La orden establece que los gobiernos regionales "pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada", que tenga las condiciones adecuadas "para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".

Uno de sus objetivos es que personas en esa situación puedan acceder a viviendas de titularidad privada, siempre bajo cesión de uso. La subvención podrá ser de hasta 600 euros al mes y el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.

En ningún caso consiente expropiaciones de viviendas privadas o ampara okupaciones "ni nada ilegal", como denuncian Vox y los suyos. Así lo ha confirmado el secretario general de Vivienda, David Lucas: "No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho".

El Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, aclara que "el programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas NO PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias".

Lo que Vox y otros aparentemente han querido malinterpretar es que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes". Obvian le cesión de uso y leer "ocupación del inmueble" a estos ya les enciende la neurona.

"No es una "abolición de "la propiedad privada de la vivienda", como ha asegurado Tertsch, que después ha reculado un poco porque le han dicho "que no es así, que no dice nada de que sea obligatorio y que se supone que serán viviendas privadas que sus dueños ponen a disposición se supone de un precio que paga la administración".

Iba bien, pero dio un giro y volvió a cagarla al añadir que es "suponer demasiado" e insistir en que se "están borrando los derechos de la propiedad privada a la hora de disponer los poderes públicos de viviendas ajenas". Con el agravante de haberlo hecho "en Semana Santa".