Poder Migrante (@MigrantePoder)

• Las comunidades migrantes nos movilizamos para apoyar y respaldar el nombramiento de personas racializadas en espacios significativos
• Por eso, para trabajar una ley tan importante como la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, resulta chocante la reunión de Montero y Bosaho con organizaciones integradas en su mayoría por personas a las que no las atraviesa la experiencia del racismo ni de la migración en primera persona

Esta semana han causado indignación y críticas generalizadas entre colectivos antirracistas la reunión de nada menos que la ministra de Igualdad española Irene Montero y la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, con un grupo de organizaciones denominadas ‘Alianza por una ley de Igualdad de Trato’. El objetivo del encuentro era tratar con ellas el impulso de la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, que lleva estancada desde 2011.

Para nadie es un secreto que las personas migrantes (sobre todo las extracomunitarias), así como las comunidades negras, gitanas y de otros colectivos vulnerables, nunca han gozado de igualdad de trato en España en lo que concierne al acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, y en general a los derechos fundamentales que se supone debe garantizar todo Estado de Derecho.

Frente a este panorama desolador, las comunidades migrantes nos movilizamos para apoyar y respaldar el nombramiento de personas racializadas en espacios significativos, como ha sido la misma Dirección general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, o más recientemente el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica de España, entre otros. Estos nombramientos han sido vistos por las comunidades como algo esperanzador.

Más todavía: aplaudimos la decisión del Gobierno de sacar por fin adelante una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación pues, en teoría, esta herramienta permitirá contar con mecanismos de denuncia frente a la discriminación y la desigualdad racial en todos los ámbitos.

Por ello, luego de ver la foto de la ministra de Igualdad y la directora general para la Igualdad de Trato con organizaciones que integran esta "Alianza" y que no nos representan en absoluto, hemos sentido una enorme decepción y desilusión. Y no es para menos.

Vaya por delante que, en tanto representantes públicos, son libres de reunirse con quienes consideren. Sin embargo, de lo que aquí estamos hablando es de la legitimidad y la representatividad precisamente para trabajar una ley tan importante para las comunidades constantemente golpeadas por la discriminación y el racismo.

A estas alturas es de sobra conocido que el grueso de organizaciones que componen esa "Alianza" basa sus prácticas en relaciones de condescendencia y paternalismo con las comunidades racializadas, por lucrarse, durante muchos años, del negocio de la "caridad" dirigida hacia estos colectivos y comunidades y por contribuir a perpetuar el sistema racista estructural que continuamente denunciamos.

Ejemplo de ello son las denuncias y argumentos clarísimos por parte de diversos referentes y colectivos gitanos en relación a la falsa representación de sus intereses y cómo alguna de estas organizaciones se autonombran representantes del pueblo gitano y que no sólo están conformadas por hombres "payos", sino que además "no tienen ni la perspectiva, ni las estrategias, ni el pensamiento, ni nada que ver con la población gitana", tal como lo expresa Carmen Fernández de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad.

Resulta paradójico y hasta chocante que sea precisamente con este grupo de organizaciones, integrado en su mayoría por personas a las que no las atraviesa la experiencia del racismo ni de la migración en primera persona, con el que haya decidido la ministra Montero y la directora general para la Igualdad de Trato "hacerse la foto". Es decir, avalarlas, legitimarlas, comprometerse a hacerlas parte de la construcción de una ley que, ante todo, requiere romper de una vez por todas con la visión eurocéntrica y paternalista hacia las personas que dice proteger, y encima presumir de ello. Si es con ellas con quienes se hace la Ley de igualdad de trato y no discriminación, sin ninguna duda el racismo estructural se perderá de vista.

No es difícil tampoco adivinar el interés de este tipo de ONG (que, por cierto, recordemos que reciben miles de euros de fondos de la UE y de la cooperación española) en ser protagonistas de la redacción de una ley que prevé crear mecanismos para la denuncia de la discriminación y que tendrán recursos propios garantizados.

Nos decepciona y nos duele porque, como explica María Hernández, anterior responsable autonómica de Feminismos de Podemos Castilla y León: "Hace casi un año conseguimos que el puesto de Directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-racial no fuera una blanca (doy fe de que es muy competente, sí, pero blanca) y que lo hicimos precisamente para que no se hicieran estas alianzas cristianoblanquipayisalvadoras y que es su responsabilidad.

[...] No es fácil mantener un discurso de años contra estas entidades y ver como la jefa se sienta sonriente a darles no solo los jurdeles que no les corresponden si no la potestad de poder dibujar algo tan importante y tan fuera de sus cuerpos blancos como es la Ley de Igualdad de Trato. Más sabiendo y de primera mano, me lo han dicho sus trabajadoras en mi cara, que eso no es algo tan importante para estas entidades".

¿Por qué se empeñan, pues, en sostener viejas estructuras que ni nos representan y ni siquiera tienen interés en una ley en la que a nosotrxs nos va la vida? ¿Acaso consideran que no tenemos la suficiente preparación, madurez o experiencia? ¿Acaso nos siguen viendo como infantes a quienes hay que venir a salvar? ¿Por qué continúan practicando la visión de los salvadores blancos? Precisamente con sus hechos y sus prácticas, lo único que hacen es perpetuar estructuras verticales y desiguales que se alinean con el racismo estructural e institucional contra el que luchamos cada día.

De la misma forma que el mismo Ministerio de Igualdad ha repetido como mantra en el caso del feminismo: no se puede pretender abordar los problemas asociados a la discriminación racial y la desigualdad de trato con gente que nunca la ha padecido.

O como reflexiona José Heredia, referente antirracista: "¿Ustedes se imaginan una Ley contra la violencia machista elaborada exclusivamente por hombres? ¿Una Ley de reconocimiento de derechos para los colectivos LGTBQ+ que no haya sido debatida con organizaciones LGTBQ+? Pueden ustedes seguir con las analogías hasta el infinito para escarbar aún más en el absurdo de este país: La Ley de no discriminación racial no será discutida con organizaciones gitanas y ni siquiera negras.

[...] Que les sirva para darse cuenta de lo duro que es el camino del negro, del gitano, del magrebí o del latino en el partido político blanco. Esa soledad es muy grande, pero tiene remedio.

Si levantaran la voz donde deben, [...] si se dejaran guiar por su pueblo quizás podríamos seguirles hasta el fin del mundo".

Aún hay tiempo para rectificar, pero es necesario mostrar la humildad para aprender a reconocer los errores y la valentía para romper con viejas estructuras que no nos representan.

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Poder Migrante es una red de activistas y colectivos que trabajamos por los derechos de las personas migrantes y luchamos contra el racismo estructural, los discursos de odio y las políticas que nos criminalizan https://podermigrante.es