La interminable pugna entre ACS e Iberdrola se judicializó tras la junta de 2010. FLORENTINO PÉREZ demandó entonces a la eléctrica por negarse a cederle un puesto en el consejo de administración, pese a su condición de principal accionista de la compañía. El juzgado mercantil número 1 de Bilbao, sin embargo, confirmó la existencia de un conflicto de intereses, como alegaba Iberdrola. Y ahora el caso está en manos de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que deberá sustanciar el recurso presentado por ACS contra el fallo desfavorable que cosechó en primera instancia.

Lejos de resolverse, las diferencias entre estos dos colosos empresariales se han acrecentado un año después, con motivo de la junta de Iberdrola celebrada el viernes. El representante de ACS, JOSÉ LUIS DEL VALLE, expresó su propósito de denunciar ante los tribunales algunas de las decisiones que en ella se adoptaron. En especial las que otorgan al presidente, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, un notable grado de maniobra para condicionar el ejercicio del voto. Una medida que tiene por objeto contrarrestar los efectos de la próxima entrada en vigor de la norma que levanta las limitaciones cuantitativas de los derechos políticos en las sociedades anónimas.

Que sólo la justicia pondrá paz entre ambos contendientes está cada vez más claro, dada la irreductible voluntad de Sánchez Galán de mantener a raya a ACS y la determinación de Florentino Pérez de culminar su asalto a Iberdrola. Pero, conforme el número de procedimientos vaya engordando, la solución irá para más largo. ACS no descarta llegar al Supremo y, si lo considera oportuno, seguro que Iberdrola hace otro tanto. De modo que la última palabra en este caso, salvo acuerdo extrajudicial, aún puede tardar años.

Mientras, parece que Florentino Pérez está dispuesto a seguir dando guerra, como demostró el viernes. No sólo anunció nuevas demandas, sino que votó abiertamente contra la gestión del consejo, cosa poco usual viniendo del principal accionista y que muestra hasta qué punto ha llegado el enfrentamiento.