Macarena de Cabo (@MacadeCabo) y Sara Ortega (@Sarortegap) / porCausa.org

• El fuego devoró el pasado 14 de abril 67 chabolas del asentamiento junto al Polígono San Jorge en Palos de la Frontera, Huelva, donde otro incendio en diciembre provocó la muerte de un chico marroquí de 23 años
• Los asentamientos no disponen de sistema de recogida de basuras, lo que supone un foco de rápida combustión, ni sistema de electricidad o acceso a agua potable
• ONGs y asociaciones de trabajadores y vecinos piden que se ponga fin a la precariedad de los temporeros

En plena cuarentena por el COVID-19, las autoridades dan la espalda a un centenar de temporeros extranjeros que perdieron su hogar el pasado 14 de abril debido a un incendio en el asentamiento de chabolas donde viven, en Palos de la Frontera (Huelva). Mientras la Guardia Civil investiga el origen del fuego, diversas organizaciones de la zona exigen soluciones habitacionales para los migrantes damnificados.

Por un lado, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera no ofrece ningún tipo de solución a los afectados. En respuesta a porCausa, el consistorio palense señala que "se les está realojando en casas de vecinos", en alusión a los migrantes que alojan a los afectados en sus chabolas. Al mismo tiempo, la Guardia Civil explica que no ha habido que lamentar daños personales y afirma que ha abierto una investigación por determinar la autoría del incendio, pero no indica ninguna acción para asistir a los damnificados. Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno asegura que están "en contacto permanente con las ONGs", aunque tampoco señala ningún tipo de medida concreta para garantizar la seguridad sanitaria y necesidades básicas del centenar de afectados.

En contraposición al abandono institucional al que se ven avocados los temporeros que perdieron sus chabolas, varias asociaciones, entre ellas la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) y Cáritas, están ofreciéndoles alimentación, mantas y productos de primera necesidad, como agua potable. Ambas organizaciones sin ánimo de lucro critican la pasividad de las autoridades ante esta situación extrema. El Colectivo de Trabajadores Africanos también aporta alimentos para suplir las dificultades de los habitantes de estos asentamientos para desplazarse en un vehículo propio al supermercado.

"No ha habido ninguna reubicación, la reubicación ha sido en otras chabolas, y eso se llama estrategia de supervivencia por parte de los residentes en el asentamiento", asegura Ana María Mateos Gómez, presidenta de Asnuci, organización sin ánimo de lucro y compuesta por personas procedentes de África.

A las dos de la madrugada del pasado 14 de abril, el fuego devoró 67 chabolas situadas junto al Polígono San Jorge en Palos de la Frontera donde se alojan migrantes que trabajan como temporeros en el campo onubense. Para sofocar el desastre provocado por las llamas, cuatro camiones de bomberos acudieron y, en torno a las 5:37 horas de la mañana, el fuego ya estaba apagado, según la información suministrada por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

El incendio de estas precarias construcciones es recurrente: sin ir más lejos, el pasado 14 de diciembre en este mismo asentamiento, el fuego provocó la muerte de un chico marroquí de 23 años que no pudo huir de las llamas porque se quedó dormido y se asfixió.

La fragilidad en la que viven los trabajadores del campo en Huelva, documentada en diversas ocasiones por Público.es, se encuentra ahora al límite. En una situación de emergencia sanitaria como la que se vive en todo el mundo por la COVID-19, existe un elevado riesgo ante la amenaza del virus en esta población porque "viven en semiesclavitud", según Pepa Suárez, miembro de la Asociación multicultural de Mazagón. Los temporeros extranjeros que viven en asentamientos no disponen de sistema de recogida de basuras, lo que supone un foco de rápida combustión en el momento en que se produce un incendio. Tampoco cuentan con un sistema de electricidad ni acceso a agua potable. En este sentido, el Consejo de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente una ayuda extraordinaria de 1,1 millones de euros para cubrir estas necesidades en 30 poblados onubenses. 

"Yo ahora estoy con un chico en su chabola, ya no hay fuego, nosotros ahora vamos a sentarnos un poco para tranquilizamos, y luego pensar dónde dormir", explica una mujer marroquí con dificultades para expresarse en castellano y afectada por el incendio, a través de un audio de WhastApp proporcionado por Asnuci. 

Asnuci ayuda al empadronamiento en chabolas, aunque no hay voluntad de llevar esto a cabo por parte de las administraciones. La ley les ampara y con esfuerzo están consiguiendo que el Ayuntamiento empadrone a los temporeros que viven en los asentamientos mediante justificación de documentos varios y fotografías con drones.

Muchas de estas organizaciones han firmado un escrito dirigido al Ayuntamiento de Palos de la Frontera para exigir medidas urgentes, como la instalación de letrinas y tomas de agua permanentes, así como la apertura de instalaciones deportivas y centros educativos que ahora están cerrados. También, la posibilidad de reabrir alguno de los numerosos camping turísticos de la zona, que sólo se usan en verano.

"Las principales cuestiones que deben abordarse son: la preocupación que existe del hábitat y la regularización administrativa. Al arder las chabolas, los afectados lo han perdido todo. Los que se encuentran en situación irregular y llevan años para recabar pruebas y por fin tener un permiso de residencia lo tienen muy complicado", señala Alba Rudolph, trabajadora social de Asnuci. A principios del mes de marzo la Asociación multicultural de Mazagón firmó un documento dirigido a los Ayuntamientos de Moguer y Palos de la Frontera para que se garantice la protección sanitaria de los 5.000 trabajadores inmigrantes del sector frutos rojos, ubicados principalmente en Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena. 

Además, más de 200 organizaciones defensoras de los derechos de estas personas iniciaron el 13 de abril una campaña en redes sociales  para pedir la "regularización permanente y sin condiciones" de todos los extranjeros que viven en España, ante la situación del COVID-19. A través de una carta dirigida al Ejecutivo y al Defensor del Pueblo, matizan la necesidad de parar al virus toda la población unida, incluida la población inmigrante, que se encuentra en un "limbo vital y administrativo".

La crisis del coronavirus pone en evidencia las carencias y fallos del sistema migratorio actual, reflejados en la falta de asistencia administrativa de las personas migrantes. Por un lado, el gobierno ultima planes y medidas excepcionales para la contratación de trabajadores migrantes con perfil sanitario y trabajadores agrícolas para suplir la falta de mano de obra en hospitales y en el campo. Por otro, y a diferencia de países como Portugal, el Ejecutivo español sigue negándose a aceptar la regulación de los migrantes en situación irregular, un problema que mantiene en la clandestinidad a miles de personas que quieren unirse a la lucha contra la COVID-19 y necesitan apoyo para conseguirlo.