José Miguel Morales (@rocutae) / Andalucía Acoge

• Medio millón de personas, y la cifra va en aumento, esperan la regularización para vivir sin tener que esconderse, optar a un alta en Seguridad Social y normalizar su pertenencia a esta sociedad.

• No son la fantasmagórica amenaza que se construye en el discurso público de algunos medios y partidos, son simplemente una de cada cien personas en este país y el número va en aumento porque la normativa es absurda.

500.000 personas, esa es la estimación más que razonable del número de personas que viven en España sin un permiso de residencia formal. Podríamos afinar más, 500.000 personas inmigrantes que sobreviven cada día en el amplio mundo del trabajo irregular y precario del modelo económico español. Hay que recordar una vez más que esa situación de irregularidad es fruto de un modelo de frontera que deja muertes y genera exclusión social, nadie quiere estar en la economía sumergida y la vida escondida si se le da la opción de regularizar su situación administrativa.

Entre estas personas hay familias enteras con hijos e hijas que van a crecer como parte de la sociedad y que son ya nuestros vecinos y vecinas

500.000 personas es mucha gente y en esas historias se encuentran medio millón de situaciones de exclusión, incluyendo familias enteras con hijos e hijas que van a crecer como parte de la sociedad y que, de un modo u otro, son ya nuestros vecinos y vecinas. Si usted tiene alguna hija o algún hijo escolarizado en un centro público, si va de vez en cuando a un centro de salud, usa el transporte público, si no vive en un barrio en el que el alquiler no sea imposible de pagar, es seguro que convive con alguna de estas 500.000 personas. No lo llevan escrito en la frente, pero sí en la precariedad de sus recursos económicos y en el miedo a ser parados por la policía en un control de documentación. Es posible que le suban el butano a casa o que le hayan servido la cerveza del domingo. Es casi seguro que han cogido la fresa o el tomate que hemos tomado en la comida, que limpian alguno de los baños que hemos utilizado en la última semana o que le han repartido el último envío de mensajería. No son la fantasmagórica amenaza que se construye en el discurso público de algunos medios y partidos, son simplemente una de cada cien personas en este país y el número va en aumento porque la normativa es absurda.

España parece encarar una mejora a la hecatombe social de dos crisis seguidas. Puede que por esa entelequia que llaman ciclo económico o puede que por acierto de políticas estatales. Seguro, eso sí, que es gracias a los sacrificios y el esfuerzo de toda la población, aunque no toda note esa mejoría por igual. Tenemos aún grandes retos sociales para que ese crecimiento del PIB llegue a las personas que viven en la precariedad más dolorosa y es imposible que esta precariedad se atenúe sin un paquete de medidas que no vayan tanto a compensar los síntomas como a construir un modelo social más sostenible y equitativo. Más sanidad pública, mejores relaciones laborales, mejor sistema educativo y... regularización administrativa para las personas migrantes. No es posible una salida social a la situación si dejamos atrás a tantos vecinos y vecinas.

Debemos construir un modelo social más equitativo: más sanidad pública, mejores relaciones laborales y regularización administrativa para los migrantes

La situación lleva tiempo siendo un lastre que se ha agravado por miles de situaciones particulares en las que, personas que habían logrado regularizar su situación administrativa, han vuelto a caer en la irregularidad al haber perdido su contrato a causa de la pandemia. No es solo quienes no logran regularizar su situación, es que hay personas que lo han logrado después de años y ahora vuelven a estar "sin papeles". Por esos necesitamos una solución urgente que resuelva de una vez por todas una enorme bolsa de exclusión que debilita la cohesión de toda la sociedad y que viene gestándose desde hace años.

No es que a este Gobierno de coalición le falten propuestas bien argumentadas; en estos momentos se le ofrecen desde distintos colectivos y organizaciones sociales al menos dos alternativas. Una se centra en reclamar un proceso extraordinario de regularización inmediata a través de una iniciativa legislativa popular. Esta propuesta tiene la virtud de tener como impulsores a organizaciones lideradas por personas migrantes y racializadas estructuradas en torno al movimiento #RegularizaciónYa. La iniciativa legislativa popular exige, qué casualidad, 500.000 firmas para ser tramitada y están en el proceso de recabarlas. Lo logren o no, están logrando difusión social y visibilizar el problema del que hablamos. No es poco logro.

Los colectivos migrantes reclaman un proceso de regularización inmediata a través de una ILP y están intentando de reunir 500.000 firmas

El otro foco de incidencia lo constituyen organizaciones sociales que llevan décadas centradas en el acompañamiento y apoyo a las personas migrantes como Andalucía Acoge. Su propuesta es una solución más ágil, basada en introducir algunos cambios en el reglamento de la Ley de Extranjería para que la figura del arraigo social, principal herramienta para obtener la documentación en el país, sea más eficaz y resuelva gradualmente estas situaciones de irregularidad impidiendo que vuelva a generarse la acumulación de personas sin permiso de residencia que tenemos actualmente en España.

Técnicamente las dos propuestas son viables. El debate entre cual es más adecuada está encima de la mesa. Ambas tienen sus limitaciones y cada colectivo u organización puede sumarse a lo que considere más acertado. Lo que no cabe duda es que sea cual sea el camino, es urgente que este Gobierno resuelva la situación. Medio millón de personas, y la cifra va en aumento, esperan para vivir sin tener que esconderse, optar a un alta en Seguridad Social y normalizar su pertenencia a esta sociedad. ¿Avanzamos?

José Miguel Morales es Director General de Andalucía Acoge