Contraparte

Madrid se muere. Por un nuevo proyecto de ciudad

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Pablo Carmona (@pblcarmona), Isidro López  ( ) y Emmanuel Rodríguez ()
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Pablo Carmona es candidato a alcalde por la lista "Madrid en Movimiento" en Ahora Madrid e Isidro López a la Comunidad Autónoma por "Madrid por el Cambio" en Podemos.

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Madrid me mata fue el nombre de una de las principales publicaciones de la llamada Movida madrileña. Impulsaba aquella revista el recientemente fallecido Moncho Alpuente —valga este artículo como modesto homenaje— en un tiempo en el que referirse a Madrid, siendo joven, era hacerlo a un espacio tan excitante como nocivo. En eso consistía la ambivalencia de aquella ciudad.

Hoy Madrid sigue matándonos y sigue siendo tan venoso o más que antaño. La dureza de la vida en esta ciudad, la polución, la velocidad, los elevados precios de la vivienda, la precariedad son si cabe mayores. Pero Madrid ya no es seguramente tan excitante como en los primeros años ochenta. Y es que hoy Madrid no sólo "nos mata", casi podríamos decir, también, que se está muriendo. Como sistema urbano y social, esta ciudad ha entrado desde hace tiempo en una espiral de decadencia y degradación que rebasa lo soportable para la inmensa mayoría de la población.

En los últimos años y a caballo de la crisis, Madrid ha sufrido el rápido deterioro de su sistema de transportes: líneas de autobús cerradas, trenes que no funcionan, problemas de mantenimiento. Igualmente ha sido testigo de cómo empeoraban los servicios sociales, se despedía a profesionales de la salud (médicos, enfermeras, celadores), se recortaba el gasto en las escuelas, en los institutos y en las universidades, se privatizaban hospitales y se vendían bienes públicos a precios de saldo. Al mismo tiempo, la cadena de la deuda y la pobreza ha llevado a decenas de miles de familias a ser desahuciadas de sus casas, retornar a sus países de origen, emigrar a otros lugares o simplemente hundirse en una situación desesperada sin solución posible. Un larguísimo gobierno conservador y neoliberal que se extiende durante casi tres décadas en el Ayuntamiento y dos en la Comunidad, al lado de una izquierda incapaz de respuesta, han sido los protagonistas políticos de este desastre. Se dirá que estas no son condiciones exclusivas de Madrid, pero ésta es al fin y al cabo la región metropolitana en la que habitan casi siete millones de personas, la tercera gran ciudad de la Unión Europea.

Enfrentados a la devastación de la región madrileña es difícil echar la vista a otro lado. Pero ¿qué hacer? Al fin y al cabo, ¿no son los sistemas urbanos demasiado complejos y la competencias municipales y autonómicas demasiado pequeñas como para llevar a cabo nada más que una buena administración, un gobierno algo más "progre" y de izquierdas, frente al paso arrollador de las globalización neoliberal? La visión derrotista parece tan instalada que muchas veces parece haber adquirido rango de consenso. Y sin embargo... ¿no han venido estos años  cargados de gigantescas movilizaciones sociales: Mareas, huelgas, paralización de cientos de desahucios?

Hoy resulta crucial discutir y proponer un proyecto alternativo de ciudad, un nuevo marco de orientación para las políticas públicas que permitan empujar el "cambio" en Madrid como algo sustantivo y que compete a todas y a todos. Las candidaturas de Podemos a la Comunidad y de AhoraMadrid al Ayuntamiento se nos presentan como una oportunidad tanto para establecer esta discusión, como para construir una palanca de transformación real. Aceptar este resto —el de construir un nuevo nuevo modelo de ciudad— implica, no obstante, asumir que el gobierno no es simplemente el "arte de la administración", sino algo mucho más complejo. En buena medida nuestra tarea consiste en llevar el conflicto que han levantado las movilizaciones de estos años —por la sanidad, la educación, la vivienda, la democracia— a las instituciones, conscientes además de que sin fuerza y presión social no habrá cambio posible. Cuatro parecen los principales escenarios en lo que tendrán que trabajar estos vehículos electorales de cambio.

1. La deuda. Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España con cerca de 6.000 millones de saldo de deuda viva al cerrar el año 2014. Casi el 20% de su presupuesto se dedica al pago de deudas e intereses. A ello se suma los 2.500 millones que deben los otros ayuntamientos de la región y otros 32.000 millones de la Comunidad de Madrid. Todo ello sin referirnos a los pagos ya comprometidos, y que no contabilizan como deuda, como las autopistas de peaje en la sombra, los hospitales de financiación privada o los colegios concertados. En definitiva, Madrid es una ciudad endeudada y gobernada por la deuda.

El rechazo del gobierno de la deuda a los niveles autonómico y municipal debe tener, por eso, dos frentes de ataque. Por un lado, se debe promover una auditoría ciudadana de la deuda de por la que se saque a la luz pública la composición de la misma y se establezca que porciones son legitimas y cuáles no, en tanto paso previo y necesario a un proceso de impago democrático. Por supuesto, que este proceso se lleve a cabo depende de una decisión fundamentalmente política. La segunda línea de ataque, esencial para la protección de los servicios públicos y revertir los programas de recortes, es la desobediencia a la descarga de los programas de austeridad europeos sobre la escala autonómica, de acuerdo con los protocolos de déficit excesivo. Hasta ahora, cómo en un juego de muñecas rusas, las instituciones europeas descargaban sobre los estados la responsabilidad del cumplimiento de los programas de austeridad y este, a su vez, lo descargaba sobre ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Si se quiere detener los programas de austeridad desde la escalas locales es necesario declararse en rebeldía frente a esos mismos procedimientos que en última instancia están relacionados con unas cifras de endeudamiento público que, simplemente, no son aceptables sin una auditoría ciudadana previa

2. El gobierno de la oligarquía financiero-inmobiliaria. El problema de la deuda es indisociable del problema del gasto, y sobre todo de a qué y a quién ha ido destinado ese gasto. La deuda del Ayuntamiento de Madrid tiene su origen, en su mayor parte, en la construcción de la M30; una obra que fue diseñada por, y contratada a, las grandes constructoras del país. Además, el ayuntamiento ha subcontratado la mayor parte de sus servicios a las divisiones específicas de las grandes constructoras. Siete grandes contratos (pliegos), que van de la limpieza viaria hasta "parques y jardines", ponen en manos de un puñado de empresas la mayor parte del presupuesto municipal. En la Comunidad Autónoma la situación se repite, ¡y con los mismos actores!, pero en este caso incluyendo residencias de ancianos, autopistas, hospitales, servicios ambientales, etc.

Así pues. un proyecto que quiera recuperar el presupuesto para las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas deberá promover, al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, un modelo territorial no sometido a los designios de la oligarquía madrileña. Para ello será necesario auditar estos contratos, y siempre que se pueda subrogarlos en manos públicas a fin de aprovechar mejor los recursos humanos y materiales de las administraciones, o en su caso de fomentar el tejido empresarial social y cooperativo.

De otra parte, la maquina de crecimiento madrileña sobre la que se ha construido el poder político de las grandes constructoras ha necesitado de una legislación territorial completamente expansionista que debe ser revisada y modificada. De forma prioritaria es preciso derogar la Ley de Suelo de 2001, pariente de la Ley del "todo urbanizable" de 1998 y también la infinidad de decretos  de excepción que la Asamblea de Madrid utilizó para introducir cambios legislativos favorables a las constructoras, evitando la luz y el debate público. También debería ser prioritario declarar una moratoria, y posterior modificación, de los planes urbanísticos expansivos, la paralización de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte de alta capacidad (de las que Madrid, hoy por hoy, sigue estando en situación de exceso de capacidad) y una extensión y elevación del grado de protección de las zonas naturales protegidas.

3. Los servicios públicos y los derechos sociales. La deuda y la subordinación de los presupuestos a los intereses de las grandes empresas de servicios y los grandes bancos han ido mermando progresivamente la calidad y la universalidad de los servicios públicos. Las subcontrataciones, las externalizaciones y las privatizaciones han convertido la sanidad y la educación en negocios provechosos para un puñado de actores empresariales. El problema no es simplemente que los servicios sean más caros y más ineficientes, sino que progresivamente están perdiendo su carácter universal. La retirada de la tarjeta sanitaria a los migrantes se puede considerar uno de los ejemplos más sangrantes, pero nuestro principal problema está en que las políticas públicas fomentan, de forma sistemática, la segregación social. Así la privatización y deterioro de la sanidad pública se ha acompañado de la promoción política —beneficios fiscales incluidos— a la contratación de seguros médicos privados para las clases medias. Igualmente la subvención y el apoyo a las enseñanzas privada y concertada se ha convertido en un refugio para las familias que no quieren que sus hijos se mezclen con las sectores sociales más desfavorecidos.

Una política social adecuada debería revertir los procesos de privatización y externalización, al tiempo que fomenta la igualdad en el acceso y corrige las desigualdades sociales de partida. De nuevo aquí, estas actuaciones provocarán el conflicto con intereses creados y requerirán de apoyos sociales sólidos y movilizados. La complejidad de los ámbitos de intervención, que van desde la salud hasta la vivienda o la educación en todos sus tramos, exige de una participación decidida y políticamente articulada de los profesionales y usuarios de todos los ámbitos en los que se va a intervenir.

4.  Democracia. Este el punto crucial y sin el cual todos los demás corren el riesgo de perderse. El acceso a los gobiernos municipales y autonómico tiene que ir seguido de un cambio sustancial de las estructuras de gobierno y participación. Las palabras clave aquí son descentralización y subsidiariedad. El principio de subsidiariedad reclama que la decisiones o competencias sean relativas al nivel político que resulte más cercano a los ciudadanos. Tanto a escala del Ayuntamiento como de la Comunidad, es preciso realizar una radical descentralización de los organismos de decisión y control ciudadano a escalas como mínimo distritales. Un ejemplo de ello son la propuesta de Juntas de Bueno Gobierno incorporadas al programa de Ganemos Madrid y luego de Ahora Madrid, espacios de participación ciudadana a nivel de distrito y con capacidad de control del presupuesto y de los representantes. También será preciso instaurar procedimientos reales de democracia directa o semidirecta como el referéndum o una Iniciativa Legislativa Popular autonómica no capada por requisitos imposibles y la subordinación a la acción de gobierno.

La apuesta por la democratización de los gobiernos locales y autonómicos tiene límites estrechos dentro de los marcos legislativos vigentes. Por eso el acceso a estos niveles de gobierno tendría que tener un rango constituyente, esto es, de modificación de la estructura del Estado. En el caso autonómico, el acceso al gobierno debiera seguirse de la apertura de un gran debate ciudadano constituyente, dirigido a volver a redactar el Estatuto de Autonomía en la dirección de blindar los bienes público-comunes, ofrecer mayores garantías a los derechos sociales y democratizar radicalmente las estructuras de gobierno. De este modo, estaríamos en condiciones de crear las bases para una democracia local efectiva, sin la cual sencillamente no puede haber democracia.