Lucila Rodríguez-Alarcón (@lularoal)

• Abrir y cerrar el grifo migratorio ha sido siempre una estrategia del régimen marroquí para presionar al Gobierno de España.
• Este tiene que tomar dos decisiones: qué hace con las personas recién llegadas y qué hace con Marruecos.
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Este lunes llegaron a Ceuta más de 5.000 personas desde Marruecos ante la pasividad de la policía del país vecino, que les permitía pasar libremente. Abrir y cerrar el grifo migratorio ha sido siempre una estrategia del régimen marroquí para presionar al Gobierno de España, pero es la primera vez en la historia que Marruecos la aplica abierta y explícitamente para que no quede lugar a dudas, haciendo alarde de su poder sobre las fronteras de nuestro país y de la Unión Europea. 

¿Y ahora qué? 

Son dos las grandes decisiones que tiene que tomar el Gobierno de España. La primera es qué hace con todas las personas que han llegado de repente a Ceuta, donde la presión migratoria lleva años siendo alta pero nunca tanto. No solo se trata en Ceuta de su condición de frontera terrestre, que hace que las llegadas a la ciudad, como punto de entrada, sean numerosas. Como le pasa a Melilla, y a Canarias, Ceuta no está conectada por tierra con la península y este hecho es aprovechado por el sistema de control migratorio para hacer una doble criba, aprovechando la frontera natural que ofrece el mar. Llegar a estos sitios no asegura al migrante su entrada en la Unión Europea. De hecho, Ceuta y Melilla están incluso fuera del espacio Schengen. Así que ahora nuestro Gobierno tiene que decidir, como ha hecho con Canarias recientemente, si comparte la presión migratoria con el resto de las Comunidades Autónomas o abandona a Ceuta a su suerte para gestionar este volumen que resulta desproporcionado para una la ciudad que solo cuenta con 84.000 habitantes. El Gobierno también puede devolver a estas personas a su país de origen, principalmente si son marroquíes. Sin embargo, no podrá devolver legalmente a los más de 1.500 menores que han entrado en España. La pregunta es si Marruecos, tras esta declaración de intenciones tan clara, aceptará las devoluciones. En cualquier caso nuestro Gobierno no ha demostrado hasta ahora que su interés humanitario y su visión de estrategia socio-política sea mayor que su cálculo electoralista. Si repite la estrategia que aplicó con Canarias, posiblemente permita que Ceuta se ahogue para proteger a su potencial electorado en la península. El Ejército está desplegado desde esta mañana en la ciudad para mejorar el control de la nueva población inopinada, pero nadie ha dicho ‘ni mu’ de trasladar a algunas de estas personas a la península. 

La segunda gran decisión que tiene que tomar el Gobierno es cómo va a gestionar las relaciones con Marruecos tras este aviso. El país vecino está enfadado con nosotros desde que estallara su último conflicto con el Sáhara y España no se posicionara, como hace siempre. Marruecos está inmerso en una crisis económica y social sin precedentes, con unos niveles de desigualdad inasumibles –el rey más rico y una de las poblaciones más pobres– y un descontento social incuestionable: protestas regulares de población y sectores como el de las porteadoras o los maestros. Echarle mano a los territorios que reclama Marruecos del espacio saharaui le permitiría controlar los suministros energéticos de la zona, podría construir un gasoducto y hacerse con los yacimientos de fosfato y otros recursos naturales. Esto resolvería temporalmente su crisis económica, que no es más que el resultado de la gestión irracional y autoritaria que lleva desarrollando el régimen marroquí desde la llegada al poder de Mohamed V (abuelo de Mohamed VI). Ahora Pedro Sánchez tiene que decidir si le da algo al país vecino o si se planta e inicia una guerra diplomática. Lo habitual es que nuestro país suelte algunos millones para calmar los ánimos. A eso le puede seguir algún acuerdo comercial que favorezca al país vecino y quizás alguna concesión política. Seguramente en este último marco se estará debatiendo en la Moncloa qué hacer con Brahim Galí, el histórico líder del Polisario que llegó a nuestro país en abril para recibir tratamiento médico.

España está en una posición muy complicada. Una posición que es el resultado de más de 30 años de ceder soberanía al país vecino. La externalización de las fronteras es lo que tiene.

En cualquier caso, se mire por donde se mire, España está en una posición muy complicada. Una posición que es el resultado de más de 30 años de ceder soberanía al país vecino. La externalización de las fronteras es lo que tiene. Esta externalización, con las herramientas de represión migratoria –muros, ejércitos, controles–, son las carísimas soluciones que nuestro país y la Unión Europea han encontrado para hacer frente a los procesos migratorios. Ahora queda patente que, además de representar un gasto brutal, ser deshumanizantes e imbéciles, estas políticas son también inútiles. Recordemos que Ceuta tiene una valla cuyo mantenimiento y control cuesta decenas de millones a nuestras arcas públicas todos los años. 

¿Qué soluciones existen? A corto plazo lo primero que se debería hacer es distribuir la carga de migrantes entre todas las comunidades autónomas, evitando generar zonas de acumulación migratoria que asfixian a los gobiernos situados en los puntos de entrada. En segundo lugar, evitar recompensar a Marruecos por lo que ha hecho. Es cierto que el régimen no solo juega con la inmigración, si no que también lo hace con el control antiterrorista, como bien sabe Francia. Pero España y la Unión Europea son grandes donantes del país, en los dos formatos mencionados anteriormente (dinero de ayudas y acuerdos comerciales) y no está el país vecino como para prescindir de este tipo de apoyo ahora mismo. Finalmente habría que emprender una reflexión realista y valiente sobre cómo se está llevando a cabo la gestión migratoria. Es indispensable sustituir el actual sistema de contención migratoria por un sistema de gestión que permita los movimientos ordenados de un modo inteligente y positivo para todas las partes implicadas. No se trata de abrir las fronteras de par en par pero reconsiderar las inversiones de dinero público y meter más recursos en facilitar los procesos migratorios con control y con flexibilidad evitando depender de países terceros con dudosa calidad democrática. Hay muchos ejemplos de éxito sobre los que basarse como son el caso de Nueva Zelanda o de Uganda.