La cuarta entidad financiera intervenida es un banco, el de Valencia, que presenta similares patologías a las diagnosticadas en su día a la CAM, Cajasur y Caja Castilla-La Mancha. Las más graves son: una exposición al ladrillo del 65% de los activos y una morosidad que podría rondar el 15%. Como el colapso era inminente, el Banco de España ha tenido que administrarle una inyección de 1.000 millones y ha dispuesto otros 2.000 para garantizarle la liquidez.

Igual que sus predecesores en el trance de la intervención, el Banco de Valencia estaba sujeto al capricho de las decisiones políticas (eclesiásticas, en el caso de Cajasur), dada su condición de filial de Bancaja. De hecho, hasta hace poco, el presidente de ambas era la misma persona: JOSÉ LUIS OLIVAS, un dirigente del PP que en 2002 sucedió interinamente a EDUARDO ZAPLANA al frente de la Generalitat. A cambio de ceder luego el cargo a FRANCISCO CAMPS, Olivas fue promovido al puente de mando de Bancaja, que aún hoy ocupa. Por cierto que ese movimiento se llevó a cabo al amparo de una ley que él mismo había sacado adelante para reforzar el poder regional sobre las cajas.

La relación con Bancaja explica que el Banco de Valencia participara en la financiación de proyectos de una envergadura muy superior a sus posibilidades y que han acabado por ponerle al borde de la quiebra. Era práctica habitual que la matriz derivara parte del riesgo hacia la filial y que esta, a su vez, entrara en operaciones que le hubieran resultado inaccesibles por sí sola. Gracias a ello, la capitalización del Banco de Valencia creció como la espuma durante el boom, lo que le permitió atraer inversores cuyas acciones, antes de la intervención, valían, sin embargo, sólo una décima parte que en 2008.