Con el despido de MARÍA DOLORES AMORÓS, directora general de la CAM hasta su intervención a finales de julio, el Banco de España ha pretendido dar un escarmiento que probablemente llega demasiado tarde. La justificación oficial es que, durante los escasos nueve meses que permaneció en el cargo, Amorós incurrió en diversas irregularidades y actuó en provecho propio, hasta el punto de convertirse, a sus 49 años, en beneficiaria de una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales.

Este privilegio, especialmente irritante en una institución financiera a la que el Estado ha tenido que socorrer por ahora con 2.800 millones, recuerda al que disfruta el cura MIGUEL CASTILLEJO desde que en 2005 abandonó la presidencia de Cajasur. Esta entidad, que también acabó en manos del Banco de España y ahora está en la órbita de la BBK, pagó durante bastante tiempo una cuantiosa póliza que proporciona a Castillejo cada año una renta de 250.000 euros.

Ambos casos son ejemplos de los abusos cometidos en las cajas de ahorros, aunque no siempre hayan tenido las mismas consecuencias: Amorós ha sido puesta de patitas en la calle, pero Castillejo vive tranquilamente su retiro dorado después de haber dejado Cajasur para el arrastre. La Junta de Andalucía, que se la tenía jurada por su boicot a la creación de una caja regional única, intentó empapelar a fray Langostino, como se conocía popularmente al clérigo cordobés por su afición a la buena mesa, pero la Fiscalía concluyó que no había suficiente materia penal en el asunto.

Sin embargo, no hay que ir tan lejos para encontrar antecedentes de la prebenda de Amorós: su predecesor y antiguo jefe, ROBERTO LÓPEZ ABAD, verdadero factótum de la CAM durante años, se embolsó una indemnización de 5,6 millones de euros brutos cuando recientemente decidió acogerse al ERE en marcha. López Abad hizo antes un fugaz viaje de ida y vuelta al Banco Base, donde tenía reservada la dirección general hasta que el SIP con Cajastur se rompió ante la inmensidad del agujero detectado en la CAM.