DAVID MIRÓ
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de
octubre fusilado en el castillo de Montjuïc. El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra. La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.