Hace unos meses, a raíz de la intervención policial en Barcelona durante la jornada de huelga general del 29-s escribí en este mismo espacio sobre ‘la policía en democracia’, intentando reflexionar sobre estrategias policiales y alertando del peligro de que una mala comprensión por parte de responsables políticos y técnicos de las complejidades de la actuación policial en democracia y del marco legal podía acabar convirtiendo a la policía en el brazo tonto de la ley.

Ocho meses después, y con un cambio de gobierno autonómico de por medio, mis temores de entonces no han hecho más que agravarse. Las cosas que se oyen hoy en Catalunya no las he oído jamás en ningún lugar del mundo (y hace ya tiempo que me muevo entre cuerpos y fuerzas de seguridad): ¿justificar la no identificación de la policía ante ciudadanos y prensa? ¿Plantear detenciones preventivas? ¿Crear unidades especiales para grupos definidos por su ideología? ¿Ir hasta donde lo permita la ley... y más allá?

¿Pero esto qué es? ¿El Far West? ¿Grand Theft Auto?

Sólo en el último mes, los Mossos d’Esquadra han protagonizado, primero, un intento de desalojo de una protesta pacífica que ha llevado Barcelona a las portadas de medios de comunicación de todo el mundo, recuperando una asociación entre España y el subdesarrollo democrático que llevábamos décadas intentando borrar de la memoria colectiva (y de la del turista potencial). En segundo lugar, un dispositivo policial para garantizar la seguridad de 135 diputados ante un anunciado bloqueo del Parlamento que movilizó a un total de 1,800 agentes pero no pudo aislar a un reducido sector de provocadores ni proteger a los diputados de insultos y zarandeos.

Sin haberse cumplido ni tres años del despliegue de las fuerzas autonómicas por el territorio catalán, pues, los Mossos se enfrentan hoy a una crisis de legitimidad sin precedentes (en cenas familiares y actos sociales, por ejemplo, decir hoy que uno es Mosso d’Esquadra no es lo mismo que decirlo hace unas semanas). Además, las dudas sobre la capacidad para diseñar dispositivos policiales efectivos en temas de orden público son generalizadas (todos los partidos de la oposición han subrayado este punto).

Si las crisis son oportunidades, los hechos de las últimas semanas ponen sobre la mesa como mínimo dos cosas:

1) Que las fuerzas policiales deben ser mejores que sus responsables políticos. Que un alto cargo no se haya leído la Constitución ni sepa cuál es el marco legal en el que se encuadra la actuación policial es un problema, pero que la policía actúe como si tampoco lo supiera es una tragedia. Ir identificados, rechazar el archivo de las simpatías ideológicas de la ciudadanía y respetar la ley deberían ser exigencias que salieran del cuerpo. Por compromiso con el Estado de Derecho.

2) Que la mala comprensión de las situaciones lleva a malos dispositivos policiales. Los hechos recientes dejan claro que falta experiencia en la gestión del orden público, y que hay dificultades para diferenciar la protesta legítima de la ilegítima. Una mejor formación y la creación de mecanismos de mediación con la sociedad civil permitirían revertir la deriva actual, en la que la policía autonómica lleva más camino de convertirse en la guardia privada de la Corte que en la institución de defensa del libre ejercicio de derechos y libertades que dicta su misión constitucional.

Como dije en octubre, la ciudadanía y las personas que integran las fuerzas de seguridad nos merecemos responsables políticos y técnicos capaces de entender las complejidades de la actuación policial en democracia. La alternativa, nunca mejor dicho, es caer fuera del sistema.