Mentiras, cacerías y dimisiones

Ha llegado ya la hora de preguntarse si la trama de corrupción en el Partido Popular consiste en la picaresca de unos cuantos golfos o si esa red estaba organizada también para financiar ilegalmente al PP. La posible imputación del tesorero nacional nombrado por Mariano Rajoy, el senador Luis Bárcenas, apunta claramente en esa dirección. Pero no es, ni mucho menos, la única pista.

Desde el mismo momento en que estallaron los escándalos de las tramas de espías en el PP de Madrid y de las adjudicaciones irregulares que recibían las empresas ligadas a Francisco Correa, la dirección “popular” ha hecho infinitos esfuerzos por limitar los daños a la actividad de unos individuos que “no eran trigo limpio”, y que supuestamente fueron apartados de la sede nacional de la madrileña calle Génova en cuanto Rajoy asumió el liderazgo. Así al menos lo proclamó el propio presidente del PP, desmentido después por su portavoz Esteban González Pons, que reconoció la existencia de algunos contratos firmados con la trama de Correa al menos hasta 2005. Incluso pasando por alto aquella mentira de Rajoy, el argumento utilizado es realmente curioso. ¿Apartados porque no eran “trigo limpio”? Desde marzo de 2004 el PP está en la oposición, de modo que lo que se hizo fue “apartar” a Correa y sus secuaces hacia territorios en los que el PP sí manejaba poder y grandes presupuestos públicos. Esta panda empezó a llevarse todo tipo de adjudicaciones millonarias en la Comunidad de Madrid y en algunos de los ayuntamientos más boyantes gobernados por el PP. Lo mismo en Valencia, y ya se verá en qué otras autonomías en manos de la derecha. O sea que Rajoy y su gente hicieron lo que cualquiera haría en su lugar. ¿Que uno descubre a un ladrón en su propia casa? Pues nada, en lugar de llamar a la Policía y denunciarlo en el juzgado, facilita al ladrón las direcciones de los amigos y vecinos más ricos para que no se canse de robar. Lo normal.

Los nombres y el método

El PP ha llegado a perder los nervios en su obsesión por conocer los nombres que aparecen en los papeles y cintas de la fiscalía anticorrupción. Hasta el punto de abrir expediente a los dos únicos imputados militantes del PP hasta ahora confirmados judicialmente, lo cual contradice los propios estatutos del partido, donde se dice que mantendrá la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia condenatoria firme. Claro, ese punto estatutario estaba redactado para proteger al poderoso Carlos Fabra, eterno presidente de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos. En cuestión de horas o días, el PP tendrá oportunidad de demostrar de una vez alguna coherencia si expulsa de inmediato a los altos cargos y aforados que aparezcan en el sumario de Garzón.

Lo cierto es que al PP le obsesionan los nombres, pero no parece preocuparle el método, que es lo más sospechoso de este asunto. Los datos hasta el momento conocidos indican que en distintos gobiernos municipales y autonómicos se manipulaban concursos públicos para favorecer a determinadas empresas, que a su vez pagaban comisiones millonarias por esos favores. A partir de ahí, el método tiene la complejidad que exigen los vericuetos necesarios para esquivar la ley: dinero negro, sociedades instrumentales, hombres de paja, testaferros, cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas, etcétera.

Al carajal del principal partido de la oposición le vino de perlas la impresentable cacería en la que coincidieron Garzón y Bermejo. Rajoy se divirtió unos días mirando el reloj en los mítines de Galicia y el País Vasco y proclamando: “Son las doce y media y todavía no ha dimitido el ministro de Justicia”. El lunes se acabó la diversión. Cayó esa pieza con todo merecimiento. Sólo les queda acusar a su antaño héroe Garzón de prevaricador. Pero no dicen ni mu de la otra cacería, la que organizaron en Valencia Camps, Michavila y otros fieles con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, quien después de una larguísima sentada con bolígrafos y folios en lugar de escopetas se lió a tiros jurídicos contra Garzón. Pues son las diez de la noche del viernes y De Rosa no ha dimitido.