Por Sabela González y Julio Díez

"Conozco gente a la que no le han mirado ni la documentación, y a otras cuyas entrevistas no han durado ni 20 minutos". Así describe la parte esencial del proceso de solicitud de asilo, una de las 350 personas que vive en la Jungla de Calais, el mayor asentamiento irregular de migrantes que existe en terreno francés. La nueva Comisión Europea arranca en unos días con el reto de implementar una Política Común de Asilo y reformar el Reglamento de Dublín. Mientras, la realidad en Francia es que más de 450 personas, que padecen a diario las consecuencias de esta falta de armonización, esperan cruzar al Reino Unido para pedir una segunda oportunidad. "Hay gente aquí con papeles franceses e italianos, y los eritreos tienen los alemanes. Si les gustas te dan diez años [de residencia], si no, te rechazan" valora otro de ellos. Sin embargo, ante la dificultad de acceder a Inglaterra por la vía legal, las muertes en la ruta del Canal de Mancha, ascienden a más de 40 en lo que va de 2019, según las estimaciones de la Organización Internacional para Migraciones (OIM).

Desde que en septiembre el gobierno francés iniciara una oleada de desmantelamientos en Calais, Dunquerque y París, más de 2.900 personas han sido evacuadas. "Será lo mismo de siempre", comenta el jefe de Gabinete de Damien Careme, exalcalde de la localidad de Grande-Synthe en Dunquerque, ahora diputado en el Parlamento Europeo por Los Verdes: "Hubo muchas evacuaciones entre 2017-2019 y aun así sigue habiendo una presencia grande de refugiados que viven en la ciudad". A día de hoy, hombres, mujeres y niñas, bebés y menores no acompañados están de vuelta en los fríos bosques del norte de Francia, esperando su oportunidad para pisar suelo británico. "Dunquerque nunca está vacío más de 12 horas" apunta Andy Brown, voluntario de Care4Calais, ONG británica que trabaja sobre el terreno.

Sin embargo, las visitas policiales francesas a estos asentamientos se han incrementado desde septiembre, sucediéndose diariamente. Como asegura la ONG Human Rights Observers tras el último gran desalojo del pasado martes 19, las tiendas de campaña y los toldos, que estas personas usan para protegerse de las frecuentes lluvias de la zona, son requisadas junto a las pertenencias personales y los medicamentos que son igualmente confiscados durante esta práctica policial.

Reino Unido financia, Francia ejecuta

Francia y Reino Unido mantienen una prolongada historia de colaboración transfronteriza en materia migratoria porque estos últimos no participan del fondo europeo que financia la gestión integrada de las fronteras exteriores y la cooperación policial. Desde que Mitterrand y Thatcher firmaron el Tratado de Canterbury en 1986, este compromiso se ha renovado paulatinamente hasta 2014, año en que estalló la Crisis de Refugiados en Europa. A partir de entonces, ésta cooperación se ha estrechado súbitamente a través de la creación de un Fondo Conjunto para financiar medidas antiinmigración. Según fuentes oficiales, Reino Unido ha invertido al menos 70 millones de euros que se han empleado para costear operaciones conjuntas anglo-francesas en el Canal de Mancha y en la externalización del control fronterizo en territorio francés, a través de la construcción de infraestructuras y la implantación de sistemas de vigilancia.

Viraje de la política migratoria francesa

"Es cuestión de soberanía, queremos recuperar el control de nuestra política migratoria" afirmaba en rueda de prensa Edouard Philippe, Primer Ministro francés, tras presentar el pasado 7 de octubre el nuevo Plan sobre Migración en la Asamblea Nacional. Se refería al desmantelamiento de Calais y Dunquerque como un "esfuerzo sin precedentes para mejorar las condiciones de recepción de los migrantes". Alrededor de 1.300 personas fueron desalojadas de su emplazamiento en septiembre y 1.600 más a principios de noviembre tras la evacuación de los asentamientos de París. El gobierno francés anunciaba con este plan que estos desalojos -a principios de mes 50 familias establecidas en el gimnasio de la localidad de Grande-Synthe fueron repartidas en distintos centros de acogida del norte del país- vendrán acompañados de un endurecimiento de las medidas para los migrantes sin permisos de residencia. No recibirán ayuda médica si la necesitan y habrá una cuota para empleados de fuera de la UE.

La silueta de las elecciones presidenciales de 2022 ha aparecido en el horizonte francés, y la presencia de Marine Le Pen como líder de la oposición empieza a condicionar las decisiones en el Palacio del Elíseo.

Futuro incierto

La nueva dirección que ha tomado la política migratoria francesa, reduciendo vías legales y endureciendo las condiciones para los migrantes, deja Reino Unido como única vía de escape. Las redadas policiales diarias y la vigilancia constante a la que los migrantes están sometidos, choca diametralmente con los servicios de duchas y comidas que éstos reciben por parte de un Estado francés que acumula en su haber dos condenas del Consejo de Estado por permitir "condiciones inhumanas y degradantes" en los asentamientos irregulares.

"Calais me está atrapando y tengo que irme" dice uno de los migrantes mirando a su alrededor. Los bosques están cada vez menos equipados y las tiendas, cada vez más se establecen en zonas visibles, cerca de las carreteras donde cada noche buscan camiones y coches en los que colarse para llegar a Reino Unido.

No obstante, llegar a suelo británico no es fácil y, como se ha visibilizado con la noticia del camión frigorífico de Essex y la muerte de 39 personas, han incrementado el número de muertes en el Canal de la Mancha. Como aseguran desde Care4Calais, "sin vías legales para solicitar asilo, traficantes y contrabandistas seguirán explotando a estas personas en situaciones vulnerables y muertes evitables seguirán ocurriendo".

Son todavía muchos los que a diario arriesgan su vida en esta travesía, 42 los que ya la perdieron en 2019 y más de 400 los que siguen viviendo en tiendas de campaña en las junglas del  Norte de Francia.