Buzón de Voz

Un tribunal deslegitimado

La única ventaja de que el Tribunal Constitucional lleve casi cuatro años demostrando su incapacidad para resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular es el hecho incontrovertible de que España no se ha roto. El Estatut sigue su desarrollo en forma (por ejemplo) de 41 nuevas leyes en vigor. Tampoco Valencia o Andalucía, que copiaron literalmente algunos de los artículos recurridos, han declarado su independencia. La votación celebrada ayer confirma que los magistrados nombrados a propuesta de la derecha no se han movido un centímetro de las posiciones alentadas por el PP, mientras que a uno de los jueces progresistas, Manuel Aragón, le parece poca cosa declarar inconstitucionales 15 artículos e interpretar otros 24. Será un magistrado conservador, Guillermo Jiménez, el encargado de redactar una nueva ponencia que pueda convencer a seis de los diez miembros del alto tribunal. O sea, a los mismos que ayer derrotaron una sentencia que ya recortaba sensiblemente el texto aprobado por el Parlament de Catalunya, por las Cortes españolas y por el pueblo catalán en referéndum. Jiménez es uno de los cuatro miembros del Constitucional cuyo mandato expiró hace ya dos años y medio. Llegados a este punto, si PSOE y PP no son capaces de acordar la renovación del tribunal, cabría al menos que un resto de dignidad llevara a esos cuatro magistrados a plantearse la dimisión, dada su evidente falta de legitimidad.

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