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Pablo Carmona Pascual (@pblcarmona)
Concejal en el Ayuntamiento de Madrid

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El Ayuntamiento de Ana Botella tramitó en el 2013 una revisión del Plan General de Madrid con el objetivo de sortear la paralización que el Tribunal Supremo había impuesto sobre los denominados Desarrollos del Sureste. En juego estaban más de más de 5.800 hectáreas de Madrid –más de ocho campos del Bernabéu– que implicaban la posibilidad de construir 160.000 viviendas. Por hacernos una idea, el gobierno del PP en medio de una crisis galopante pretendía lanzar un proyecto inmobiliario con capacidad para más de 400.000 personas.

Semejante despropósito –entre otros muchos– llevó a que hace cuatro años, el 21 de abril de 2015, se presentase el Pacto Contra la Especulación Urbanística en Madrid. Un documento redactado por varios colectivos agrupados en la Plataforma No a este Plan Urbanístico, que se comprometían a impulsar un cambio de rumbo en la política de planificación de la ciudad desarrollada por el PP en los últimos veinticinco años. Una declaración de intenciones para eliminar la progresiva desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental de las últimas décadas en materia urbanística.

Ahora Madrid se acogió a este acuerdo en plena campaña electoral, antes de imaginar siquiera que la nueva Área de Desarrollo Urbano Sostenible daría luz verde a muchos de los proyectos que allí se pretendían tumbar. Entre ellas, las Cocheras de Cuatro Caminos, el Taller de Precisión de Artillería, la Operación Campamento, la Operación Chamartín y ahora –a dos meses de acabar la legislatura- Berrocales.

Ahora Madrid se comprometió en campaña a trabajar en el avance hacia una mayor sostenibilidad de la ciudad, ralentizando su extensión y protegiendo los suelos que aún no habían sido urbanizados; evitar la ampliación de la mancha urbana; apostar por un modelo de movilidad sostenible y generar mayores espacios verdes. Por el contrario, acabaremos la legislatura dando luz verde a crecimientos que suponen la construcción de más de 44.000 viviendas, en zonas como Berrocales, lo que implica un fuerte deterioro territorial y medioambiental. Todo ello sin capacidad de generar en esa zona un modelo de movilidad en transporte público y alimentando un nuevo proceso especulativo en el que los grandes beneficiados son de nuevo los grandes actores financieros, en este caso, el Banco Santander y La Caixa.

¿Qué supone votar a favor del convenio de Berrocales?

El documento de gestión que se aprueba en el pleno de hoy no se entiende fuera del marco de los desarrollos del sureste. Estos fueron proyectados en 1997 y planificados entre 2003 y 2010 por Gallardón. Hoy suponen la mayor superficie de suelo urbanizable en Madrid ya que agrupa los sectores de Los Cerros, Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros. Entre todos conforman una superficie superior a los 39,5 millones de metros cuadrados, extensión similar al municipio de Tres Cantos. Esta operación comienza con la aprobación del convenio de Berrocales y se apoya legalmente en una revisión exprés del Plan General que hizo Ana Botella en 2013.

Lo razonable habría sido un compromiso que iniciase la tramitación para modificar el PGOU y que incluyera una nueva propuesta de ordenación para el conjunto de los suelos

Desde la Plataforma por un Sureste de Madrid Limpio y Sostenible, integrada por las asociaciones vecinales La Colmena, PAU Vallecas, Vicálvaro y AFUVEVA de Valdebernardo, la FRAVM, Ecologistas en Acción y ARBA, ya advertían en 2016 que lo que se imponía para el gobierno de Ahora Madrid era la reformulación de todos estos desarrollos, siguiendo la línea establecida en el programa de Ahora Madrid y el Pacto Contra la Especulación. Un proyecto que tendría que darse de manera participada y junto a los colectivos ecologistas y vecinales.

Mientras los colectivos recuerdan que la prioridad de este gobierno debería ser la de mejorar la ciudad ya existente en vez de llenar la periferia de barrios que multiplican los déficits sociales y deterioran el medio ambiente, el ayuntamiento se comprometió a realizar una revisión global de la estrategia del sureste en 2017. Una estrategia global y consensuada que pierde toda posibilidad de intervención global al firmarse el convenio de Berrocales que, en definitiva, lo que hace es consolidar todos los derechos que el PP otorgó a los propietarios de estos terrenos. Un convenio que implica desarrollar los planes que Botella tenía para una zona tan castigada como el sureste de Madrid.

Sí se puede (hacer otra cosa)

En materia de urbanismo, Madrid necesita pararse a pensar. El error estratégico de esta legislatura es no haber apostado por un nuevo Plan general que nos permitiese planificar la ciudad en su conjunto, saber como estaba y qué necesitaba Madrid. En cambio, el Área de Urbanismo se sumó a la construcción de la ciudad por proyectos y claro –los proyectos eran los de el PP–. El resultado de la aprobación del Convenio de Berrocales no podía ser más previsible: la construcción de un nuevo barrio plagado de viviendas, segregado de la ciudad, con pocas esperanzas de tener buenas comunicaciones y un transporte público adecuado y necesitado de miles de millones de inversión pública en infraestructuras. En definitiva, Berrocales verá la luz con muchas papeletas para ser un barrio de familias hipotecadas viviendo en un barrio fantasma. Vuelve el efecto PAU.

A efectos de modelo de ciudad esto supone volver a segregar y especializar la ciudad apostando por su desequilibrio. En el sureste multiplicando el suelo residencial de menor calidad y las infraestructuras más contaminantes y nocivas, tanto aquellas destinadas a la gestión y depuración de residuos, como las que tienen que ver con las redes logísticas, la última la que se está instalando en Villaverde. Mientras en el norte –ya escapando del término municipal de Madrid-, se han planificado las mejores zonas residenciales, los espacios verdes, las oficinas y los complejos empresariales y servicios privados.

Madrid se rompe

Lo razonable, por tanto, habría sido la redacción y firma de un documento que reflejase un acuerdo entre Ayuntamiento, colectivos sociales y Junta de Compensación. Un compromiso que iniciase la tramitación para modificar el PGOU y que incluyera una nueva propuesta de ordenación para el conjunto de los suelos afectados por el desarrollo del sureste. Añadiríamos también la realización de estudios previos que estimasen las necesidades de nueva vivienda en el municipio de Madrid, las de edificabilidad de posibles usos productivos, un estudio de los propietarios del suelo dentro del conjunto del desarrollo para comprobar qué porcentaje de estos está en manos de entidades bancarias o la SAREB y también el cálculo de las indemnizaciones que pudieran derivarse de la desclasificación de los sectores de Los Cerros y Valdecarros. Todo ello sin olvidar la localización de las áreas de valor ambiental y/o cultural que existen en el ámbito afectado.

Perseverar en este modelo de gobiernos pasados redunda en la ruptura territorial de Madrid. Lo razonable, por tanto, habría sido intervenir real y efectivamente con una nueva propuesta de ordenación para el conjunto de los suelos afectados por el desarrollo del sureste y no dejar cerrado solo el convenio de Berrocales. Al igual que sucede con la Operacion Chamartín se echan de menos estudios previos que busquen el interés social, que estimen las necesidades de nueva vivienda en el municipio de Madrid y también que valoren estrategias de reequilibrio con la implementación de zonas verdes y nuevas infraestructuras de movilidad.

En definitiva, que las administraciones públicas tomen las riendas de la ciudad y no que vayan atropellandamente a remolque al servicio de la iniciativa y el beneficio privado. Madrid necesita un plan.