Emmanuel Rodríguez López (@emmanuelrog)

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- Las elecciones municipales son la cita electoral más próxima y aquella en la que se determina el nivel institucional más cercano a los ciudadanos.
- Desde hace un año se han formado iniciativas municipalistas en distintos puntos del país.
- La votación del documento político de Podemos implica la renuncia de esta formación a presentarse con marca propia en las elecciones municipales.
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Móstoles, un miércoles cualquiera: 400 personas. Son las siete de la tarde y los rostros agotados por largas jornadas trabajo no dejan de expresar curiosidad, interés, expectación. No es una acto oficial, tampoco un recital. No hay grandes estrellas, ni famosos, no al menos los de la industria cultural. Es un debate sobre "municipalismo", un término aparentemente extraño pero que en estos meses se cuela con fuerza en el vocabulario político. Participan Emilio Delgado, de la redacción del periódico crítico local Voces del Pradillo, Iñigo Errejón, joven estratega de Podemos, Tania Sánchez Melero, promesa de IU a la Comunidad de Madrid, Nacho Murgui, presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Madrid y un servidor con menos méritos públicos que todos los precedentes. No son nombres que impresionen mucho a los asistentes. Hace un año no hubiéramos reunido ni a cincuenta personas. Pero hoy, decía alguno, no sin gracia y mala baba, "la política llena anfiteatros como antes llenaba las plazas".

El acto lo organizaba la UVA de Móstoles, Unión Vecinal Asamblearia, candidatura municipalista local que trabaja por la confluencia con los círculos mostoleños de Podemos, al igual que con cualquier otro actor local que quiera participar en el proceso de cambio municipal. No es un fenómeno aislado. Desde hace un año, han surgido iniciativas parecidas en todo el sur de Madrid: Alcorcón, Getafe, Leganés, Pinto. Son previas a la irrupción de Podemos. Surgieron con el propósito de articular el empuje de la ola que siguió al 15M —las Mareas, el movimiento de vivienda, los nuevos centros sociales— en una opción electoral de cambio, de ruptura constituyente. Por eso y a falta de otros nombres han acabado por toparse con un concepto que parecía relegado a los Museos de Historia: municipalismo.

La idea de que los municipios son la base de la democracia ha sido el pilar de distintas tradiciones políticas del país. El federalismo, el anarquismo, una parte importante del republicanismo han compartido este principio de que la democracia tiene que tener una base local, municipal, fuerte, fundamental. Desde la Guerra Civil, sin embargo, el municipalismo sólo ha aparecido como un estallido en el movimiento vecinal de los años setenta. Luego, como sabemos, fue rápidamente borrado en el marco de una democracia —la española— que apenas considera a los municipios ni como arquitectura elemental de la vida civil, ni como instancia con autonomía y competencias suficientes, ni desde luego como administraciones con una dotación financiera que las haga viables. En la oleada de despolitización, desmovilización y oportunismo que siguió a la Transición, la democracia local apenas jugó un papel. El resultado fue que la democracia en su conjunto sufrió la despotenciación y vaciamiento de los que ahora somos testigos. Tan sólo en Catalunya y de la mano de distintas propuestas (las CUP, pero también las CAV del Vallés) resistió algo la idea de que la democracia debía tener una base local suficiente, justo donde gobernantes y gobernados están tan cerca que casi coinciden en las mismas personas.

En sólo un año aquellas pequeñas iniciativas que nacieron en el sur de Madrid han pasado de ser un dato casi insignificante a convertirse en marea (¿la marea municipalista?). Con nombres diversos, Guanyem, Ganemos, Marea Atlántica, Sí se puede, estos proyectos han ido salpicando toda la geografía peninsular. Si a estos añadimos que tantos y tantos Círculos de Podemos surgieron en un principio con una vocación esencialmente municipalista se puede decir que hoy este movimiento cubre todo el país.

A la gran mayoría de estas iniciativas los informa la misma aspiración fundamental que animó al 15M: democracia real. Se trata de reunir a los sujetos activos de una población, a todos aquellos que quieren aportar algo a cambiar o mejorar su ciudad sobre la base de un programa que se podría considerar como su mínimo común denominador: democratizar los ayuntamientos, expulsar a la clase política y a sus clientelas, hacerlo de una forma transparente y bajo control ciudadano, municipalizar aquellos servicios en manos de la oligarquías bancaria e inmobiliaria, impulsar la recuperación de los servicios públicos, renegociar la deuda y promover el impago de aquella que se considera ilegítima. Son las mismas demandas que se han articulado en los últimos años por parte de distintos movimientos sociales y para las que ahora se busca una expresión municipal.

Lo que bien pudiera ser la «convención» de este nuevo municipalismo está basada, además, en algunos principios que son propios de la época. El primero y más evidente es que el proyecto municipalista no puede estar trufado de posiciones políticas en competencia, ni de viejas burocracias partidarias básicamente interesadas en su autoperpetuación. Tampoco puede ser una coalición de aparatos políticos, al modo de una coalición de izquierdas. Los tiempos son de protagonismo ciudadano, de generosidad y apertura a todos aquellos que quieran participar, de suspensión tanto de las diferencias ideológicas como de la competencia de las formaciones partidarias en pro de un mismo proyecto de democracia municipal. De ahí, la prioridad otorgada a los mecanismos de decisión directa, las primarias abiertas, los controles ciudadanos sobre los candidatos, los «contratos éticos» y sobre todo la dimensión de movimiento de la apuesta municipalista.

En una ciudad como Madrid, con más de tres millones de habitantes, este proyecto se llama Ganemos Madrid. Lleva en proceso de articulación desde hace más de cuatro meses. El próximo martes 4 de noviembre Ganemos Madrid se presenta públicamente en el Círculo de Bellas Artes. Su objetivo es claro: acabar con la corrupción del gobierno municipal más endeudado de España, democratizar las instituciones y ponerlas al servicio del ciudadano, recuperar las competencias municipales para desarrollarlas como servicios públicos, poner término al gobierno del Partido Popular que se extiende desde junio de 1989.