Pedro Vera (@PedroVeB)

• La discriminación que sufren los temporeros migrantes de la aceituna dificulta la integración de una comunidad que carece de la consideración de ciudadanos de pleno derecho

Son las 7.15 de la mañana de una húmeda y fría mañana de diciembre. Un vetusto Land Rover Santana se acerca a un grupo de migrantes, que aguardan a la intemperie la oportunidad de encontrar un "tajo". El conductor baja la ventanilla. "Necesito cuatro", dice mientras señala el mismo número con los dedos. Los chicos hablan entre ellos durante un momento, y cuatro de ellos suben al coche sin hacer más preguntas.

Son dos ejemplos de lo que lleva ocurriendo durante años en cada campaña de recogida de la aceituna, el único sostén económico de una de las provincias más empobrecidas de España, cuyo PIB per cápita sólo supera al de Badajoz y Cádiz. En una campaña como esta, en la que la escasez de lluvias ha hecho mella en los cultivos, la competición por unos jornales se vuelve realmente voraz. La mayoría de explotaciones tratan de ser rigurosas con el cumplimiento de la ley, pero es en los núcleos poblacionales más remotos donde los límites de ésta se difuminan. Los sindicatos llevan tiempo alzando la voz ante la necesidad de reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo en una provincia en la que sólo durante 2019 se han producido nueve accidentes laborales con resultado mortal. Esta necesidad de medios se hace aún más evidente durante los meses de recogida de la aceituna, donde, en la práctica, se hace imposible controlar en ingente volumen de tajos.

Pero los problemas de los migrantes en Jaén no se reducen sólo a lo laboral. Encontrar no ya una vivienda sino un techo bajo el que pasar los duros días del invierno se convierte casi en una entelequia. La red de albergues que gestionan las diferentes administraciones públicas sólo cuenta con 656 plazas distribuidas en 17 centros, la mayoría de los cuales establece un máximo de días de hospedaje (normalmente entre tres y cinco), por lo que muchos trabajadores extranjeros prefieren dormir en cajeros o estaciones y así tener un sitio "asegurado". Alquilar una vivienda es tarea casi imposible, puesto que son muchos los impedimentos, sociales y legales que encuentran, por lo que acaban alojándose en cocheras o infraviviendas. Esta situación origina episodios trágicos, como cuando a finales de 2016 tres temporeros murieron víctimas de las llamas mientras dormían en una cochera de Rus.

Y si estas circunstancias se reproducen temporada tras temporada, este año irrumpe con fuerza el movimiento antiinmigración abanderado por Vox, la construcción de todo un discurso de odio hacia el diferente que tiene una traslación a la realidad más cercana. Las soflamas del partido dirigido por Santiago Abascal están dando soporte político e intelectual a las prácticas anteriormente descritas, y que gozaban cada vez de mayor rechazo social. No hay más que bucear en las redes para encontrar multitud de comentarios, hilos y publicaciones en los que se difunden bulos sobre teóricos crímenes cometidos siempre por foráneos, y en los que se destaca el origen del presunto autor. La inclusión de Vox como socio preferente del Gobierno andaluz no hace más que reforzar esta posición de fuerza, agravada por el señalamiento permanente hacia colectivos especialmente vulnerables, como el de menores no acompañados, a los que Benito Morillo, parlamentario andaluz de la formación ultraderechista por la provincia de Jaén no ha dudado en tachar de "ilegales", relacionándolos con situaciones de delincuencia e inseguridad.

Esta triple discriminación, la laboral, la habitacional y la político-social, configuran el caldo de cultivo perfecto para el conflicto y ponen tremendamente difícil la integración de una comunidad que lleva años viviendo con y entre nosotros, pero que carece de la consideración de ciudadanos de pleno derecho. Es obligación de cualquier demócrata tratar de revertir esta corriente involucionista que ataca a la misma raíz de nuestra convivencia, el respeto a la diferencia, pero también lo es exigir a los poderes públicos medios personales y materiales para que la llamada "España vaciada" no se convierta en un territorio sin Ley.