Visibles ante la COVID-19, invisibles para las instituciones

"Ningún ser humano es ilegal" / Josh Levinger (CC BY-NC-SA 2.0)
"Ningún ser humano es ilegal" / Josh Levinger (CC BY-NC-SA 2.0)

Estanislao Pérez (@estanis1494)

  • La población migrante queda excluida de las cifras oficiales sobre casos de coronavirus, los ingresos en UCI y los planes de renta mínima que prevé el Gobierno
  • Desde el inicio de esta crisis, la OMS ha apelado a la universalización de la sanidad como principal medida de prevención. Países como Portugal han optado por la regularización de migrantes
  • Hay sectores donde la presencia de los migrantes es especialmente elevada, como el de los riders o temporeros. Muchos no pueden atravesar una cuarentena sin ingresos

El Gobierno y los medios de comunicación han repetido en multitud de ocasiones que la COVID-19 es transversal a toda la población, que no hace distinciones entre sexo, clase social, nacionalidad, etc. Durante estos dos últimos meses hemos comprobado su transversalidad, pero, ¿hace distinciones la respuesta hacia el virus? 

La población migrante sigue siendo invisible en las cifras oficiales sobre casos diagnosticados por coronavirus e ingresos en UCI. También queda excluida de los planes de renta mínima que prevé el gobierno y del estudio de seroprevalencia iniciado por el Ministerio de Sanidad. Este problema se agrava en el caso de los migrantes en situación irregular, a pesar de que su situación de vulnerabilidad.

Esta pandemia no afecta en base a registros administrativos, por lo que su respuesta tampoco debe hacerlo. Desde el inicio de esta crisis, la Organización Mundial de la Salud ha apelado a la universalización de los recursos como principal medida de prevención. Diversos estudios afirman que dejar a un lado a la población más vulnerable es contraproducente si el objetivo es frenar el avance del virus. En estos tiempos de pandemia sigue siendo un error considerar a una persona como ilegal y más cuando nos encontramos en ese ejercicio de clasificación de la población entre asintomáticos, personas con anticuerpos, nuevos casos, etc.

Esta clasificación de la ciudadanía no deja de ser parcial por diferentes motivos. Se calcula que hay más de 800.000 migrantes indocumentados en España. Según Interior, en 2019 llegaron a España 32.513 personas por las vías calificadas como irregulares, migrantes invisibles para las estadísticas y para los planes del gobierno. Esto hace que problemas del día a día en confinamiento, como la falta de recursos tecnológicos, sean más habituales y complejos en las familias migrantes. A esta dificultad se suman otras, empezando por la brecha lingüística, y siguiendo por la clandestinidad en que se ven atrapados aquellos que no tienen papeles. Esta situación hace que muchos sientan miedo incluso de ir al supermercado o a denunciar un abuso laboral.

Los colectivos migrantes más vulnerables se escapan a las medidas sanitarias, económicas y sociales propuestas por el gobierno / Estanislao Pérez

Pese a la falta de visibilidad de este sector, los migrantes no han dejado de trabajar, pues muchos de ellos no pueden atravesar una cuarentena sin ingresos. Hay sectores donde la presencia de los migrantes es especialmente elevada, como el de los riders. Por ejemplo, los migrantes representan el 80% de los temporeros que recogen la cosecha cada año. Además, la falta de papeles empuja a muchos a labores informales al margen de la ley, como la prostitución o la venta ambulante.

Las instituciones han agilizado trámites y flexibilizado la contratación de migrantes debido a que el coronavirus ha obligado a cerrar las fronteras, impidiendo la tradicional llegada de miles de migrantes temporales para labores en el campo. Sin embargo, y a diferencia de Portugal y otros países, el gobierno de España sigue sin aprobar la regularización de quienes no tienen papeles, ofreciendo a estos a una limitada atención sanitaria y no contando con este colectivo en la dotación de una renta mínima.

El acceso a esta renta está limitado ya que se requiere, en la mayoría de los casos, el empadronamiento, la titularidad de una cuenta bancaria o documentación procedente del país de origen. Únicamente Baleares y Canarias han incluido en esta emergencia social a migrantes sin papeles a través del pago de la renta mínima vía ONGs o de tarjetas débito prepago. Los llamados expertos insisten en radiografiar la expansión del virus para así adelantarse a él, pero esta radiografía no puede ser realista si excluye o deja en segundo plano a este sector de la población. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en colaboración con el Ministerio de Sanidad, ha comenzado a realizar la encuesta de seroprevalencia que tiene como objetivo conocer los datos sobre población inmune, así como poder aislar los casos que resulten positivo. Esta encuesta se realiza en base a datos del Instituto Nacional de Estadística e incluye a 36.000 familias de diferente edad, sexo o provincia. Este estudio excluye a colectivos vulnerables que se vuelven, una vez más, invisibles a ojos del Estado. Raquel Yotti, directora del ISCIII, afirmó en rueda de prensa que "se podrá hacer una estimación del porcentaje de población española que se ha visto afectada por el virus".

La plataforma global e independiente openDemocracy defiende un recuento justo e inclusivo que se acerque a estos colectivos a través de asociaciones, ONGs o sindicatos que les visibilicen. En definitiva, incorporar a la población migrante más vulnerable bajo las mismas leyes, incluida la de protección de datos. En países como Portugal, uno de los territorios menos afectados por la pandemia a nivel europeo, han sabido leer la situación y aplicar estas medidas, regularizando a aquellos migrantes que se encontraban en procesos pendientes de resolución.

La dotación de recursos y derechos a estas personas es fundamental para el beneficio de todos y para poder hacer frente al virus. Ya que la COVID-19 no hace distinciones, la forma de combatirlo tampoco debería hacerlas. Si la exclusión es el problema, la inclusión puede resultar la solución.