El banderazo de salida lo dio en Madrid el señor Lamela, actual consejero de Infraestructuras (cargo que compatibiliza con sus negocios inmobiliarios, no se espera a dejar la política, tiene prisa), con el brutal ataque al Hospital Severo Ochoa. Acusaban a aquellos médicos de haber asesinado a 400 personas. La justicia archivó el caso tres años después (el juez colaborador esperó a que pasaran las elecciones). El día que montaron el circo de la detención del doctor Montes, se aprobó la concesión de los hospitales que están a punto de inaugurar, que son de construcción y gestión privada, y donde la sanidad pública aporta el personal sanitario. PFI se llama el sistema. Es una forma clandestina de privatizar la sanidad. No hubo debate, todos los medios se ocupaban de aquel campo de exterminio llamado Severo Ochoa. Perversos son, pero de tontos, ni un pelo, y sus aliados mediáticos funcionan como un reloj, forman una vergonzosa unidad de acción. La OMS (Organización Mundial de la Salud) puso el grito en el cielo y alertó con un informe demoledor, ingenua, de las nefastas consecuencias de este sistema, ya probado en Reino Unido y Australia: a medio plazo, baja la calidad de asistencia, encarece las prestaciones y enriquece a los concesionarios a costa de las arcas públicas. Lleva a la ruina. Las autoridades madrileñas se pasaron el informe por donde tienen la ética.

La privatización de la sanidad es un asunto muy grave. Sólo un dato: en EEUU se estima que fallecen al año 150.000 personas, que no morirían con un sistema de salud como el nuestro. Una catástrofe mayor que la peor de las guerras imaginable, sin que sea noticia, pero sí el principal negocio de aquel país. Enhorabuena a los premiados.