Mira tú por dónde me toca empezar el blog la misma semana que la prensa anuncia que Barcelona tiene ya permiso para instalar 7 cámaras de videovigilancia en Las Ramblas (que se suman a las 9 que se autorizaron el año pasado, aún no instaladas, y al sistema que funciona desde 2001 en la Plaza George Orwell). Y justo hoy un grupo de 12 estudiantes de Liverpool (la joya de la corona en videovigilancia en Inglaterra) se paseaban por la ciudad recogiendo datos para comparar la situación de las dos ciudades.

Evidentemente, no hay color: en Liverpool hay más de 200 cámaras públicas monitorizando calles y plazas. En Barcelona aún las podemos contar con los dedos de las manos (en Madrid también, pero juntando varias extremidades y a toda la familia política), y la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha tenido la sensatez de no autorizar algunas peticiones (como la de la Plaça Reial) y limitar otras (estableciendo la obligatoriedad de apagar la cámara de la Via Laietana cuando hay manifestaciones, por ejemplo).

Lo preocupante es que a pesar de que el consistorio haya afirmado "rechazar frontalmente" la videovigilancia como medida generalizada, las cámaras avanzan sin prisa pero sin pausa. Y sin que nadie se preocupe de evaluar su impacto. Y sin un debate social sobre sus implicaciones. Y sin que sepamos ni quién nos mira ni cuánto nos cuesta.

Y entonces van los estudiantes de Liverpool y me preguntan si ha habido algún proceso democrático y/o participativo para aprobar la extensión de la red de cámaras. Y yo no sé si atribuirles una preocupante candidez o meterles una colleja...