Diego López Garrido, por el PSOE, y Eduardo Zaplana, por el PP, llevan meses zumbándose la badana a cuenta de la renovación de los organismos estatales cuyos miembros han agotado sus respectivos mandatos. La batalla más encarnizada tiene como escenario el Tribunal Constitucional, donde ninguno de los dos partidos quiere per­der comba, habida cuenta las grandes leyes sobre las que todavía tiene que dictar sentencia (el Estatut catalán, sin ir más lejos). No menos cruenta es la disputa en torno al Consejo General del Poder Judicial, sumido en la interinidad desde hace casi un año por el bloqueo de la derecha a cualquier posibilidad de acuerdo.

El panorama se acaba complicar aún más, si cabe, como consecuencia del repentino fallecimiento de uno de los vocales del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del Estado. Antonio de la Rosa  no pudo sobrevivir al infartó de que lo fulminó el martes en Madrid. Tenía 72 años y pertenecía desde 1991 a esa institución dentro del cupo del PP, al que le unían lazos ideológicos y familiares, pues era concuñado de Rodrigo Rato.

La muerte de Antonio de la Rosa, que en el ejercicio de sus funciones defendió hasta donde pudo a los dirigentes populares empapelados por el Tribunal de Cuentas, como Josep Piqué o José María Álvarez del Manzano, reduce el margen de maniobra del PP en la institución, en la que hasta ahora gozaba de una holgada mayoría. Desde 2001, contaba con seis vocales, frente a los cinco asignados al PSOE. Ade­más, el de consenso, Javier Medina, ha votado con los del PP en los asuntos trascendentales; entre ellos, la controvertida reelección de Ubaldo Nieto, presidente desde la segunda legislatura de José Ma­ría Aznar.

Mientras se sustancia la designación del sustituto de Antonio de la Rosa, que puede alargarse indefinidamente si entra dentro del paquete general, Javier Medina será un personaje clave, ya que puede inclinar la balanza a favor de los unos o de los otros. La cuestión no es baladí: el actual Tribunal de Cuentas tiene carrete hasta 2009 y, por tanto, le corresponderá el enjuiciamiento del uso dado a los dineros públicos entre 2004 y 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.