El domingo, la policía francesa tuvo que admitir que el vídeo de los presuntos etarras difundido horas antes no reproducía más que la salida del super de cinco bomberos catalanes. El error ha puesto sobre la mesa cuestiones importantes, como la idoneidad de difundir de forma masiva imágenes captadas por cámaras de videovigilancia bajo el pretexto de la colaboración ciudadana.

Pero ¿es creíble que la identificación de los protagonistas del video fuera el objetivo de su distribución? En el momento en que las imágenes son facilitadas a todos los medios sin respetar no ya el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sino la presunción de inocencia, la posibilidad de que esa distribución formara parte de una estrategia de investigación policial se revela remota. A dos días de las elecciones galas y en plena apuesta del UMP de Sarkozy por la mano dura en temas de seguridad, las imágenes parecen responder más bien a una estrategia de comunicación y relaciones públicas, a la voluntad de aparentar eficacia policial y política.

Este privilegio del show por encima de la verdadera resolución de problemas no cesa de ganar terreno, sobre todo en el ámbito de las políticas de seguridad -tanto las vinculadas al terrorismo como las relacionadas con la seguridad ciudadana. Ante la amenaza de la extrema derecha, la derecha (y la no-tan-derecha) se apunta a políticas de escaparate que prometen imposibles: garantizar, y rápido, que todo(s) está(mos) bajo control, y que el que no lo está lo pagará caro.

Las consecuencias de esta deriva nos explotan a la cara de forma cada vez más frecuente. Las políticas de control social y mano dura se basan en el que "si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer". ¿Qué tenían que esconder los bomberos del Carrefour? ¿Y Joseba Fernández, identificado la semana pasada por la agencia EFE también como terrorista? ¿Y todas las personas que, por error, han sido víctimas de estas políticas de escaparate en un contexto de endurecimiento del código penal y de la capacidad sancionadora y de intervención de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas)?

En el afán por transmitir eficacia, estamos viendo en toda Europa como se apuesta por políticas de seguridad que disparan primero y preguntan después (literal y metafóricamente), que reproducen y amplifican prejuicios (¿cinco personas con traje y corbata, o con menos pinta de 'sureños' hubieran sido juzgados tan rápidamente?) y que apuestan por (carísimas) soluciones técnicas a problemas sociales (videovigilancia, escáneres, almacenamiento de datos).

En el caso de esta fin de semana, las promesas de estas políticas han vuelto a mostrarse no sólo absurdas, sino contraproducentes. Según Scotland Yard, sólo una de cada mil cámaras de videovigilancia contribuye a posteriori a la resolución de un crimen. Alguien tendría ahora que decirnos cuántas veces ya la creencia de que una imagen vale más que mil palabras nos ha hecho pisotear los derechos de personas inocentes.