01/09/201131/08/2011

El derecho de admisión
Este letrerito que todavía preside algunos establecimientos públicos difícilmente coincide con los derechos de igualdad, ya que pretende justificar una discriminación que puede considerarse caprichosa y sectaria. Reservar el derecho de admisión supone que cualquier responsable del local puede rechazar a clientes sin otro criterio que su voluntad, no siempre exento de fobias personales. La noticia de que algunos restaurantes prohíben en Bilbao la entrada a menores me parece de escándalo, pues supone una discriminación por razón de edad y contra los derechos familiares.
Si fuera otro caso, y esa discriminación lo fuera por cuestión de raza, color o sexo, se echarían encima los respectivos colectivos.
¿De verdad molesta tanto una infancia que está aprendiendo a compartir un espacio público para satisfacer un placer gastronómico con su familia?
Jordi S. Berenguer
Barcelona

Se necesitan 35 demócratas españoles
Treinta y cinco es el número mágico que puede marcar la diferencia. Si no se consigue esta cifra entre los diputados que van a votar la reforma de la Constitución, la democracia permanecerá secuestrada para siempre a expensas de la tiranía económica de los mercados.
En Islandia se reescribió la Carta Magna. Pero en este Estado del que apenas se habla se usó un referéndum para negarse, por mayoría absoluta, a pagar una deuda que no les correspondía. A pesar de que el FMI congeló sus préstamos y les amenazó con toda suerte de plagas y maldiciones, los islandeses no se amilanaron. Y contrariamente a los apocalípticos augurios que se lanzaron sobre su silenciosa y pacífica revolución, Islandia se está recuperando del colapso sin aplicar las medidas que el fascismo financiero reclama a España, Grecia, Irlanda o Portugal.
Aquí y ahora, necesitamos 35 mujeres y hombres que defiendan la soberanía del pueblo frente a la dictadura de la UE. Que se nieguen a reformar nuestra Constitución al dictado de los mercaderes y atiendan las voces de una ciudadanía. ¿Existen 35 valientes entre nuestros parlamentarios?
Ana Cuevas Pascual
Zaragoza

Los impuestos y la justicia social redistributiva

Una vez más, en España se vuelve a aplicar una política errática en materia de impuestos. Los impuestos son, sobre todo, una herramienta útil que debería permitir la redistribución de la riqueza con la finalidad de cohesionar la sociedad. Pues se sigue pensando que la salida de la crisis viene ligada a una destrucción de la justicia social y de seguir manteniendo el protagonismo de la economía especulativa por encima de la economía productiva. En estos momentos críticos, se necesitan medidas concretas de austeridad, aplicadas con el máximo de justicia social redistributiva. Un ejemplo de ello lo tenemos en Francia, donde, con un Gobierno de centro-derecha, pondrán en marcha algunas medidas con mucho sentido común (mucho más de izquierdas que las aplicadas en España): un impuesto a las grandes fortunas de verdad; el aumento de los impuestos especiales del alcohol y el tabaco; el aumento de las tasas a las plusvalías inmobiliarias y, principalmente, a las personas que posean segundas residencias.
Señores legisladores: deberían empezar a poner manos a la obra en materia de impuestos, porque, aquí y ahora, vamos muy mal.
Josep M. Loste Romero
Portbou (Girona)

¿‘Lifting’ económico o mero brindis al sol?
Nuestra vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha dejado abierta la posibilidad de incrementar la presión fiscal a las grandes fortunas, tal y como ha ocurrido en otros países.
Lo que no queda tan claro en su exposición es su declaración de que las medidas recaudatorias "serán perfectamente entendibles" por los afortunados ricachones. Porque, hasta ahora, ninguno de ellos ha solicitado por escrito al Gobierno querer tener más impuestos, como ha sucedido en Estados Unidos y Francia.
A la ciudadanía le cuesta comprender cómo en un país democrático y progresista las altas rentas pueden elevarse de modo exponencial, mientras no se aplican políticas mejorando enseñanza y sanidad, subiendo pensiones, luchando contra el fraude y bajando las escandalosas cifras de paro.
Y es que, para más inri, se da el caso de que siempre suele haber algún escéptico a nuestro alrededor asegurando que los políticos –de uno y otro bando– suelen lanzar al aire este tipo de propuestas a modo de lifting económico, cuando en el fondo no dejan de ser un mero brindis al sol.
Mar Ramos Navarro
Zaragoza

Lo que de verdad se necesita es consenso
No sé que es más preocupante: si ver a PP y PSOE desavenidos o unidos como lo están ahora para imponer un tope constitucional al déficit público. No me parece razonable que los dos partidos mayoritarios, por muchos votos que hayan obtenido en las elecciones, puedan hacer cambios a su antojo en la norma fundamental que rige nuestra democracia. Este acuerdo entre PP y PSOE evidencia los efectos perversos de la partitocracia que, como en el caso que nos ocupa, termina usurpando la soberanía popular. Puestos a modificar la Constitución, ¿por qué no comenzamos haciéndolo para que cualquier modificación que se pretenda hacer no tenga en cuenta los votos obtenidos por los partidos políticos, sino el consenso de todas las formaciones políticas y, en caso de no llegar a un acuerdo, someterlo a consulta popular? Una Constitución requiere consenso.
Pedro Serrano Martínez
Valladolid