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Migrantes marginados por los servicios públicos: ni citas ni traductores en la Administración

'Justicia', en el madrileño barrio de Lavapiés. Foto: Olga Berrios / CC BY 2.0
‘Justicia’, en el madrileño barrio de Lavapiés. Foto: Olga Berrios / CC BY 2.0

Ana Nieves (@_anuva_)

Para las personas migrantes que llegan a España lo más difícil es hacerse un hueco. Más allá de las costumbres y el idioma, se enfrentan a largos procesos de trámites burocráticos para regular su situación o arreglar sus papeles para conseguir trabajo.

A la hora de consultar a las administraciones encontramos la primera barrera: en las páginas de los principales de los órganos que tratan los asuntos de extranjería y migración no hay una oferta suficiente de idiomas para acceder, y tampoco la hay a través de la atención telefónica.

La Secretaría de Estado de Migraciones cuenta con los idiomas hablados en el Estado español y francés e inglés en la portada principal de su página web, pero una vez se accede al portal de inmigración, este solo aparece en castellano. Por ejemplo, una persona que hable francés entenderá el portal principal, pero puede perderse intentando saber qué tipo de documento necesita para su solicitud.

Mercado negro en las solicitudes de asilo 

Los migrantes que necesitan atención pública para temas de extranjería se encuentran ante esperas de más de cinco meses para conseguir una cita. La Delegación del Gobierno afirma que pone a disposición 10.500 citas al mes, pero al acceder a las páginas web que las tramitan ni siquiera se ofertan fechas disponibles. Esto provoca que las personas migrantes tengan que esperar para regularizar su situación en España, lo que puede hacerles perder puestos de trabajo y ayudas, por no tener a tiempo la documentación necesaria. Si mientras intentan conseguir cita caduca su permiso de residencia, pueden verse en situación irregular y ser deportados, arruinando así sus proyectos y vida familiar.

Pero, ¿a qué se debe la falta de citas en Extranjería? La Administración cuenta con una falta de personal importante, agravada tras el estallido de la crisis, una carencia que reduce las posibilidades de que sean atendidos en un tiempo razonable. Además, el número de citas es insuficiente, teniendo en cuenta que hay, según datos de la Secretaría General de migraciones, más de cinco millones de extranjeros viviendo en España en 2019, de los cuales 643.000 llegaron en 2018 (sólo 50.000 lo hicieron de forma irregular). Esta realidad, combinada con la reventa de citaciones, provoca que puedan pasar más de cinco meses hasta que consiguen una por la vía convencional.

La escasez de citas de extranjería ha dado lugar a un mercado paralelo cada vez más lucrativo. Por ejemplo, una de las consultoras que se dedica a este negocio y se anuncia como “expertos en extranjería” asegura que cobran hasta 120€ por este trámite, ofreciendo día y hora en menos de dos semanas, aprovechando la desesperación de la gente que necesita una cita urgente. Debido al colapso en el sistema de citas, esta cifra puede alcanzar los 180€, tal y como relataba una afectada a El Confidencial. Quienes se lucran con este sistema ilícito lo hacen a través de páginas de reventa como milanuncios.com o Wallapop, y se ofrecen en locutorios por toda la capital y las grandes ciudades, cobrando dinero por un servicio público que debería ser gratuito.

Los migrantes se organizan 

Contar con la nacionalidad española permite encontrar cita de manera mucho más rápida, con una espera máxima de un mes. Sin embargo, las personas extranjeras que residen en España, que tiene NIE en vez de DNI, no reciben el mismo trato ni pueden realizar sus trámites con facilidad lo que las sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad.

Las personas afectadas por este colapso, en su mayoría gente que necesita presentar su solicitud de arraigo, se manifestaron el pasado 4 de octubre ante las oficinas de extranjería de sus ciudades en colaboración con colectivos como la Asociación Apoyo que, bajo el lema #SinCitasNoHayDerechos, denuncia que la dificultad de acceso a los trámites de regularización levanta una nueva frontera invisible para los vecinos y vecinas. Los afectados se han organizado con ellos para que el Gobierno actúe respecto a la demanda de los ciudadanos, que ven vulnerados sus derechos básicos, como terminar estos trámites de vital importancia para temas tan simples y necesarios como circular por la ciudad, escolarizar a los menores o acceder a un empleo, por ejemplo.