Como no somos malpensantes, vamos a suponer que los inspectores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no son seleccionados por la misma empresa cazatalentos que descubrió a Mortadelo y Filemón. Supongamos también que trabajan a destajo e investigan todo aquello que huele a información privilegiada. Supongamos que la poderosa maquinaria del órgano controlador de los mercados bursátiles se pone en marcha cada vez que, en vísperas de una OPA, alguien con nombre y apellidos civiles o mercantiles compra miles de acciones de la empresa cuya cotización se va a disparar.

Supongamos que con un par de master en finanzas y una nariz portentosa es posible adquirir un finísimo olfato a la hora de poner un montón de huevos en la misma cesta. Supongamos que resulta facilísimo sospechar de la existencia de un posible fraude en la Bolsa, pero muy difícil conseguir las pruebas que lo demuestren.

Puestos a suponer, vamos a aceptar que el problema consiste en que no hay una normativa suficientemente eficaz para destapar los escándalos de información privilegiada. Ni los medios tecnológicos y humanos imprescindibles para sacar los colores a unos cuantos artistas de las cotizaciones. Ni las herramientas legales para castigar las irregularidades.

Dando por ciertas todas estas suposiciones y algunas más, tenemos un problema. La Comisión Nacional del Mercado de Valores nos cuesta un pico en los Presupuestos Generales del Estado, y su principal misión es la que su propio nombre indica: controlar el mercado de valores. ¿O es mucho suponer?