El locuaz presidente de la CEOE, JUAN ROSELL, que va predicando por ahí la necesidad de que la economía española suelte lastre cuanto antes y las administraciones públicas empiecen a despedir funcionarios, no tiene empacho en apoyar simultáneamente el mantenimiento de la doble estructura representativa de los empresarios.

Ese respaldo se ha formalizado en un reciente acuerdo suscrito por el propio Rosell, por el líder de su segunda marca (Cepyme), Jesús Terciado, y por el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, MANUEL TERUEl, que ha dejado con un palmo de narices a quienes se pasaron años denunciando, dentro y fuera de los órganos de gobierno de la CEOE, los inconvenientes de esa duplicidad.

El origen de la iniciativa está en la delicada situación económica que atraviesan las cámaras desde que, hace poco más de 12 meses, se anunció sorpresivamente la supresión del recurso cameral; es decir, de las cuotas obligatorias que pagaban las empresas y los autónomos y que servían para sufragar alrededor del 60% de sus presupuestos.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO justificó entonces esta medida alegando que supondría un importante balón de oxígeno para las atribuladas pymes españolas, cuya aportación al sostenimiento de las cámaras, según los cálculos del Ministerio de Economía, se situaba en torno a los 90 millones de euros anuales.

El Consejo Superior, sin embargo, siempre ha defendido que los principales contribuyentes de estas instituciones eran las grandes empresas (la cuota obligatoria se fijaba en función de los beneficios netos obtenidos), mientras que los mayores beneficiarios de sus servicios han sido históricamente las medianas y pequeñas.

La decisión del Gobierno, abiertamente celebrada por destacados dirigentes de la CEOE, compromete de forma gravísima la supervivencia futura de las cámaras, que no han tenido más remedio que hacer auténtico encaje de bolillos en los últimos meses, y de ahí el acuerdo firmado por Rosell y Teruel para evitar que desaparezcan.

Como ha reconocido en reiteradas ocasiones su presidente, uno de los objetivos del Consejo Superior es conseguir que las administraciones públicas les encomienden la prestación de cuantos más servicios mejor a las empresas, a cambio –claro está– de los medios necesarios para llevarlos a cabo. Y eso significa que, a la postre, podemos acabar pagando entre todos lo que no quieren pagar los empresarios.