Que los gobiernos locales están más próximos al ciudadano y por lo tanto mejor posicionados para dar respuesta a sus demandas y necesidades es una idea que parece caer por su propio peso, y muchos argumentos pro-descentralización apuntan precisamente a esta lógica.

Sin embargo, en políticas públicas de seguridad, son estas instancias locales las que están liderando la exigencia de mano dura y poniendo sobre la mesa propuestas no sólo de dudosa legalidad, sino de clara afinidad con el ideario de la extrema derecha. Ante estos casos, son las instancias estatales, autonómicas y judiciales las que están reafirmando la necesidad de respetar derechos fundamentales y el principio de la igualdad ante la ley.

Hoy mismo, por ejemplo, recoge la prensa el aval al uso del pañuelo por parte del Ministerio de Justicia, en contra del centro escolar que hace unas semanas decidió expulsar a Najwa (con el apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo). Igualmente, ante la petición hace unos meses del alcalde de Vic de dejar de empadronar a inmigrantes irregulares, fueron la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros las que ampararon las declaraciones realizadas por el Ministro de Trabajo e Inmigración en relación con la ilegalidad que supone restringir el acceso a los servicios disponibles. Y aún otro ejemplo: en el caso de la videovigilancia, es la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia quien vela, en el caso de Catalunya, por el respeto a la intimidad y a los derechos individuales y colectivos y pone coto a las crecientes solicitudes de instalación de cámaras en el espacio público de pueblos y ciudades.

Visto lo visto, y sin negar que el ámbito local es también muchas veces un espacio de innovación democrática, en temas de seguridad a mi mejor me gobiernan desde lejos, gracias.