Me muero de ganas de que caiga en mis manos un folleto de publicidad de alguna empresa de videovigilancia. Me imagino el eslogan: "Disuada a todo quisqui por un módico precio", y luego, en letra pequeña "Efecto disuasorio demostrado en laboratorio, a la espera de datos en el mundo real".

Igual que en el caso de los productos inverosímiles de la Teletienda, imagino que siempre hay alguien que pica, como quien se gasta 1.300.000 euros en poner videovigilancia en los autobuses nocturnos de Barcelona, en los que no se han producido incidentes graves, para "disuadir" a imaginados delincuentes potenciales.

Bromas aparte, el argumento disuasorio parece haberse instalado en el escenario político, y aparece una y otra vez sin que nadie lo cuestione, como buscando validarse por repetición. Porque lo cierto es que en ningún lugar del mundo ha podido demostrarse ese efecto disuasorio. En primer lugar, porque es muy difícil de medir (¿cómo contabilizar los delitos no cometidos?); en segundo lugar, porque cuando la videovigilancia ha reducido tasas de criminalidad, ésta ha ido acompañada por más presencia policial y otras medidas, con lo que es problematico atribuirlo sólo a las cámaras; y, en tercer lugar, porque en general las cámaras han demostrado generar un efecto desplazamiento de la delincuencia, con lo que ninguna evaluación de su eficacia debería olvidar la cuantificación del efecto de las cámaras sobre los espacios adyacentes a las zonas videovigiladas.

Lo que sí ha podido medirse, en cambio, es cómo la conciencia de la existencia de cámaras desaparece en cuestión de días o semanas, por lo que incluso en los casos en los que pudiera demostrarse el efecto disuasorio, éste no duraría mucho tiempo para más del 60% de la población; o cómo un creciente numero de personas justifica su no intervención en caso de conflicto por la existencia de cámaras, lo que sugiere que en lugar de fomentar el civismo, las cámaras estarían contribuyendo a "desresponsabilizar" a la gente y alentando la delegación en el "estado" en caso de conflicto o agresión.

En estas condiciones, los 1.300.000 euros de la concesión, más las nóminas completas de los policías que deberán controlar las imágenes (a partir de seis pantallas, la capacidad de monitorizar las imágenes cae a menos del 50%, y cubrir 24h/7 días requiere un mínimo de cuatro personas) son difíciles de justificar -cuando no contraproducentes.

Pero mientras a nadie le interese de verdad plantear políticas públicas de seguridad responsables y evaluables, uds. no olviden, por si acaso, disuadirse antes de subir al autobús.