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El gobierno de Italia regularizará a aproximadamente 600.000 personas migrantes que se encuentran en el país en situación irregular, según informa The Times. Según las autoridades italianas, la decisión se justifica en el papel esencial que están desempeñando los migrantes durante la crisis provocada por el COVID-19, especialmente en labores agrícolas y el cuidado de personas mayores. "La comida sobre nuestras mesas procede de esos campos; ahora debemos reconocer los derechos que le han sido negados a quienes trabajan en ellos", señaló el ministro para el Sur, Peppe Provenzano.

Las personas beneficiadas por esta medida tendrán en vigor sus nuevos documentos durante seis meses y podrán renovarlos cuando concluya ese periodo. A su vez, los migrantes que obtengan papeles en el marco de esta regularización no tendrán reconocido el derecho a voto.

La regularización quedará plasmada en un decreto gubernamental, por lo que su entrada en vigor será inmediata tras su publicación en el boletín oficial italiano. No obstante, su continuidad dependerá de la votación del Parlamento, que tendrá lugar en un máximo de 60 días tras hacerse efectiva.

Italia es el tercer países más afectado por la pandemia, con más de 221.000 casos confirmados de COVID-19. En las últimas semanas, la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, y otros miembros del Ejecutivo italiano señalaron que estaban estudiando una amplia regularización por razones sanitarias, humanitarias y económicas. En medio de los rumores y las primeras críticas contra la regularización, el Papa Francisco se posicionó abiertamente a favor de esta medida, criticó la "dura explotación" de personas migrantes en el sector agrícola y aseguró que la crisis del coronavirus podría ser "la oportunidad para hacer que la dignidad de las personas y el trabajo estén el centro de nuestras preocupaciones". Con esta decisión, Italia se suma a la senda abierta por Portugal, que en los primeros días de la pandemia lanzó un plan para dar papeles a los migrantes indocumentados.

De momento el Gobierno español no ha dado pasos a favor de la regularización de las personas indocumentadas. No obstante, desde que se decretó el estado de alarma, sí ha aprobado varias medidas extraordinarias en materia migratoria, como la homologación express de títulos a extranjeros con perfil sanitario, o la flexibilización de normas para contratar a temporeros extranjeros que puedan suplir la falta de recursos humanos en el sector agrícola. A mediados de abril, más de un centenar de organizaciones y colectivos migrantes pidieron una regularización "urgente, amplia y extraordinaria" a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al vicepresidente Pablo Iglesias, y a los titulares de los ministerios de Interior, Igualdad, Trabajo y Economía Social, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Organizaciones como CEAR estiman que en España viven unas 600.000 personas sin papeles.

*Actualizado el 7 de mayo a las 20:37.