Fiel a su peculiar forma de entender el patriotismo, el PP ha introducido nuevas dudas sobre la situación de las haciendas locales y regionales con la idea de someter a auditorías las cuentas públicas de los territorios donde a partir de ahora va a gobernar. Aunque lo lógico sería que, puestos a levantar alfombras, barriera debajo de todas, el PP no ha confirmado de momento si piensa fiscalizar también los gastos de las administraciones que ya controla, algunas de las cuales no son precisamente un ejemplo de transparencia y austeridad. En especial aquellas sobre las que, como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, ha caído un manto de sospecha, extensivo a las finanzas del propio PP, al menos en Madrid, País Valencià y Castilla y León.

El anuncio lanzado por las huestes de MARIANO RAJOY ha debido de ser motivo de satisfacción para quienes no dejan de apretar las clavijas a España amparándose en las incertidumbres que siguen rodeando nuestra economía. Unas incertidumbres que amplifican sistemáticamente el PP y sus terminales mediáticas para socavar al Gobierno, de cuyo hundimiento hicieron causa común hace tiempo, sin importarle demasiado el coste que tenga para el país su irresponsable empeño. De esta estrategia erosiva forman parte las auditorías a las que se pretende someter ahora a ayuntamientos y autonomías y que, se lleven o no finalmente a cabo, abonan también la desconfianza de los ciudadanos sobre el uso que los políticos hacen de los impuestos.

Naturalmente, el PP tiene derecho a conocer hasta el último rincón de la caja fuerte, a dónde ha ido a parar el dinero y qué se debe. Pero para eso no necesita encargar auditorías; basta con que los nuevos alcaldes y presidentes de comunidad recurran sin alharacas a quienes probablemente mejor pueden informarles, que son los interventores. Suya es la responsabilidad de velar por que se cumpla la ley, y también de los tribunales de cuentas, que harían mejor su trabajo si, en vez de abandonarlos a su suerte, se les dotara de los medios necesarios.