Una consecuencia del saqueo de las cajas

El Banco de España se ha despachado a gusto con los antiguos responsables de la CAM, que fue intervenida en julio y dentro de poco pasará a manos del Sabadell. En el expediente abierto contra ellos se incluyen acusaciones muy graves, como la alteración de la realidad patrimonial, el encubrimiento de la morosidad y la negativa a cumplir el coeficiente de solvencia. El salvamento de la CAM ha requerido ya más de 11.000 millones de euros, facilitados casi a partes iguales por el Estado (a través del FROB) y por el Fondo de Garantía de Depósitos, aunque su nuevo propietario no descarta que el agujero sea aún mayor.

A los altos directivos, consejeros e incluso miembros de la comisión de control afectados por el expediente no les ha beneficiado el escándalo que se montó cuando, tras la intervención, salieron a la luz las retribuciones de la cúpula de la caja. La directora general, MARÍA DOLORES AMORÓS, tenía un salario bruto de 594.000 euros y, poco antes de que el Banco de España se hiciera cargo de la CAM, había pactado una pensión vitalicia anual de 370.000. Su antecesor en el cargo, ROBERTO LÓPEZ ABAD, que se prejubiló a raíz del fracaso de la fusión con Cajastur, se llevó la friolera de 5,6 millones de euros.

Desde entonces, los sueldos y las condiciones de salida en las cajas han sido objeto de un especial escrutinio por parte de la opinión pública, que asistiría luego a abusos todavía mayores, como los cometidos en Novacaixagalicia. Pese a la delicada situación de la entidad, que a día de hoy sigue sin tener despejado su futuro, sólo cuatro directivos (JOSÉ LUIS PEGO, GREGORIO GORRIARÁN, ÓSCAR RODRÍGUEZ y JAVIER GARCÍA DE PAREDES) se embolsaron alrededor de 20 millones en concepto de jubilación, si bien el último de ellos renunció a la mayor parte.

Por todo eso, el Gobierno decidió hace diez días poner un tope a las retribuciones de los bancos y cajas de ahorros que reciben fondos públicos, y el viernes pasado suprimió las indemnizaciones para los directivos que sean apartados de sus cargos como consecuencia de un expediente disciplinario. Lo que nadie ha explicado es por qué esas medidas no se extienden a las demás empresas que son perceptoras de ayudas del Estado.