Un millón de euros para el sufrimiento

Por Pablo Socorro (@pablosoc).

Centro de internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. Fotografía de Jen Dávila @jenndavilaa

Tras varios años desde que se anunciara la reforma del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 9 de julio el Gobierno hacía pública la adjudicación de la obra a la empresa ACCIONA CONSTRUCCIONES SA por valor de 1.299.321 euros. La  reforma llega después de que la anterior Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, insistiera en la necesidad de revisar la infraestructura del CIE de manera urgente, dado que incumplía el propio Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIE como, por ejemplo, el carácter puramente carcelario del edificio.

En un primer momento, parecería positiva la realización de una reforma que, a todas luces, se hace necesaria en un edificio castigado por más de 80 años de existencia. Sin embargo, esta reforma no acabará con el sufrimiento que las personas encarceladas en el CIE de Barranco Seco viven durante el tiempo máximo de 60 días.

El CIE de Barranco Seco, situado dentro de la red de CIE limítrofes del Estado español junto a Hoya Fría, Algeciras-Tarifa y la Sangonera, forman parte de lo que denominamos como CIE de Frontera Sur. Estos se configuran en la práctica como un elemento más de sistema fronterizo europeo, usándose como centros de primera detención –muy distinto a centros de primera acogida– de las personas que llegan en patera o cayuco a nuestras costas. Tras su llegada, las personas están un máximo de 72 horas retenidas, hasta que pasan a disposición judicial en las que, en la mayoría de los caso, se incoa órdenes de devolución, sin casi garantías jurídicas, como atestiguan organizaciones sociales e instituciones independientes.

No hay que ser experto en migraciones para saber que encerrar en un CIE a quienes acaban de llegar de un viaje en patera, en muchas ocasiones aberrante, no cumple con los estándares mínimos de atención integral a víctimas, ni garantiza los derechos fundamentales de estas. Parece que se busca un objetivo claramente ejemplarizante. De esta manera, se demuestra  que si se consigue llegar a Europa, no habrá facilidades. No es baladí que los CIE con peores condiciones materiales de todo el Estado español se encuentren en Andalucía y Canarias.

Durante el año 2017 ninguna persona fue expulsada o devuelta directamente desde el CIE de Barranco Seco y en los años anteriores el procentaje rara vez ha superado el 1%. Esto demuestra que se trata de una extensión de los puestos fronterizos terrestres, pero en condiciones de mayor sometimiento en un espacio torturante. Con estos datos parece que gastar un millón de euros en un centro de estas características no tiene sentido, máxime cuándo tenemos un sistema de acogida deficitario, incapaz de dar una respuesta a las personas que llegan a nuestras costas, principalmente por falta de plazas.

El presupuesto para la Secretaría General de Inmigración y Emigración del año 2017 fue de 373,35 millones de euros, en el que específicamente para "Atención Humanitaria a Inmigrantes" se destinaron 11,14 millones, con destino directo por concurrencia competitiva a las oenegés con alojamiento para las personas que llegan. Con ese millón de euros se podría proveer de un apoyo fundamental a centros de referencias como el Centro de Migraciones de Cear-Canarias, en Gran Canaria. Si, además, el Gobierno de España asumiera el cierre del CIE de Barranco Seco y destinara los 30.511,74 euros de media anuales que el Ministerio del Interior gasta en él, podríamos tener plazas suficientes de primera atención con apoyo integral para todas las personas que llegan a Canarias sin recursos.

Destinar más de un millón de euros a la reforma de un CIE que no debería existir no solo es innecesario sino irresponsable. El CIE de Barranco Seco debería estar cerrado, pero para quien se pregunta qué hacer con el edificio también hay propuestas. Para la ciudadanía canaria, el CIE de Barranco Seco siempre será la prisión provincial del Franquismo.

Por ese mismo patio por el que ahora transitan cientos de personas migrantes, pasaron miles de personas represaliadas en la lucha por la libertad y la igualdad. La única solución viable para ese edificio es lo que desde la plataforma Canarias Libre de CIE se lleva años proponiendo, la constitución de un Centro de Memoria Histórica de Canarias en el CIE de Barranco Seco, como ya se ha realizado en otros centros penitenciarios del Estado español. Es necesario resignificar los espacios de violación sistemática de derechos en que se han convertido los CIE desde su creación, existe la oportunidad de reparar y recordar el pasado de Canarias en sentido amplio y hacer justicia. Solo con un centro cultural, de investigación y de divulgación seremos capaces de hacer justicia por nuestra(s) memoria(s) y su(s) memoria(s), que luche para que nunca más volvamos a encerrar a personas que no hayan cometido delito.