Más de cuatro millones de parados deberían ser argumento suficiente para poner fin al despiadado debate que se produce en España. El Gobierno, acorralado parlamentariamente por la conjunción del PP y los partidos nacionalistas de derechas, promete resultados inmediatos de sus políticas y asegura que no va a ceder a la presión para recortar la protección a los desempleados. La oposición y la patronal suman sus discursos para defender la urgencia de abaratar el despido como fórmula infalible para volver a generar empleo. A ellos se unen las voces de una institución del Estado tan respetable e independiente como el Banco de España y de algunos ex miembros de las filas del Gobierno, hoy al otro lado de la barrera. Lo que la sociedad española anhela es salir cuanto antes del túnel de la crisis, pero lo más
importante no es cuándo, sino en qué condiciones afrontaremos el futuro si superamos este desastre social y económico. Desde esta perspectiva, se trata de una polémica interesada que afecta a la raíz de la propia democracia.

Los asalariados aportan el 80% del impuesto sobre la renta, y esta proporción es aun mayor en la aportación del consumo de las familias al IVA y a los impuestos especiales. Con este dinero de los contribuyentes, el Estado sufraga las ayudas concedidas al sector financiero, a muchos sectores industriales y a la liquidez de las empresas. Aunque algunos se oponen a que estas subvenciones se estén concediendo sin contrapartidas, como se exige, por ejemplo, en Estados Unidos, las medidas de salvamento se están aprobando en España sin que nadie haya puesto un grito en el cielo. Pero desde hace poco más de un año, dos millones de trabajadores se han convertido en nuevos parados, y son ellos los que pagan doblemente la crisis. Y esta situación especialmente dramática, la que suscita los principales desencuentros, es a la vez la gran asignatura pendiente de la cohesión social en España.

Ingreso en Europa

El ingreso en Europa consolidó la naciente democracia española y la rescató de los peligros históricos que han hecho fracasar la convivencia. Con dinero europeo, bancos y empresas españoles que salían de la autarquía franquista pudieron convertirse en multinacionales. El boom de la construcción fundamentado en el crédito fácil contribuyó decisivamente a instaurar el falso mito de que nos estábamos convirtiendo en ricos. España construía al año más viviendas que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Sin embargo, un 30% de la financiación provenía de bancos europeos –canal ya cegado– y al calentamiento de la demanda contribuyó el hecho de que casi cuatro millones de viviendas construidas en España sean propiedad de extranjeros. El milagro de la economía española se basaba en que el ciudadano medio estaba convencido de que antes de pagar el primer plazo de hipoteca ya había ganado dinero. Aquel sueño de riqueza se producía con dos millones de parados, un déficit estructural que en cualquier otro país europeo habría hecho saltar todas las alarmas y habría alimentado el descontento. La quiebra de la economía del
pelotazo ha liquidado el gran filón de empleo.

Los que defienden el despido barato tienen razón al argumentar que la crisis produce en España exponencialmente más paro, pero olvidan mencionar la precariedad de nuestro mercado de trabajo, insostenible en el estándar de las socialdemocracias europeas, aunque lleven años de progresiva decadencia, infectada Europa por el virus letal del neoliberalismo. Un tercio de nuestros trabajadores tiene contratos temporales y la masa de emigrantes que tanto ha contribuido a nuestros años de expansión económica trabaja mayoritariamente en precario. Ellos sufrieron en primer lugar el impacto y a nadie pareció preocuparle. Actuaron como un colchón de seguridad hasta que el drama golpeó "a los nuestros", en un alarde de irresponsabilidad y cinismo, sin que casi nadie analizara en profundidad las graves consecuencias para el futuro.

El modelo alemán

Quienes ponen de ejemplo a Alemania, que como Francia y otros socios de la UE resisten mejor sólo en el campo del empleo, se olvidan de contemplar que la representación sindical no es simplemente allí un cauce para la defensa de los derechos y para el cauce de la protesta. Los sindicatos tienen en ese país también voz y voto en la dirección de las empresas: el conocido sistema de cogestión que explican hasta los libros de texto. La sociedad española valora la convivencia y ha renunciado a la confrontación como recurso. Así que, aunque la situación es más grave, no se da aquí la circunstancia de que el 55% de los franceses justifiquen en las encuestas a los trabajadores que secuestran a empresarios que anuncian recortes de empleo. La frustración social no ha desembocado aún en violencia, lo cual dice algo a favor del temple de nuestros sindicatos. La expansión económica de años pasados permitió renunciar en parte a la promesa del Estado de bienestar que traía el PSOE bajo el brazo en 1982. Se construyó un esbozo de modelo, ahora bloqueado, en el cual el crecimiento constante permitiría superar la fosa inmensa que en nuestro país ha separado históricamente a los ricos de los pobres. Se creó la idea de una conquista lenta de derechos que permitiría acabar con un país tan desestructurado socialmente.

El imperio neoliberal iniciado en Estados Unidos por Reagan y llevado al estertor por Bush minó decisivamente el modelo de la Unión Europea, sometida al vasallaje. La necesidad de financiar la guerra de Irak llevó a acabar con todo control del sistema financiero. La avaricia empujó a alimentar la burbuja y los bancos estadounidenses, en lugar de la gestión prudente del dinero de otros, se dedicaron a practicar la estafa. Los resultados los estamos sufriendo. Cuando estalló el esquema, muchos dijeron que el modelo del capitalismo salvaje había fracasado y todos coincidieron en que había que imponer controles. Ahora la política que decide el G-20 y administra el Fondo Monetario Internacional es la de poner parches que se componen de billones de dólares pagados a los culpables y a los que sufren las consecuencias con el dinero de los ciudadanos. La sociedad afronta la crisis asumiendo deuda para el futuro.

Reformas

Y en medio de ese cruce de ideas se suscitó también la necesidad de un nuevo sistema o de reformas profundas, en lo económico y en lo social, para dejar de ser tan vulnerables a los ciclos negativos. Ya no se habla de eso. Ahora el debate se ha concentrado interesadamente en España en la conveniencia de recortar aún más los derechos, de modo que la protección de lo que ahora existe, si el Gobierno logra defenderla, será el mal menor. Los periodos de crisis son el mejor caldo de cultivo de la demagogia, cuyos frutos son siempre una amenaza para el progreso. Naturalmente todos pueden defender libremente sus ideas, aunque sería aconsejable hacerlo sin recurso a la mentira. Por ejemplo, el ex presidente José María Aznar debería sentarse de nuevo con George Bush antes de decir eso de que con él no habría crisis. Tampoco es aceptable separar la condición de asalariado y ciudadano, porque no es legítimo ni asumible que el factor trabajador sea reducido al criterio contable que se aplica a las mercancías.