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El regreso de las junglas de Calais y Dunkerque entre el (des)acuerdo de Malta

Refugiados en la conocida como 'jungla de Calais' (2017). Foto: Malachybrowne / CC BY 2.0
Refugiados en la conocida como ‘jungla de Calais’ (2017). Foto: Malachybrowne / CC BY 2.0

Julio Díez, Sabela González

Un mes es lo que han tardado las medidas antimigración francesas en materializar su escasa efectividad: el desmantelamiento de Calais y Dunkerque, entonado durante el debate del pasado 7 de octubre en la Asamblea Nacional francesa como un “esfuerzo sin precedentes para mejorar las condiciones de recepción de los migrantes” se traducía, un mes después del desalojo total, en más de 900 personas instaladas nuevamente en los asentamientos ilegales esperando alcanzar Reino Unido.

“Francia no ha conseguido todos sus objetivos en materia de migración”, admitía el Primer Ministro francés, Edouard Philippe, añadiendo que para Francia “una de las tareas por hacer es continuar los esfuerzos de ejecución para la eliminación de extranjeros ilegales y reducir las demoras en el sistema de petición de asilo” porque “está saturado”.

De acuerdo a las cifras de Frontex, Francia es el cuarto país europeo que más solicitudes de asilo recibe. Sin embargo, de un total de 28.516 decisiones sobre refugio tomadas en territorio francés durante el primer cuatrimestre del 2019, 21.700 fueron rechazadas, esto es, más del 75%. Esta cifra contrasta con las medidas destacadas por el Primer Ministro francés al afirmar que se habían aumentado el número de plazas en los centros de acogida y en alojamientos para los admitidos con estatus de refugiado.

“La primera barrera a la solicitud de asilo en Francia es lo complicado que es llegar”, afirma Michaël Neuman, director de estudios en la Fundación de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que, junto con el Gobierno local de Grande-Synthe, creó en 2016 el primer campo oficial de refugiados en el país. “Para pedir asilo en Francia hay que llegar, y hoy en día es muy complicado. Primero, por las barreras físicas para alcanzar Francia, y luego, las barreras administrativas para pedir asilo propiamente, tienen que esperar mucho tiempo en condiciones duras”. A esto se le suma el Convenio de Dublín, que otorga la responsabilidad de la gestión de asilo al primer país de acogida. “En este sentido”, continúa Neuman, “Francia raramente es el primer país de acogida. Para llegar, los refugiados pasan por  Alemania, por Serbia, por Italia, o por España, pero no llegan de primeras a Francia”. Esto conlleva que el país tampoco tenga la posibilidad de deportar a los migrantes, quedándose estos en un estado en el que ni se les da opciones de ayuda internacional ni se favorece su salida hacia el Reino Unido.

Mientras las condiciones de los migrantes en el norte de Francia se han complicado a lo largo del mes por el descenso de las temperaturas y la falta de tiendas y otros materiales para sobrevivir a la intemperie, la agenda del Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, ha estado marcada por reuniones políticas en materia migratoria. Primero fue recibido en Roma por el Presidente italiano, Giuseppe Conte, para “impulsar una gestión estructural y no de emergencia del fenómeno migratorio” -coincidiendo con la salida del gobierno del Ministro del Interior italiano Matteo Salvini y teniendo muy en cuenta la posible salida del Reino Unido el próximo 31 de octubre-, y después se desplazó a Malta con la idea de comprometerse a acoger y tramitar las solicitudes de asilo de hasta el 25% de las personas que llegasen a través del Mediterráneo Central. La Valeta fue el escenario de lo que muchos medios titularon como “el (des)acuerdo de Malta”, en alusión a los desencuentros que produjo la propuesta conjunta de Francia y Alemania sobre la creación de un mecanismo voluntario de redistribución automática de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo Central coordinado por la UE.

Esta propuesta fue rechazada oficialmente en la reunión ministerial de Luxemburgo con la negativa de, entre otros países, España, qué considera que la Unión Europea, en palabras de Grande Marlaska, debería ofrecer una “respuesta única y para todo el Mediterráneo”.

Attai -nombre ficticio para proteger su identidad- es una de las personas que cruzaron el Mediterráneo central, ruta a  la que Macron se ha querido aproximar y que según las cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha registrado menos entradas que el resto del Mediterráneo durante la primera mitad del 2019 y mar en el que, según Médicos sin Fronteras, 658 personas han perdido la vida este año.

Attai es un joven de 22 años que hasta antes del desmantelamiento vivía en una de las pequeñas junglas con otros 60 eritreos. “Mejor solos, cuando nos mezclamos con otras nacionalidades aparecen los problemas”, dice mientras recuerda el desenlace de la jungla original de Calais, que empezó con una disputa y terminó entre llamas. En 2015, con 19 años,  Attai cruzó desde Libia a la costa italiana huyendo del régimen totalitario existente en su país de origen. Al ser considerado “migrante económico” en ese año, el mismo en el que la Unión Europea concedió 200 millones de euros al régimen de Ifewerki para, en teoría, “reducir la pobreza” y evitar la salida de más eritreos; su solicitud de asilo en Alemania fue denegada.

No obstante, según los datos de Eurostat del segundo cuatrimestre del 2019, Eritrea ha sido el segundo país de origen con más estatus de refugiados aprobados. Concretamente, los eritreos tienen un 83% de probabilidades de conseguir ayuda internacional en Europa, puesto en el ranking que solamente es superado por los venezolanos, que cuentan con un 90%. Attai ha intentado reiteradas veces cruzar el Canal de la Mancha, para así reagruparse con un conocido residente en Reino Unido, país en el que el 89% de las solicitudes de eritreos son aprobadas -en el 2015, las probabilidades eran del 34%.

Durante este tiempo, algunos de los asentamientos de Calais y Dunkerque han vuelto a tener acceso a agua potable -hasta la semana pasada, estos migrantes bebían del agua estancada del lago de Dunkerque-, aunque todavía no hay instalaciones sanitarias ni acceso a duchas. Esta situación recuerda a la que ya vivió Calais en noviembre del 2015 y que resultó en una condena del Consejo de Estado francés a las conducta del Estado y de la ciudad de Calais  por permitir “condiciones inhumanas y degradantes” dentro del campo.

Mientras más personas migrantes siguen regresando a estos dos puertos de salida hacia el Reino Unido, éste se retira oficialmente de una Unión Europea sin nueva Comisión hasta diciembre, sin solidaridad comprometida y con la amenaza de Turquía que desvía la atención hacia el Mediterráneo Oriental.