Presunto asesinado

A los niños de mi generación nos justificaban el golpe de Estado del Ejército Rebelde y la posterior dictadura como reacción lógica a una acción que resumía la ética del Gobierno democrático de la II República: “el paseíllo”. Esta forma de actuar, exclusiva de “los rojos”, consistía en personarse por la noche en casa de un ciudadano de orden, meterle en una camioneta y asesinarlo junto a una cuneta. Ahora, los historiadores afirman que los que asesinaban de esta manera fueron, sobre todo, los del bando vencedor, los defensores de la patria, “los nacionales”. ¿Quién teme a la Ley de Memoria Histórica?
El señor Camps recurre al mito de “el paseíllo”, que todo lo justifica. Su intervención parlamentaria del jueves, característica del fascismo recalcitrante, no fue producto de un calentón: la aplaudieron enfáticamente los miembros de su grupo. La forma de arreglarlo es también sorprendente: “Pido disculpas por si he podido herir la sensibilidad de alguien”. No se retracta, sigue pensando que el deseo de su rival es asesinarle. Es lógico que, en esas circunstancias, se sienta liberado de la obligación de dar explicaciones por las evidencias que le señalan como corrupto.
Tiene razón, el derecho a la vida está por encima de las cuestiones terrenales, como nos recuerdan los miles de personas que se manifiestan contra el aborto por nuestras calles, y que se convierten en millones a los ojos de Dios y de los medios de comunicación afines. Al señor Camps, como en su día a los militares fascistas, le asiste el derecho a la legítima defensa, a la impunidad, en suma. Su juez de cabecera y sus compañeros de centro le amparan.