Mar Joaniquet

• La Caracola en Barcelona está gestionada por asociaciones migrantes como el Sindicato de Manteros que ayudaron voluntariamente durante la pandemia
• Ofrecen servicios de atención médica, asesoría psicológica y jurídica e idean proyectos de autogestión, pero se enfrentan al desalojo
• Miembros del Sindicato de Manteros realizan tareas de inclusión social dando clases de costura: una formación para salir de la venta ambulante

La vida continúa en la nave de la Caracola del barrio del Raval barcelonés, sin saber hasta cuándo. Ubicada en el casco antiguo de la ciudad, conviven hoy en día lugareños y personas venidas de múltiples países y culturas. El edificio estuvo vacío tras desalojar a narcotraficantes y delincuentes. Posteriormente, varias asociaciones se instalaron para gestionarlo de manera colectiva y realizar acciones sociales, donde hoy día conviven armónicamente aunque procedan de diferentes culturas: el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, el Espacio del Inmigrante y el Sindicato de Vivienda del Raval. A pesar de escoger trabajos de tipo formativos, de asesoramiento y laborales y que benefician a la sociedad, se vieron amenazados el primero de octubre por la notificación del juzgado sobre su desalojo. El vídeo del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes (Sindicato de Manteros a partir de ahora), las ruedas de prensa y diversas actividades se pusieron en marcha para encontrar apoyo.

Al octavo día hubo un intento de desalojo en la nave de la Caracola: mientras más de un centenar de individuos acudieron a apoyar a las personas del edificio, llegó la comitiva judicial para ejecutarlo. El Ayuntamiento de Barcelona declaró que se llegó a un acuerdo de última hora con los propietarios –la entidad financiera ImmoCaixa- y que se prevé encontrar alternativas conjuntas en un plazo máximo de 45 días.

Proyectos benéficos para la sociedad española frente a la privación de derechos 

Estos colectivos de personas migrantes son formales en el sentido de sus objetivos y de su organización, realizando actividades constructivas y proactivas, mientras que se consideran informales por su situación administrativa irregular, los llamados "sin papeles". Quedan excluidos de cualquier tipo de ayuda estatal, incluso de la renta mínima. Y se suma la amenaza de quedarse sin vivienda y sin poder realizar su labor, a pesar de haber sido útiles para nuestra sociedad.

El Sindicato de Manteros, con la llegada del COVID-19, transformó una de las naves de la Caracola en un taller de confección de mascarillas para servir a la ciudadanía catalana y española. Se sumó pues al local de la tienda Top Manta, que en la pandemia sustituyó la venta de artículos de su propia marca diseñados y confeccionados por ellos mismos, por máquinas de coser. Mientras la mayoría de la población estaba confinada en sus casas, más de 45 manteros sin papeles cosían voluntariamente y donaban más de 14.000 piezas sanitarias entre batas, gorros y mascarillas, tanto para hospitales como para residencias y colectivos vulnerables. "Si esto lo hubieran hecho personas blancas, los políticos y gobiernos se lo habrían agradecido por ponerse en riesgo y servir a este país. Pero eso no nos pasó, porque somos negros. La manera de agradecérnoslo es desalojarnos", denuncia Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros.

Aziz Faye, también portavoz del Sindicato de Manteros, realiza tareas voluntarias de inclusión social dando clases de costura en la Caracola a 24 manteras y manteros: una formación esperanzadora para salir de la venta ambulante. Mientras los jóvenes aprendían un oficio, sus clases se suspendieron tras la amenaza del desalojo, y sin derechos, siguen esperando con preocupación la difícil regularización de su situación. Son las mismas personas que entregaron su energía y tiempo a la ciudadanía española en los peores meses de la crisis sanitaria.

Durante la pandemia, el Sindicato de Manteros transformó una de las naves en un taller de confección de mascarillas. Más de 45 personas sin papeles cosieron voluntariamente: "La manera de agradecernos es desalojarnos"

En la puerta contigua se ubica el Espacio del Inmigrante, asociación que trabaja por los derechos humanos de las personas inmigrantes que son olvidadas por el sistema. Ofrecen servicios gratuitos de atención médica, asesoría psicológica y jurídica. Idean proyectos de autogestión, ejemplificado en la Asociación de Cuidadoras Sin Papeles. Se suma el proyecto de la escuela antirracista: "Es una forma de empoderarlos al tomar el rol de profesor y de ser escuchados", comenta Adrián Ponce, representante del Espacio del Inmigrante.

Viviendas "de protección no oficial"

En las cuatro naves de la Caracola viven alrededor de 17 personas en situación irregular. Y a pesar de que la vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y que incumbe a todos los Estados.

En el Espacio del Inmigrante viven cinco mujeres mayores de diferentes nacionalidades con escasos o nulos recursos y con alguna enfermedad, un colectivo invisible a la mayor parte de la sociedad. No tienen otro lugar para ir a vivir. Virginia Flores (nombre ficticio para preservar su identidad) originaria de Santo Domingo, se lamenta y le emerge la inseguridad: "No hay derecho que a nosotras nos saquen y que los narcos vuelvan. Y no sabemos dónde vamos a ir a vivir".

Encima del Taller de Top Manta, vive Mansur Djité junto con siete compañeros más de diversos países de África. Él es uno de los encargados de la tienda Top Manta. También cocina para todos, para los estudiantes de costura e incluso para personas vulnerables del barrio como filipinos y españoles. En la tradición senegalesa, compartir ocupa una posición muy alta del esquema de valores socioculturales. Sin embargo, lleva 12 años aquí y aún no está regularizado debido a las trabas que supone la Ley de Extranjería, según explica. "Muchos inmigrantes han muerto en España: en las vallas, en las fronteras... No merecemos esto. Los derechos humanos no sirven para los africanos, existen solo para los europeos. Nosotros no somos pobres, pero están robando nuestra riqueza en África. Si no nos quitaran nuestro trabajo y recursos, no vendríamos aquí", expone. Poco días más tarde de estas declaraciones de Djité nos llegan noticias de la tragedia en el océano Atlántico: más de 480 senegaleses murieron o desaparecieron en varios naufragios la última semana de octubre cuando intentaban llegar a las islas Canarias. Para ellos representaba la puerta de entrada a Europa, buscando un futuro mejor ante la desesperanza de la falta de trabajo, como para los pescadores provocado por la sobrepesca extranjera incluyendo buques españoles.

Jornadas de defensa y armonía vecinal

A partir de la fecha del posible desalojo, los colectivos sociales afectados organizaron desde charlas hasta talleres de danza y música. Sin embargo la respuesta fue la intervención de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), decomisando guitarras y multando. Mientras, dichos colectivos intentan negociar con el Ayuntamiento. Su propuesta es que dicha entidad compre el local y se la alquile a ellos.

La diputada de Esquerra Republicana de origen brasileño María Dantas, participó también en las jornadas de defensa de la Caracola. Declaró: "Este desalojo en este contexto y afectando a estas personas vulnerabilizadas por la Ley de Extranjería y la pobreza estructural es criminal. Porque sabemos que puede pararse, pero no hay voluntad política". Tras su intervención, el espacio se convirtió en una sala con danzas colombianas, donde el movimiento y la música mestiza amenizaban la tarde, junto a las máquinas de coser arrinconadas y paradas desde que se inició el posible desalojo.

Alberto Pérez, vecino del Raval, explica que la presencia del edificio de la Caracola es una aportación de humanidad al barrio, de calidad de vida porque da vida, apoya a vidas, salva vidas y sostiene también la economía, ya que allí hay trabajadores que contribuyen al progreso de la ciudad. Dan color, calor y alegría a la zona. "Apoyamos esta causa dentro de las luchas sociales que sean en favor de la vida y de una sola humanidad; contra el capitalismo salvaje sin rostro humano".

La Asociación de Vecinos del Raval comunica que este barrio al ubicarse en el centro de la ciudad es muy codiciado por los fondos de inversión, los cuales están desarmando la cohesión vecinal. Opinan que para el caso del mencionado local tendrían que intervenir los servicios sociales, los cuales están saturados. "Problemas no nos dan los que viven en la Caracola", destaca.

Fuentes del Ayuntamiento informan a mediados de noviembre que se están reuniendo semanalmente con ImmoCaixa y el Sindicato de Manteros, y manteniendo diálogo con las personas que viven en estos locales. Tienen tres posibles alternativas de locales. Las negociaciones abiertas interpelan directamente a ImmoCaixa, para que se responsabilice en dar una solución a las personas que viven allá y para que estos locales no queden vacíos y en desuso, como estuvieron durando mucho de tiempo y por cuya causa pudieron ser ocupados por grupos de delincuentes y de tráfico de drogas.

Aziz Faye, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, agradece a todas las personas que están apoyando en estos días difíciles para ellos. A pesar de estar aportando un beneficio al país donde residen actualmente, expresa que desde este sistema racista y desde las instituciones, se está excluyendo a las personas más vulnerables, las más desprotegida de esta ciudad. Aziz sostiene: "vamos a seguir avanzando con la esperanza de construir un mundo mejor; una sociedad digna donde quepamos todas, donde tengamos todas las mismas oportunidades".

Así pues, si los miembros de la Caracola no estuvieran aquí realizando actividades positivas -jugándose su salud en el estado de alarma para un bien común-, tendrían el peligro de estar marginados o de ser captados por la delincuencia. Los vecinos están contentos con ellos pues están rehaciendo el tejido social que se destruyó por el narcopiso e instaurando proyectos sociales. Mientras, la lentitud de la administración estatal para regularizar su situación administrativa les crea un estado de angustia, agravada con el posible desalojo si no se llega a un acuerdo que considere su situación de extrema vulnerabilidad.