Colombia: "No solo las FARC, también los poderes político, militar y económico causaron miles de desplazados"

La Reforma, una de las "Zonas de Paz" de Colombia. Foto: Misión de Reino Unido ante las Naciones Unidas/Lorey Campese
La Reforma, una de las "Zonas de Paz" de Colombia. Foto: Misión de Reino Unido ante las Naciones Unidas/Lorey Campese

Álvaro Bravo y Joseba Torronteras // A principios de octubre, Carlos Fernández fue seguido durante 300 metros por un hombre con vaqueros, una camiseta azul y una bolsa de piel a la espalda mientras caminaba hasta su trabajo en Puerto de Asis, ciudad de Putumayo, en la región del Amazonas colombiano. En el momento en que Carlos se acercó a hablar con el hombre, este huyó. La sospecha de Fernández no era en vano, pues no es el primer miembro de la  Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que recibe amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos, las comunidades étnicas y el medio ambiente.

Cada tres días muere asesinado un líder social en Colombia a manos de un sicario o un paramilitar. Estos días Fernández se encuentra en Madrid para participar en el acto por la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos y a la presentación del programa de acogida temporal de activistas amenazados del Ayuntamiento de la capital.

La cifra de defensores de derechos humanos en el Proceso de Paz sigue en aumento, a pesar de la alerta por casos de amenazas. ¿A qué se debe?

Hay cuestiones mucho más estructurales ,como que el Estado no tiene verdadero interés de desmantelar las estructuras armadas que están detrás de los asesinatos de los líderes sociales, por los intereses políticos y económicos que hay detrás. Las investigaciones de la Fiscalía no van más allá de investigar quién es el autor material de los hechos, sin encontrar al autor intelectual que da la orden. Hay medidas sin sentido ni lógica por ser urbanas, por ejemplo, asignarte un teléfono en una comunidad que no tiene señal, o asignarte un esquema de seguridad que conste de un vehículo, pero después te toca caminar dos horas porque el escolta no se mueve del auto.

¿Su visita a España puede servir para visibilizar las luchas que tienen dentro de las organizaciones sociales?

Sí. Para Colombia siempre ha sido muy importante el papel de la comunidad internacional. La visita se da en el marco de los 20 años del aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos, espacio al cual hemos sido invitados por Brigadas Internacionales de Paz. La solidaridad de la comunidad internacional ha servido para presionar a nuestros gobiernos a que atiendan la situación de los procesos sociales y nuestra protección. Te das cuenta de que en territorio paramilitar no hay ningún tipo de agresión si hay un observador internacional, cosa distinta si no lo está. Eso ha servido para proteger cientos de vidas. El papel sigue siendo clave porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde las organizaciones sociales de los países europeos frente a la exigencia del estado en materia de respeto de los DDHH, y así poder construir una paz más justa con las distintas formas de vida que tenemos. Tenemos mucho que aprender de Europa, incluso de la situación a la que no se quiere llegar aquí en el tema de la inmigración.

Hemos sabido que lleva escolta al menos desde 2017, ¿por qué?

Tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la situación de persecución, amenazas, intimidaciones contra la organización. Sobre todo esto ha hecho que el Estado colombiano tome medidas cautelares desde la unidad de protección discutida porque no se toman medidas con un enfoque individual y no colectivo. Yo tengo estas medidas desde 2012, desde que empiezo a trabajar en esta organización, cuando apenas estaba arrancando. La asignación de escoltas fue muy discutida porque algunos eran ex integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y está probado que sirvieron para hacer seguimiento a los mismos a quienes estaban protegiendo. Hay que evitar que estas medidas se vuelvan en contra de la ya crítica situación de los líderes sociales, para que nos podamos mover de manera mucho más tranquila.

¿Con la elección del presidente Iván Duque teme que se retomen medidas militares dentro de los procesos de paz y que los puedan poner en peligro?

Lo pactado dentro del acuerdo es la necesidad de cambiar la doctrina militar en torno a la concepción del enemigo interno, que es lo que ha predominado en los últimos 50 años tras la revolución cubana. Mientras el Ejército vea en el movimiento social a enemigos a los que hay que exterminar, esa lógica va a seguir generando víctimas en el movimiento social. Una parte de la élite política y económica de la sociedad sigue pensando que son útiles las herramientas de violencia del militarismo para mantener sus privilegios frente a cualquier revindicación de los colectivos sociales. El ecosistema de la Amazonia, la región en donde estoy, Putumayo, es muy frágil, y aún así se explotan hidrocarburos, lo que impulsa un modelo minero-energético que lleva a la paradoja de una única forma de desarrollo ¿Cómo desarrollas petróleo en un ecosistema tan frágil? Si no se escucha a las comunidades rurales que se oponen a ese modelo, y que tienen que enfrentar a un capital transnacional que pasa por encima de la consulta previa, no se da la posibilidad de decidir sobre un territorio y tienes incluso que desplazarte para cambiar tu modo de vida.

¿Cuáles siguen siendo las causas que origina el movimiento de los desplazados internos en el país?

Las causas están relacionadas con las anteriores dinámicas extractivas y con el fenómeno del narcotráfico que se ha incrementado en los últimos años. Sigue existiendo una actitud permisiva por parte del Estado colombiano. La renovación de la lucha antidroga anunciada por Duque en conjunto con Estados Unidos, lo único que generará es agudizar problemáticas sociales. Durante más de 15 años elegimos esa forma de enfrentar el problema de las droga y quedó demostrado que para lo único que sirvió fue para contaminar territorios con glisofato. Además, este tipo de lucha sube los precios de la droga y genera mayores rentabilidades para los carteles. Salen miles de millones de dólares de Colombia, pero los activos terminan lavados en Estados Unidos o Europa y se recolocan en el sistema financiero mundial como capitales lícitos.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ayudó a frenar las fumigaciones de glifosato. ¿Es posible que se reanuden?

Duque quiere renovarlo. El gobierno de Santos autorizaba la utilización de drones para fumigar mata por mata. Lo que plantea Duque es que para él esa dinámica no es tan efectiva y es más costosa; aún así, ha manifestado que tiene la fórmula para seguir con las fumigaciones aéreas sin crear afecciones para la salud, que fue una de las advertencias de la Corte Constitucional que en 2015 suspendió ese tipo de prácticas.

¿Notó alguna diferencia en las elecciones de junio con la irrupción de las FARC como partido político?

Es un resultado histórico porque las cifras tienen una relación directa con todo lo que ha sido el Proceso de Paz en los últimos seis años. Excepto en los últimos cuatro años, que han sido los más fuertes porque el partido de Duque intentó atacar el acuerdo en las elecciones de 2014. Lo que entienden ellos ahora es que el deseo de los y las colombianas es tan grande que no podrían atacar directamente los Acuerdos de paz y empezaron a atacar lo acordado. La sociedad colombiana ha permitido transformaciones: 8 millones de votos para el bloque progresista de Gustavo Petro, casi 12 millones de personas votaron en el referéndum anticorrupción de agosto y esto fue más de lo que sacó Duque como presidente. Esto ha dado lugar un nuevo movimiento social de nuevos partidos alternativos progresistas que encauzan con esa fuerza social que está en las comunidades rurales.

¿Cuáles son los grandes retos para lograr el cambio político en Colombia?

El más importante es acercarnos a la verdad de lo que fue el conflicto armado en Colombia, para entender las responsabilidades de todos los actores, no solo de las FARC, sino también de los poderes políticos, militares y económicos que causaron miles de desplazados y de asesinatos. La forma más efectiva de intentar tumbar los Acuerdos de Paz ha sido volver a pregonar los odios e imposibilitar que realmente conozcamos la verdad. Nosotros no apoyamos la justicia vengativa. No queremos que los empresarios que financian a los paramilitares se pudran en la cárcel, queremos que realmente cuenten la verdad a las víctimas y que se logre restablecer la historia.

Fe de errores: una primera versión de esta entrevista indicaba erróneamente que Fernández estaba entre los activistas que gozarán de protección temporal en España.