Que sí, que somos idiotas

Está inmenso Esteban González Pons cuando afirma que “cuesta aceptar que el fiscal general del Estado lleve el carnet del PSOE cosido debajo de la toga”, al tiempo que, en la misma intervención, pide que se deje trabajar a los jueces en paz. Está en consonancia con el hecho de que el PP se persone como acusación particular en el caso Gürtel, calzándose el disfraz de víctima, mientras defiende a capa y espada a los compañeros implicados en la trama y presenta recusaciones para impedir la investigación. No es el fiscal Cándido Conde Pumpido, sino los tribunales encargados de fiscalizar las cuentas, los que les acusan de mangonear en las arcas públicas.
Para rematar la faena vuelven a su táctica de acusar a los demás de lo que ellos hacen, alegando que les investigan aunque sólo se presente una denuncia anónima. Pons se refiere, tal vez, al deleznable proceso que se siguió contra el personal sanitario del Hospital Severo Ochoa desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al que acusaron de perpetrar nada menos que 2.000 asesinatos basándose en la estúpida e incalificable figura extrajurídica de la denuncia anónima que el entonces consejero y promotor inmobiliario Manuel Lamela tuvo a bien elevar a los tribunales con la complicidad de la susceptible presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo fue una estrategia de ruido para hurtar el debate de lo que firmaron de forma semiclandestina el mismo día que detuvieron al doctor Montes y que dio el banderazo de salida para la privatización de la Sanidad, que pasó de ser un servicio a una “oportunidad de negocio”, como ellos mismos la definieron. Un desastre de consecuencias incalculables que se perpetra con la legitimidad de los votos.