Contraparte

Por qué la corrupción se ha convertido en sistema

Isidro López  ( )

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- El incremento de los escándalos de corrupción apunta a un fenómeno generalizado o sistémico.
- La corrupción canaliza hoy malestares profundos que tienen que ver con los situación de crisis social y las políticas de austeridad.
- La corrupción esta ligada a un modelo económico que podríamos llamar "capitalismo de amiguetes".
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La Operación Púnica, los casos Pujol y Granados, la desarticulación de una red de alcaldes y concejales que recibían comisiones por adjudicación de obras... La corrupción ocupa el centro de la coyuntura política. Los detalles de la red liderada por Francisco Granados, un tipo que hace que Al Capone parezca un funcionario prusiano, son terroríficos. La trama estaba compuesta fundamentalmente de redes de parentesco más o menos laxas. Abundaban los "cuñados de" y "cuñadas de" en puestos de responsabilidad municipal. Como si se tratara de una  farsa de Berlanga, sobre la decadencia y la mezquindad de la clase dirigente española, parte de los pagos a los distintos cargos municipales se cobraban en forma de cacerías en fincas de la provincia de Toledo y Ciudad Real.

Nada nuevo se puede decir. Pero tanto la acumulación de escándalos como el momento actual hacen de este caso quizá el más atroz de la serie reciente. A diferencia de la trama Gürtel, que se sitúa en los años centrales de la burbuja inmobiliaria, la corrupción de la Púnica se extiende casi hasta hoy, en medio de una crisis económica interminable, con unos niveles de paro y precariedad desconocidos, obligados por unas restricciones presupuestarias que, han intentado liquidar la capacidad de actuación de las entidades locales y autonómicas en favor de las mayorías sociales.

En los últimos meses el enorme malestar entre las antiguas clases medias y las clases populares se  ha multiplicado con cada escándalo. El hecho de que esta red de sobornos funcionara hasta mucho después de que la corrupción apareciera en las portadas de los periódicos apunta directamente a los más altos responsables de los partidos, señala su tolerancia indiscriminada con estas prácticas. ¿Es posible una regeneración democrática en estas condiciones? Aunque parezca sorprendente todavía lo es. La corrupción funciona de una manera políticamente muy determinada. Sólo marca a personas particulares, y, por eso, es un terreno no del todo desfavorable para los intentos de "regeneración", o por usar un oxímoron con sentido político, de "ruptura continuísta". Para intentar una operación de este tipo basta en principio con retirar de la mirada pública a los responsables señalados por corrupción y poner en su lugar caras nuevas y frescas. En gran medida, los enfoques críticos que ponen demasiado peso en la vía penal para los responsables, en detrimento de un enfoque político de transformación más amplio, allanan involuntariamente el camino a este tipo de operaciones.

Se puede argumentar que en la coyuntura política actual, en parte gracias a Podemos y antes al 15M, la tendencia se dirige a responsabilizar a toda la clase política, "la casta", por la utilización oligárquica de los aparatos de Estado. Pero incluso en este terreno, como se vio en la Italia de la Tangetopoli, nada impide el cambio de un gran bloque de "caras viejas" por otro gran bloque de "caras nuevas". La aparición de nuevos partidos y las refundaciones de los antiguos no es ni mucho menos imposible. No es de extrañar que la reacción a las recientes encuestas del CIS y de Metroscopia, que registran del meteórico ascenso de Podemos, se haya producido en el terreno de los efectos derivados de la corrupción.

Si se quiere avanzar en este análisis basta con comprender que el malestar político actual funciona en torno a dos polos centrales. De un lado, la depauperización de grandes estratos de población por las medidas de austeridad y la fragilidad del empleo. De otro, la corrupción. De forma previsible, los medios mainstream han elegido este último polo, el de la corrupción, como target del malestar. Aquí queda en efecto un amplio "margen de maniobra". Al fin y al cabo, las políticas económicas impuestas por la finanzas y la UE, y acatadas sin chistar por los dos grandes partidos, sólo pueden ser presentadas como una "necesidad de Estado". En este terreno, el enfrentamiento entre élites y mayorías sociales se coloca sencillamente en un todo o nada.

Por si cabe alguna duda la respuesta transformadora ante este movimiento de las élites no debería centrarse únicamente en el otro gran polo de malestar, las políticas de austeridad y la nueva ronda de ataques al trabajo. Antes bien, se trata de analizar el encaje sistémico de la corrupción para politizarlo. Dicho de otro modo, no buscamos despersonalizar a los corruptos sino situarlos en su contexto. Desde la irrupción de la gran crisis del neoliberalismo en 2007, se han generalizado las perspectivas que apuntan al capitalismo actual, al capitalismo financiarizado, como intrínsecamente corruptas. Poco a poco se ha desvelado la imagen de una especie de sistema de sobornos generalizados y de redes clientelares dependientes del Estado que cierra las posibilidades de entrada los outsiders. En los países anglosajones, el término crony capitalism (capitalismo de amiguetes) se ha generalizado hasta ser prácticamente una referencia pop. Otros términos como mafia capitalism del antropólogo David Graeber o "neocaciquismo", acuñado por Jose Manuel Naredo, describen más o menos el mismo problema.

Al contrario de su propia narrativa, la explotación del Estado como recurso económico por parte de las elites es, en la práctica, el rasgo que define al neoliberalismo. Si embargo, muchos de estos enfoques oponen este modelo económico a un capitalismo de innovación. Apuestan así a un proyecto social de difícil viabilidad en el actual momento histórico y, sobre todo, ignoran una pendularidad evidente en las relaciones de las élites con el Estado. En los momentos de expansión, las elites utilizan el Estado para que este les provea de espacios desregulados, esto es, gobernados directamente por ellos. En los momentos de contracción económica, el Estado se vuelve prácticamente su única fuente de beneficios. Esto termina por desatar luchas agónicas entre las propias élites que son, en buena parte, las responsables de que los casos de corrupción salgan a la luz. No otra es la clásica amenaza "qué tiro de la manta" de aquellos que se han quedado fuera del reparto.

En España disponemos de un ejemplo concreto para los años la burbuja inmobiliaria (1995-2007). En ese periodo, el territorio español tomó la forma de una red de elites locales y autonómicas  que competían entre sí bajo la atenta mirada aprobatoria del Estado central y de la Unión Europea. El objetivo era desarrollar al máximo los mercados de suelo, elevar los precios de la vivienda y, mediante el endeudamiento generalizado, elevar los niveles de consumo de unas clases medias golpeadas en el ámbito laboral. En este tipo de vertebración territorial, una alianza entre los grupos financiero-imobiliarios y el poder político local, que podríamos llamar la alianza del "especulador estructural", se hizo cargo del control del territorio local y regional, y de buena parte de los recursos públicos. Los mercados de suelo, para ser todo lo dinámicos que necesita este modelo de crecimiento, requieren de una gestión cara a cara y a escala local. Esto supone de forma sistemática, y no accidental, la formación de redes clientelares que de una forma u otra están controladas por las élites y vinculadas a escalas geográficas superiores. En este marco, los recién llegados, los que entran en los mercados de suelo locales deben poner en juego sus capitales sociales, sus contactos, sus influencias, sus vínculos familiares y culturales, para poder aspirar a hacer negocios respetando las jerarquías de los especuladores locales. En la fase final del proceso, su fase «degenerativa», el especulador deja de ser alguien beneficiado por las decisiones públicas para ser directamente el tomador de decisiones públicas. Político y especulador se funden en una misma figura. No es demasiado complicado ver como las dádivas, las comilonas, los cuñados, las cacerías, los sobres y los maletines funcionan en este entramado.

Que acabados los años de la burbuja, sigan persistiendo este tipo de tramas simplemente nos informa, junto a otros elementos "macro" de que el modelo inmobiliario-financiero está lejos de agotarse. Al contrario, esta parece ser la única vía, por miserable y poco probable que sea su éxito, que las elites españolas y europeas parecen imaginar. Así se puede ver en la apuesta por la SAREB como estrategia de control de los activos inmobiliarios o en la centralidad del turismo en las estrategias económicas post-crisis. Por supuesto, mientras este siga siendo el horizonte de nuestra economía política seguirán existiendo casos de corrupción.

En este marco, sólo una ruptura democrática y constituyente que produzca transformaciones profundas y duraderas del modelo de organización económica puede acabar con el encostramiento parasitario de las élites en el aparato de Estado. Especialmente importante para este cambio es el nivel local, sobre el que se han descargado las tareas inmediatas de desarrollar la burbuja inmobiliaria por todos los medios. Una línea de crítica a la corrupción, ha sido negar la vinculación de los ayuntamientos con las demás escalas de gobierno. Se ha tratado así de convertirles en responsables últimos de la burbuja inmobiliaria. Este discurso ha animado leyes como la nueva ley de bases del régimen local. Pero en la medida en que retira financiación pública a los ayuntamientos, los lanza a manos del capital privado. Esto en el Estado español significa dejarlos en manos de constructores y promotores inmobiliarios y turísticos. Frente a la nueva ronda de expolio municipal, una verdadera apertura democrática en los ayuntamientos, como la que están proponiendo Ganemos en Madrid o Guanyem en Barcelona, sería  la mejor línea de ataque contra la corrupción entendida como fenómeno sistémico.