Por Poder Migrante (@MigrantePoder)

El pasado 3 de mayo una joven hondureña acudió a la comisaría de Xirivella (Valencia) a denunciar agresiones, insultos y amenazas contra ella y un amigo suyo por parte del casero de él. Sin embargo, la joven no pudo terminar de presentar la denuncia, pues unos agentes de extranjería se la llevaron detenida a otras dependencias por su situación administrativa irregular, abriéndole un expediente de expulsión del país. Ahora la joven agredida teme por su futuro incierto al enfrentarse a una deportación, pero también teme por su integridad física y la de su familia, pues la joven llegó a Valencia hace pocos meses huyendo de la violencia de las maras de su país: varios de sus familiares, incluido un hermano, han sido asesinados por estas bandas delincuenciales.

Este caso salió a la luz cuando la Asociación València Acull/ Valencia Acoge realizó una denuncia pública de lo sucedido. Se trata de una muestra más de la violencia y el racismo institucionalizado que condena a las personas inmigrantes extracomunitarias a la persecución institucional como consecuencia de la aplicación de la Ley de Extranjería, y a situaciones de vulnerabilidad de forma permanente. Las personas migrantes no podemos acudir a la justicia sin miedo a terminar deportadas por nuestra situación administrativa, y esto es especialmente sangrante cuando se trata de violencias contra las mujeres migrantes.

Además de trasladar el caso al Defensor del Pueblo, los colectivos València Acull y CIEs NO Valencia han iniciado la campaña '#ParemosSuExpulsión' con la finalidad de que el Delegado de Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, revoque la orden de expulsión abierta contra la joven hondureña y también para denunciar la violación del derecho fundamental a la defensa y tutela judicial, amparado en la Constitución Española, sea cual sea la situación administrativa de una persona. Es decir, que podamos acudir a la Justicia sin miedo a terminar deportadas.

El caso de esta mujer hondureña apenas ha tenido repercusión, pero muchas personas que han conocido este caso sí han expresado su indignación. Por su parte, la Plataforma por los Servicios Públicos de Xirivella realizó una concentración de protesta frente a las dependencias del  Ayuntamiento de la localidad para mostrar su apoyo a la víctima.

Es alarmante que casos como este no estén siendo denunciados masivamente ni mediáticamente, ya que este modo de actuar propicia que las personas en situación administrativa irregular sean reticentes a denunciar los abusos o agresiones que sufren, vulnerando aún más los derechos inherentes a las personas, sea cual sea su condición administrativa en el país.

Desde este espacio, invitamos a participar de la campaña '#ParemosSuExpulsión', subiendo en redes mensajes de denuncia, adhiriéndose y compartiendo nuestro Comunicado impulsado por Poder Migrante y la Red de Hondureñas Migradas (REDHM).