemos desviado fondos públicos a la banca y pedido un rescate bancario a la Unión Europea para sanear sus maltrechas cuentas. Uno de los motivos de la crisis del sector son sus prácticas abusivas en el mercado hipotecario. Sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de poner como contrapartida a esta ayuda pública la paralización de los desahucios que llevan a cabo. Lo único que ha sido capaz de hacer es crear la SAREB para que los bancos no tengan que preocuparse más de las viviendas problemáticas para ellos.

Lo más grave es que la pasividad que las administraciones públicas demuestran en estos tres hechos, contrasta con su efectividad en el uso de las fuerzas de seguridad para desahuciar.

La Policía Nacional ha llevado a cabo un despliegue desmesurado para ejecutar este desahucio, que ha acabado con seis personas detenidas y otras tantas han tenido que ser atendidos por el SAMUR. En otras palabras, vivimos en un país que en lugar de garantizar los derechos humanos, los combate desde “su” legalidad. ¿No sería mejor desarrollar políticas efectivas para garantizar que familias como la que ha sido desahuciada no se tengan que quedar en la calle?, si hay casa vacías ¿no se pueden poner a disposición de la gente que las necesita?, ¿no es la vivienda un derecho?