Tendencias políticas migratorias primavera-verano, edición COVID-19

Ilustración: Shalini Arias
Ilustración: Shalini Arias

Shalini Arias (@ShaliiAriaas) y Hodei Ontoria (@hodei_ontoria99)

  • Portugal ha optado por la regularización, en España muchos migrantes quedan fuera de las medidas impulsadas por el Gobierno... ¿Qué se está haciendo en los diferentes países en materia migratoria?
  • Seguir viendo a las personas migrantes como un sector apartado de nuestra sociedad, y no como parte de ella, solo nos entorpece

Actualmente, el 91% de la población global vive en países con restricciones de movilidad humana y, aproximadamente, el 39% de la humanidad reside en países que han cerrado completamente sus fronteras debido a la pandemia que nos asola. A pesar de que haya voces como la de Bolsonaro, presidente de Brasil, que sigue negando la gravedad de la enfermedad, tanto la Unión Europea, como países de todo el globo han adoptado el cierre de fronteras total o de manera parcial como herramienta para protegerse y contrarrestar los efectos del COVID-19. Estas medidas han causado estragos sociales y económicos en las sociedades, incrementando las desigualdades y cebándose con colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad estructural. En este contexto propio de películas de ficción, con la movilidad humana ocupando un papel clave durante la pandemia, surge una pregunta: ¿qué están haciendo los diferentes países con la población migrante?

Estados Unidos 

La respuesta de Donald Trump ante la pandemia se hizo esperar permitiendo que se propagaran los contagios por todos los estados y regiones. Entre los distintos sectores de la sociedad el virus atacó a los migrantes que eran expulsados rumbo a países centroamericanos. En Guatemala se sospechó durante semanas que el virus de la COVID-19 entró a bordo de los vuelos con deportados desde Estados Unidos, hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que las personas expulsadas de Estados Unidos no son sometidas a ninguna prueba para detectar el virus, y que solo se les toma la temperatura. Con estas acciones, el país pierde su fuerza como potencia hegemónica en el continente americano. Hasta ahora Estados Unidos ha cumplido una función paternalista con los países americanos al sur de sus fronteras, y ahora les da la espalda y agrava aún más el problema de la pandemia proliferando su propagación por todo el continente.

Reino Unido 

La crisis producida por la COVID-19 ha conseguido algo que ningún gobierno ha logrado en la última década: reducir el número de migrantes laborales. Las políticas migratorias diseñadas en Downing Street están destinadas a seleccionar a personas migrantes "brillantes" y pretenden disuadir a aquellos que tienen perfiles de "baja cualificación". La promesa de "recuperar el control" de las fronteras durante la campaña del Brexit tuvo gran éxito, pero no se ajusta a la realidad del Reino Unido. La COVID-19 ha puesto de manifiesto un hecho incómodo para el gobierno, pero real: las personas migrantes son un pilar económico y social; por ejemplo, el 28,4% de los doctores son de origen no británico. Los agricultores están viendo cómo sus cosechas se irán a pique sin el trabajo estacional que proporcionan los temporeros, y los intentos del gobierno para atraer a migrantes están fallando, tal es así que lanzaron 50.000 solicitudes para contratar temporeros británicos y sólo han conseguido contratar aproximadamente a unas 120 personas.

Diversas voces, desde colectivos sociales y sindicatos hasta individuos, como la actriz Emma Thompson, ponen de manifiesto la necesidad de proteger a estos colectivos. Las personas migrantes han mantenido operativos sectores como el del transporte público o de atención social y de la sanidad pública británica (NHS). Aún así, los migrantes se encuentran en un ambiente hostil: la ley obliga a los propietarios a verificar el estado migratorio de los inquilinos, lo cual conduce a prácticas racistas y discriminatorias, como ya confirmó el Tribunal Supremo. 

Italia

En Italia, los datos oficiales señalan que hay cerca de 610.000 personas en situación irregular, de las cuales 200.000 serán regularizadas temporalmente por un año prorrogable para trabajar de jornaleros. Coldiretti, la mayor asociación de agricultores italiana, señala que ha recibido más de 3.000 solicitudes para encontrar trabajo en el sector agrícola, siendo los candidatos licenciados, ingenieros, etc. La regulación de personas migrantes no se ha producido solo por motivos económicos, sino que también tiene por objetivo frenar la pandemia y proporcionar asistencia a todas las personas que se encuentran dentro del territorio. Como apuntan desde el Ministerio de Agricultura italiano, "si ya no eres invisible o un fantasma, sabré quién eres y dónde estás, por lo que podré garantizarte una asistencia sanitaria". 

Portugal

El Gobierno portugués decidió tramitar todas las solicitudes de asilo anteriores a la crisis del COVID-19. Según defendió el Gobierno luso, es "importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los inmigrantes". Sin embargo, de la medida quedan fuera todos los migrantes con imposibilidad de ser regularizados, ciudadanos que participan de manera activa en la sociedad lusa que se quedan indefensos ante la mayor pandemia a la que se ha tenido que enfrentar Portugal. Mientras tanto los medios se hacen eco de la medida señalando a Portugal como un ejemplo cuando, a pesar de ser un avance, sigue dejando a un sector de su sociedad indefenso ante el virus.

España

Parecía que el Gobierno español iba a seguir los pasos de los vecinos portugueses; sin embargo, estos nunca han llegado a materializarse en hechos. Varias ONGs se han unido pidiendo a Moncloa la regularización de aproximadamente 800.000 personas migrantes que se encuentran en situación irregular y, por tanto, fuera de cualquier tipo de ayuda para paliar el golpe del COVID-19 en sus vidas. La principal petición al Gobierno por parte de las organizaciones es el acceso a la renta mínima para todos los migrantes, independientemente de su situación administrativa, una petición que José Luís Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "no contempla" introducir. España se encuentra encallada en una paradoja que no parece tener salida: los hospitales contratan médicos extranjeros, pero aquellos que todavía se se encuentran en situación irregular no pueden acudir al médico, salvo que sea una urgencia, aunque el Gobierno ha levantado la exclusión sanitaria mientras dure la crisis.

En España se da una paradoja: los hospitales contratan médicos extranjeros pero los migrantes en situación irregular no pueden acudir al médico

Singapur

La ciudad estado se convertía en ejemplo de superación contra el coronavirus, realizando tests para detectar el virus con una eficacia superior a la de cualquier otro país; sin embargo, algo ha fallado: el gobierno de Singapur realizaba multitud de pruebas a ciudadanos regulados, pero olvidaba de las miles de personas que viven en situación irregular. El contagio se propagó en los dormitorios construidos por el gobierno en los que viven más de 200.000 migrantes llegados de China y el sur de Asia. La mayoría vive en dormitorios hacinados que llegan a albergar hasta 20 personas, condiciones ideales para que la carga vírica aumente y los casos de infectados se acrecenten exponencialmente. Este nuevo repunte podría haberse evitado si el gobierno singapurense hubiera tenido en cuenta a las personas que se encuentran en situación irregular, y hubiese tomado las medidas pertinentes para protegerlas del virus igual que al resto de la población.

Aún así, las condiciones de hacinamiento de personas migrantes en situación irregular no son exclusivas de Singapur: según Eurostat, en España en 2018 la tasas de hacinamiento de los migrantes de fuera de la Unión Europea en España era del 20,4%, mientras que la tasa de los ciudadanos europeos y nacidos en España residentes en el país no llegaba al 5%. Ahora el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha iniciado la desescalada del confinamiento sin proteger a los colectivos en situación de vulnerabilidad estructural, y que se quedan fuera de las medidas impulsadas por su gobierno.

En conclusión, el virus, un patógeno microscópico, ha conseguido poner de relieve cuestiones hasta ahora sepultadas bajo el discurso xenófobo. La pandemia nos ha mostrado que el debate estaba orientado en la dirección equivocada: seguir viendo a las personas migrantes como un sector apartado de nuestra sociedad, y no como parte de ella, solo nos entorpece como especie. Forman parte de un territorio que, en el mejor de los casos, es ambivalente en cuanto a su derecho a vivir en él. Recordemos que serán las medidas políticas repetidas a lo largo del planeta las que marquen la diferencia en cómo afecta el virus. Por ello, sabemos que no será fácil gestionar la situación de las miles de personas que se encuentran en calidad de irregulares, pero la oportunidad está ahí si nuestros políticos tienen la honestidad y la inteligencia de tomarla.