La adjudicación de Cajasur a BBK sólo 56 días después de que fuera intervenida pone a las claras el interés de MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ en que no se repitiera la historia de Caja Castilla La Mancha, con la que tuvo que pechar durante 15 interminables meses antes de cedérsela a Cajastur.

BBK había presentado una oferta muy agresiva, con sólo 392 millones de euros en ayudas del FROB, y eso le ha venido de perlas al gobernador del Banco de España para zafarse de las presiones de la Junta de Andalucía, que ha movido cielo y tierra con objeto de que la caja cordobesa se quedara en la región.

Cajasur, por supuesto, seguirá operando en su provincia de origen, donde copa más del 45% del mercado financiero, y destinará allí la mayor parte de los recursos con los que dote una obra social otrora muy pródiga; pero es inevitable que a partir de ahora las decisiones fundamentales se tomen en Bilbao, donde BBK tiene su sede.

Esto supone sin duda un serio contratiempo para JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN, incansable defensor del viejo proyecto de MANUEL CHAVES de agrupar las cajas andaluzas, al que han escapado ya no sólo Cajasur sino también Caja Granada, que se sumó a un SIP suprarregional.

El presidente de la Junta había confiado hasta el último momento en que le sería favorable la subasta de la entidad controlada hasta mayo por la Iglesia, subestimando la capacidad de memoria del Banco de España, donde no se olvida que Griñán vetó en su día la fusión de Cajasur con Caja Murcia, que habría evitado la intervención.

En contra de la opción andaluza ha jugado también la actitud de Unicaja en la reordenación del sector, pues no quiso saber nada de Caja Castilla La Mancha cuando Fernández Ordóñez le pidió el año pasado a BRAULIO MEDEL que la salvara y luego puso todo tipo de impedimentos para llegar a un acuerdo aceptable por Cajasur.

Por último, el hecho de que el Banco de España haya desatendido a la Junta de Andalucía anticipa la pérdida de peso de las comunidades autónomas en materia de cajas de ahorro consagrada en el proyecto de reforma de la LORCA que recientemente aprobó el Gobierno con la complicidad del primer partido de la oposición.