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Brais Fernández, Viento Sur. (@braisromanino)

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El pasado 15 de marzo, moría en Lavapiés el mantero senegalés Mame Mbaye. Una de las primeras personas en reaccionar fue Rommy Arce, concejala del Ayuntamiento de Madrid más señalada por la oposición. El tuit decía: "Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". La respuesta de las asociaciones policiales no se hizo esperar. El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) –casi 3.000 afiliados–, CSIT Unión Profesional –1.200– y la Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU) –670– presentaron una querella por "incitación al odio" en el que utilizaron como prueba este y otros tuits de otras personas. La juez Esperanza Collados –la misma que archivó el caso de los discos duros destruidos por Bárcenas y el "caso Blesa"– ha admitido a trámite la querella y Arce tendrá que declarar ante los tribunales el próximo mes.

Los problemas de la policía municipal con el Ayuntamiento de Madrid.

Ya desde el principio, el gobierno de Ahora Madrid ha tenido fuertes tensiones con la policía municipal. Una candidatura que consiguió ganar las elecciones gracias al impulso de la sociedad organizada, con una lista compuesta en su mayor parte por gente con trayectoria en los movimientos sociales, aunque bajo el liderazgo de Manuela Carmena, una jueza de profesión, que desde el principio ha tratado de disociar a los "concejales del cambio" de su pasado activista. Así pues, el nuevo ayuntamiento ha adoptado desde el principio una estrategia tímida con los aparatos del Estado construidos pacientemente desde hace décadas por la clase gobernante. Esta estrategia se enmarca dentro de los límites "progresistas" que la mayoría del gobierno de Ahora Madrid le ha intentado imprimir siempre a su estilo de gobierno: un nuevo estilo humanitario, más amable, pero que toque lo menos posible el Estado que existe más allá de la representación, el no electo y el encargado, en última instancia, de mantener el orden. Lo más importante, como han teorizado algunas de los más destacadas figuras del "cambio", era que la ciudadanía no notase ningún sobresalto. Utilizando una de esas metáforas que tanto le gustan a la nueva generación de políticos progresistas:"que al día siguiente, se recogiesen las basuras".

El resultado de esta política comienza a ser desastroso para Ahora Madrid. Por una parte, la policía municipal y otros sectores del Estado profundo están lejos de aplacarse. Las imágenes del concejal de Seguridad Javier Barbero huyendo de la policía municipal y escondiéndose en un bar hubiesen provocado una fuerte depuración del cuerpo en cualquier democracia avanzada. Por otro lado, la teoría de colocar en el centro "la recogida de basuras" esconde un modelo de ciudad cada vez más orientado hacia el turismo, la inversión financiera y las clases medias, dejando en un lugar secundario los barrios obreros, que se enfrentan solos a una situación de degradación crónica, producto de la estructuración neoliberal de las instituciones públicas y de una crisis que ya se ha convertido en la nueva normalidad para un amplio porcentaje de la población.

A pesar de renunciar a la aplicación del programa con el que ganó las elecciones ( al que Manuela Carmena lo calificó de "sugerencias") y de tratar de reconciliarse de forma permanente con los sectores más conservadores del Estado y de la sociedad madrileña, el gobierno de Ahora Madrid se ha mostrado incapaz de imponer su autoridad a una policía municipal muy mimada por el PP y por el PSOE, fuertemente sindicalizada y que se auto percibe a sí misma como una víctima de los desvaríos "izquierdistas" del gobierno local. Mientras ciertos sectores de los movimientos sociales y de la izquierda perciben la política de Ahora Madrid como una política de renuncias que socavan a medio plazo al propio gobierno, al proyecto de transformación municipal y que no toca los resortes fundamentales del poder, la mayoría de la policía municipal se siente fuertemente agredida y deslegitimada. Las amenazas vertidas en un chat de whatsapp contra Manuela Carmena fueron quizás la muestra mas grotesca del descontento de los cuerpos de seguridad municipales.

Las particularidades del "Caso Arce".

Rommy Arce es migrante y, al contrario que la mayoría de los "nuevos políticos", (se ubiquen en el sector que se ubiquen) proviene de la clase trabajadora. Arce, que es la primera persona de origen migrante que ocupa una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid, lleva siendo el blanco de las iras tanto del PP y Ciudadanos, como de un Partido Socialista que no ha dejado de pedir su dimisión como metáfora de una propuesta política que quizás prefigure una nueva alianza: el PSOE de Pedro Sánchez busca la purga de los radicales de Ahora Madrid para consolidar un sólido acuerdo de centro izquierda en la capital, que haga desaparecer de una vez por todas los restos de las veleidades transformadoras de los "herederos del 15M".

Lo cierto es que es un personaje incómodo en el Ayuntamiento. Desde un principio, se ha negado a aceptar su transformación en parte de la "razón de Estado" que ha tratado de imponer Manuela Carmena. Ha defendido sus posiciones políticas con la misma claridad y contundencia que hacía cuando era activista. Ha estado tanto en las luchas sociales como en los despachos, sin aceptar la nueva fe de la gestión que ha invadido (y que profesa y predica con la fe del converso) a la nueva izquierda. Podría haber decidido convertirse en una pieza más del museo etnográfico de la izquierda progresista, representando el perfil de la migrante integrada que se ha hecho a sí misma. Pero antes que un icono, ha optado por defender con convicción su principios.

Esta "anomalía incómoda" se ha convertido en un campo de batalla. Para la derecha, cobrarse su cabeza sería un síntoma de su fortaleza y un reconocimiento de que siguen sobredeterminando al gobierno (estableciendo los límites). Para el PSOE, su liquidación sería un símbolo de su mutación en un gobierno responsable y de orden, que liquide el fantasma transformador que impulsó a Ahora Madrid al gobierno. Todo ello con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación y de ciertos sectores de los aparatos judiciales.

Las fuerzas transformadoras tienen un par de problemas y algún reto

La acusación contra Rommy Arce, desde un punto de vista estrictamente judicial no debería tener mucho recorrido. En ningún momento ha cometido un delito de odio, tipificados para proteger a las minorías. Es perverso que en realidad, haya sido acusada por su compromiso con estas, las cuales en teoría tienen que ser protegidas de los delitos de odio, y no deberían ser las acusadas. Se enmarca, sin embargo, en una coyuntura política más general, caracterizada por una radicalización de la llamada "judicialización de la política" y de fuertes ataques contra la libertad de expresión. Este término con tanto sabor estadounidense tiene en España una acepción un tanto distinta: sería más bien sinónimo de un cierto "macartismo pos-franquismo" a través del cual la derecha trata de hostigar a determinadas figuras de la izquierda. Políticos, raperos o tuiteros suelen ser las víctimas predilectas de este proceso.

Como bien ha escrito Beatriz Gimeno en este medio, "cuando se ejerce la libertad de expresión siempre se ofende a alguien." Estos días Rommy Arce ha sido objeto de todo tipo de ofensas en las redes sociales, que seguramente cumplen a rajatabla la definición de delito de odio. Por eso, más allá de la defensa jurídica de los activistas, de los raperos o de cualquier tuitero, lo que está en juego no es la libertad de expresión, sino la libertad de hacer efectiva, de hacer militante, la libertad de criticar radicalmente al sistema. Es decir, de cuestionar el mismo núcleo del régimen liberal, que se articula en torno a lo que Marcuse llamaba "tolerancia represiva". En el caso de Rommy Arce, esta "tolerancia represiva" implicaría también su muerte política como revolucionaria, ahondando esa separación entre "activista" y "cargo público" que tanto está afectando a la nueva política progresista: una vez en las instituciones, queda abolido el derecho a criticar al poder, porque formas parte del poder. Esto puede tener consecuencias peligrosas, como por ejemplo, que la izquierda institucional se vea atrapada en la obligación de tener que denunciar revueltas legítimas como la de los amigos de Mame Mbaye el otro día en Lavapiés: una ira completamente justificada, que quizás tenga como coste algunos contenedores, pero a través de la cual surge de una épica de la rebelión sin la cual una fuerza transformadora jamás conseguirá nada.

Hay otras dos cuestiones latentes encima de la mesa. La muerte de Mame Mbaye está siendo aprovechado por Ciudadanos para ensayar una opción "trumpista" en España, agitando de forma todavía incipiente con el fantasma de la inseguridad, las drogas y la migración. Una fórmula que, en medio de la parálisis del gobierno de Ahora Madrid, podría encontrar cierto eco en los barrios obreros. Ciudadanos necesita desesperadamente en Madrid una operación "a la catalana" que le permita adherir a su proyecto a un sector de las clases populares y amplíe su base social clase-medianista.

Por otro lado, amplios sectores de las fuerzas transformadoras llevan esperando mucho tiempo la reactivación del "viejo topo" de la movilización. Esta ofensiva judicial puede tener como efecto atrapar a las organizaciones de base en una dinámica defensiva que les dificulte seriamente implicarse en la dinamización de las movilizaciones en curso y transformarlas en estructuras estables, capaces de organizar a amplios sectores de las clases populares. Sin embargo, estos ataques contra la libertad de expresión también pueden regenerar solidaridades olvidadas en una izquierda muy dividida por diferencias estratégicas y tácticas profundas. En un año en el que se cumplen 40 años de la Constitución de 1978, el caso de Rommy Arce y muchos otros que estamos viviendo ponen encima de la mesa una de las cuestiones fundamentales no abordadas en la transición: en palabras de Gramsci, una "reforma moral e intelectual" que limpie los restos del franquismo que siguen impregnando las instituciones del régimen.