1 de febrero

Fumadores por la Tolerancia
La recaudación fiscal en concepto de impuestos indirectos sobre el tabaco ascendió a 8.863 millones de euros en 2007. De ellos, 7.235 millones corresponden al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.628 millones restantes corresponden al IVA.

Esta suma, un 8,86 % más alta que en 2006, supone un nuevo récord histórico de recaudación por este concepto que cada año se incrementa, a pesar de que el mercado de tabaco da muestras inequívocas de madurez proporcionando al Estado unos muy suculentos ingresos.
Hay que recordar que, de media, los fumadores españoles pagan cerca del 80% del precio de los cigarrillos en impuestos, siendo este el producto de venta legal que mayor fiscalidad soporta. En términos prácticos, esto significa que de cada cinco cigarros que fuman cuatro se los pagan íntegramente al Estado.
En los diez últimos años, los fumadores han aportado al Estado más de 67.000 millones de euros (11.202.979 millones de pesetas) en concepto de impuestos del tabaco.
Desde el Club de Fumadores por la Tolerancia queremos denunciar de nuevo la hipocresía de la Administración; cada año es mayor la contribución al Estado y en el decenio que va de 1998 a 2007 la recaudación por los impuestos del tabaco ha crecido un 75%. Sin embargo, los más de 10 millones de fumadores adultos que viven en España cada vez tienen
menos derechos.
El Estado trata a los fumadores como ciudadanos de segunda, privándoles de su derecho a fumar en un lugar digno, echándolos a la calle, persiguiéndolos… cuando son contribuyentes de primera.
El Club de Fumadores por la Tolerancia nunca ha defendido que los fumadores tengan más derecho a nada que los no fumadores –por el hecho de pagar una cantidad salvaje de impuestos cada año– pero tampoco debemos permitir que tengan menos derechos. Derechos, los mismos: un lugar digno donde poder estar a gusto (la calle no les vale) y, por supuesto, donde poder fumar.
Javier Blanco Urgoiti
Portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia

Cárceles y campaña electoral
La privación de libertad es un recurso propio de la Administración de Justicia y en España también, pero menos, porque desde el año 1996 se concibe, sobre todo, como una herramienta policial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, por eso reubicaron las cárceles en el Ministerio del Interior sacándolas del Ministerio de Justicia, donde estuvieron hasta entonces.
La retención y custodia de los internos es un recurso necesario, pero no la finalidad última.
El mandato constitucional es imperativo, obliga a procurar la reeducación y la reinserción social de los penados, y evitar, en la medida de lo posible, el deterioro físico y psíquico de los presos preventivos.
Sin embargo, la intervención penitenciaria y el tratamiento individualizado han sido conscientemente olvidados durante los últimos doce años, en aras de otras urgencias políticas no siempre explicadas y a veces vergonzantes.
Creo, además, que la sociedad española tiene obligaciones morales con los condenados todavía no asumidas; no podemos limitar por la fuerza los intereses, las motivaciones y las capacidades de determinados conciudadanos durante espacios temporales prolongados (de hasta 40 años), y luego pretender que reinicien su vida cotidiana en condiciones de competitividad y autonomía plenas.
Los partidos políticos gozan, en estos momentos, de promesas electorales y futuros compromisos sociales, de una oportunidad sin igual para recuperar la plena naturaleza jurídica que tiene la privación de libertad, respetando las obligaciones legales que le atribuye la Constitución, devolver la Institución Penitenciaria al Ministerio de Justicia y promover el compromiso ciudadano con los presos durante su internamiento y, sobre todo, cuando alcancen la libertad.
Mi voto va a depender de ello.
Luis Fernando Crespo Zorita
Sociólogo del Centro Penitenciario Madrid-I
(Alcalá-Mujeres)
Alcalá de Henares (Madrid)

Celíacos
Ayer día 31 de enero la Asociación Celíacs de Catalunya se reunirá en Madrid con representantes del Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y FACE para dar soporte a la propuesta definitiva del Real Decreto en el que se establece la obligatoriedad de etiquetar todos los productos alimentarios que superen el límite de 20 ppm (partes por millón de gluten).
Este Decreto es una muy buena noticia para todos los que llevamos años luchando por la causa celíaca.
Este Decreto, después de muchas visitas al Ministerio, está previsto que se apruebe en los siguientes términos:
1. Establecer un límite de 20 ppm de partes por millón de gluten.
2. La obligatoriedad de etiquetar todos los productos que sobrepasen este límite.
3. Etiquetar tanto los productos específicos como los que encontramos en el supermercado.
Muchas felicidades a todos por esta buena noticia para las personas celíacas.
Sonia Cortés Ramírez

Madrid

Gueto de Gaza
Sucedió ya en una ocasión, en 1940.
Una gran parte de la ciudad de Varsovia alambrada, sitiada, cercada, y sus habitantes sometidos a unas condiciones de vida inhumanas, sin apenas medios de subsistencia, condenados a un lento exterminio.
La muerte era la única posible liberación de aquel infierno.
Hoy es otro el lugar, el tiempo y los protagonistas, pero salvando las distancias, cruel ironía de la historia, entrever el paralelismo es inevitable.
Dolor que alimenta el odio, justos pagando por pecadores, encarcelados en su propia ciudad, en su propia casa.
Entonces se llamó gueto de Varsovia. Hoy es la franja de Gaza.
Sebastián Fernández Izquierdo
Petrer (Alicante)