Con negritas

Rosell recoge lo que sembró

Cuando a finales del año pasado optaba a la sucesión de GERARDO DÍAZ FERRÁN, con SANTIAGO HERRERO y JESÚS BANEGAS como únicos adversarios, JUAN ROSELL pactó con ARTURO FERNÁNDEZ para garantizarse la presidencia de CEOE. El líder de los empresarios madrileños no tenía un peso especialmente grande en la asamblea electoral, pero sí cierta capacidad de prescripción sobre otras organizaciones que esperaban un movimiento suyo antes de decidirse por alguno de los candidatos. Consciente de ello, Rosell hizo cuanto pudo para granjearse su apoyo, que por supuesto no fue gratis: Arturo Fernández, a cambio, se convirtió en el número dos y en una de las caras visibles de la patronal.

Hubo quien consideró excesiva esa contraprestación, porque Rosell ya había cosechado entonces una cantidad notable de votos y porque detrás de la alianza era fácil percibir claros motivos políticos. ESPERANZA AGUIRRE no veía con buenos ojos que el sustituto de Díaz Ferrán fuera un empresario catalán cuya defensa del nuevo Estatut le había llevado incluso a manifestarse en la calle. Rosell lo sabía y tuvo el gesto conciliador de ganarse a Arturo Fernández, que goza de la confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que probablemente no sospechaba es que, dándole tanta cancha al responsable de CEIM, metía un auténtico caballo de Troya en casa.

Que Arturo Fernández tiene su propia agenda se ha confirmado ahora a propósito de las fallidas negociaciones para la reforma de los convenios. Ha sido él quien ha dinamitado el trabajo de Rosell, que llevaba meses buscando un entendimiento con los sindicatos y que se ha visto obligado a dar marcha atrás, so pena de ser víctima de una rebelión alentada por su vicepresidente primero. Al poner encima de la mesa las exigencias más radicales, y entre ellas la generalización del despido barato, Arturo Fernández no sólo ha arruinado toda posibilidad de acuerdo, sino que ha dado una satisfacción a quienes, desde la derecha, disfrutan con cualquier contratiempo que atribule a UGT, a CCOO o al Gobierno.

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