Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, dice que las prácticas de espionaje que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid son propias de un Estado autoritario y fascista. Tiene razón. Cuando yo utilizo los mismos términos me llaman radical. A los concejales de Torrelodones, expulsados del partido por denunciar prácticas ilícitas en su municipio, no les sirvió el principio de presunción de inocencia que sus líderes exigen para los denunciados. Ellos y sus familias sufren persecución y amenazas.

Un notario del mismo pueblo, también militante del PP, le contó a doña Esperanza Aguirre que había corruptos en el ayuntamiento. Cuando esperaba aparecer retratado en la entrada de Génova como militante del mes por intentar limpiar el partido de chorizos y sinvergüenzas, se encontró con lo mismo que sus compañeros sancionados. El señor notario debe de sentir envidia de los "presuntos implicados", a los que su partido celebra en plazas públicas como héroes nacionales, mientras él da vueltas en la cama preocupado por la seguridad de sus hijos. La relación causa efecto entre denunciar compañeros corruptos y arruinar la propia vida es característica del mundo del hampa, no debería formar parte del libro de estilo de un partido que va a gobernar España.
El silencio estratégico de Esperanza Aguirre es una vergüenza que no tapa con su persistente declaración de que los ciudadanos la consideran honrada y trabajadora. No todos. Yo, no. Ya no sé, ni me importa, si es cara dura o que no se entera de que está en el epicentro de la pestilencia, pero nada en el estanque de las heces sin que su cardado sufra alteración alguna. Una profesional. En Chicago se la rifarían.