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En las democracias occidentales se tiende a sobreentender que las funciones de Defensa e Interior no son las mismas. El ejército se utiliza para defender a la población de un enemigo o ataque externo, mientras que a nivel interior se prioriza la acción de la justicia y la actuación policial. La lógica de esta división es clara: en estados democráticos, los mecanismos representativos aseguran que todos los ciudadanos estén representados políticamente, por lo que es absurdo concebir la necesidad de reprimir manu militari a sectores de la propia población –porque, en democracia, a la población no se la reprime, sino que se la representa. Esta es, al menos, la gran promesa de la democracia representativa.

Sin embargo, la línea que separa las funciones de Defensa e Interior parece ser cada vez más débil, más borrosa. El estado de guerra permanente (contra el terrorismo, contra las drogas, contra el crimen, etc.) en el que nos encontramos genera espacios de confusión en los que estrategias propias de defensa acaban siendo utilizadas, cada vez más, para atajar conflictos internos (militarizando espacios urbanos, controlando a la población preventivamente mediante mecanismos de vigilancia, generando bases de datos ilegales, etc.).

Nada de esto es nuevo. El ‘enemigo interior’ ha justificado repetidamente la creación de momentos o espacios de excepción: durante el siglo XX, comunistas, sindicalistas, judíos, gitanos y activistas en general han sufrido la suspensión de derechos que supone la movilización militar para atajar conflictos que involucran a ciudadanos.

Que no sea nuevo, no obstante, no implica que no sea grave. La lógica del ‘enemigo interior’ llevaba cerca de 30 años desaparecida del discurso político en todos los países occidentales, y aunque es evidente que su hibernación hace tiempo que mostraba síntomas de querer llegar a su fin, la reciente movilización del ejército para atajar un conflicto laboral confirma que la suspensión de derechos en democracia no es algo del pasado.

Lo grave de lo ocurrido en los últimos días, más allá de la declaración del Estado de Alarma, es precisamente la consolidación de esta figura difusa que es el ‘enemigo interior’, y la creciente facilidad con la que los gobiernos recurren a medidas excepcionales ante conflictos internos, sin reconocer que toda situación de excepción equivale al fracaso de la democracia.

Nuestras sociedades se están acostumbrando de forma alarmante a la suspensión de derechos –de los demás. Pero en un contexto de permanente ampliación de la definición de perfiles que encajan con el ‘enemigo interior’, no parece descabellado pensar que el ciudadano de hoy pueda ser enemigo mañana. Que, mañana, los derechos que se pisoteen sean los tuyos.