Bulocracia

La "solución habitacional" de Vox y los suyos

Vox, el PP y algunos de sus incondicionales han llenado las redes sociales de mensajes falsos sobre una orden ministerial publicada el pasado sábado en el BOE, que a su juicio es "la ansiada medida de Pablo Iglesias de la 'solución habitacional'". Para ellos "implica que a los propietarios de más de una vivienda les puedan obligar a cederlos", por lo que creen que "se acabó la propiedad privada" y que "Venezuela ya está aquí".

Citan también el clásico "exprópiese" de Nicolás Maduro, como ha hecho en su Twitter el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz: "El exprópiese ha llegado a España". O van más allá.

"Nos acaban de colar en plena Semana Santa en el BOE una "solución habitacional" por la que queda abolida la propiedad privada de la vivienda. Similar a las medidas de Chávez que desataron una oleada de ocupaciones protegidas y sancionadas para la voladura del derecho a la propiedad".

Así se refiere en su Twitter a dicha orden el periodista de Vox Hermann Tertsch, que tan pronto interpreta que "queda abolida la propiedad privada de la vivienda" como que desea públicamente que Ferraz amanezca lleno de atadúes con la bandera de España, como Vox en la Gran Vía. Acompaña sus reflexiones con una imagen del BOE de la medida que, aunque es real, ha querido ver él a su gusto.

Lo cierto es que se trata de una orden ministerial publicada el 11 de abril en el BOE para modificar el Plan Estatal 2018-2021. Incluye un programa de ayudas directas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables, para facilitarles una "solución habitacional inmediata" a través de una aportación económica. Está destinada a arrendatarios vulnerables afectados por el Covid-19 y la gestionan las comunidades autónomas.

La orden establece que los gobiernos regionales "pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada", que tenga las condiciones adecuadas "para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".

Uno de sus objetivos es que personas en esa situación puedan acceder a viviendas de titularidad privada, siempre bajo cesión de uso. La subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.

En ningún caso consiente expropiaciones de viviendas privadas o ampara okupaciones "ni nada ilegal", como denuncian Vox y los suyos. Así lo ha confirmado el secretario general de Vivienda, David Lucas: "No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho".

El Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, aclara que "el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas NO PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias".

Lo que Vox y otros aparentemente han querido malinterpretar es que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes". Obvian le cesión de uso y leer "ocupación del inmueble" a estos ya les enciende la neurona.

"No es una "abolición de "la propiedad privada de la vivienda", como ha asegurado Tertsch, que después ha reculado un poco porque le han dicho "que no es así, que no dice nada de que sea obligatorio y que se supone que serán viviendas privadas que sus dueños ponen a disposición se supone de un precio que paga la administración".

Iba bien, pero dio un giro y volvió a cagarla al añadir que es "suponer demasiado" e insistir en que se "están borrando los derechos de la propiedad privada a la hora de disponer los poderes públicos de viviendas ajenas". Con el agravante de haberlo hecho "en Semana Santa".