Lleida, El Vendrell y Barcelona son las tres primeras ciudades españolas en prohibir el uso del burka en los edificios de titularidad municipal.

Curiosamente, Lleida tiene también el honor de contar con el sistema de videovigilancia en el espacio público más antiguo del Estado, y con la primera Ordenanza de Civismo que ha debido ser modificada a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

A El Vendrell también le gusta ser pionera, y tiene el dudoso honor de ser, junto con Vic, la ciudad con más ediles del partido xenófobo y ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), además de ser el municipio catalán con más metros cuadrados de espacio público cubiertos por videovigilancia por habitante.

Barcelona no se queda atrás, y la suya fue la primera Ordenanza de civismo de nuevo cuño, de las que mezclan el mear en la calle con la prostitución, la venta ambulante y jugar a pelota; y en cuanto a videovigilancia, después de años de una cierta reticencia, entre 2009 y 2010 se acordó pasar de 4 a 14 cámaras en el espacio público.

La realidad de las tres ciudades demuestra que el debate sobre el burka no puede verse como un hecho aislado. La progresión en la adopción de medidas seuritarias orientadas al control de los comportamientos muestra que la cesión momentánea ante las presiones de la derecha y la extrema (en todos los casos las primeras propuestas en los plenos municipales llegó de la mano de PxC, PP o CiU) no hace más que inaugurar una descenso interminable a las catacumbas del populismo punitivo.

Josep Anglada, presidente de la PxC, demostró no albergar dudas cuando después del pleno de El Vendrell afirmó: "Esto no ha acabado aqui, es solo el comienzo".

Se puede decir más alto, pero no más claro.