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Raúl Sánchez Cedillo (@SanchezCedillo)

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Los centros sociales autogestionados han sido siempre un convidado de piedra de las campañas electorales municipales en Madrid desde hace 30 años. Han sido siempre el chivo expiatorio de las derechas madrileñas, que consideran que la ocupación de propiedades abandonadas o sin uso es un crimen de lesa majestad, y que quienes las ocupan son una chusma a mitad de camino entre el terrorismo y la delincuencia común. Han sido también un tema incómodo, cuando no tabú, para los socialistas que ganaron la alcaldía en 1979 y la conservaron gracias al apoyo del PCE. Pero en aquellos años ochenta el fenómeno de las "okupas" era visto de manera ambivalente por el ayuntamiento de Tierno Galván: era un incómodo recordatorio de que la propiedad inmobiliaria vacía es un escándalo en una sociedad profundamente desigual, pero también era un signo de modernidad y de vitalidad urbana en una Madrid que salía aún de aquel "La calle es mía" del ministro del Interior franquista y luego líder de la derecha, Manuel Fraga Iribarne.

Pero las ambigüedades se acabaron con los ayuntamientos del Partido Popular, en aquel año de 1989. Se dice pronto, pero han sido más de 25 años en los que la ciudad quedó transfigurada, gravemente herida por una profunda erosión del espacio público, por la eliminación de la anarquía de la vida nocturna que había hecho de Madrid una ciudad única, del gusto plebeyo de la calle y del paso de fronteras entre barrios y clases. En paralelo, Madrid empezaba a desarrollarse como lo que hoy es por encima de nuestras posibilidades de soportarlo: una megamáquina de finanzas, servicios, grandes superficies comerciales, logística y transporte de personas y un territorio completamente diseñado por la iniciativa de bancos y constructoras.

Necesitamos tener esto en cuenta para valorar la importancia que para la ciudad democrática han tenido y tienen los centros sociales autogestionados y ocupados. Pero, ¿tiene la gente un conocimiento preciso de lo que son? No, sólo las personas que los han construido, usado, frecuentado, tienen ese conocimiento. En la crónica urbana de los grandes medios los centros sociales siempre han estado asociados al género lúgubre y amarillista, entre la crónica de sucesos y la vieja propaganda decimonónica contra el peligro anarquista. No cuesta entender que ese tratamiento no es gratuito, sino que responde a razones muy fundadas para los defensores de la ciudad en la que prima la renta parasitaria del suelo y un espacio público reducido a la circulación y el consumo compulsivo.

Sí, los centros sociales autogestionados y ocupados son una amenaza para la ciudad oligárquica. Veamos por qué.

La historia de los centros sociales autogestionados y ocupados en Madrid es ya larga, forma un archivo público y común. Nadie puede con rigor hablar de estas experiencias sin haberlo consultado antes. Y lo que nos dice esa historia es que desde los años 80 de la heroína y la desolación, los deseos de resistir contra la exclusión social, de cooperar sin ánimo de lucro privado, de disfrutar de la música popular y de otras artes menores y de pensar, colectiva y horizontalmente, alternativas prácticas de producción y de organización social no han tenido más remedio que ocupar y devolver la vida a edificios abandonados, pasto de la especulación, barbechos a la espera de grandes pelotazos inmobiliarios.

Los espacios ocupados y autogestionados han tenido en estos años todo tipo de denominaciones: casa okupa, squat, ateneos, etc. Y ello se debe a que no son una invención ni madrileña ni propia de ninguna ciudad en particular. Son una experiencia europea, que en la corta duración histórica corresponde a las luchas del joven proletariado urbano y de los hijos de las clases medias asalariadas en el periodo de la contrarrevolución neoliberal, de la venganza de las finanzas y de la renta urbana parasitaria contra el "exceso" de nuevos deseos y necesidades que nace con el 68. Deseos y necesidades que no caben en el consumo de masas, en la participación dirigida, pública o privada, en la política que ofrece el sistema de partidos, o en las relaciones normalizadas entre géneros, cuerpos racializados, grupos de edad. Y que tienen que expresarse, ocupar, respirar o morir. Sin embargo, en la larga duración histórica los centros sociales son la expresión actual de la lucha de los pobres urbanos contra la desposesión y la invisibilización por parte de los patronos de la ciudad capitalista y sus oligarquías políticas y culturales. Sí, se ha dicho que los ateneos y tabernas obreras son un antepasado de los centros sociales, y no falta razón en ello. Y desde hace años se llaman centros sociales autogestionados y ocupados porque así se les dio nombre en la Italia del "largo 68", que se prolongó durante la década de 1970 y que vio nacer estas invenciones de una generación que en aquel entonces no fue reconocida como lo que era: la primera aparición de lo que hoy llamamos generación precaria o precariado.

La Ingobernable nació de un acción colectiva hace dos años, "Madrid no se vende"

Pero no sólo las descripciones históricas generales nos rinden la importancia decisiva de estas experiencias. También la pequeña historia, la historia oral apenas archivada de los movimientos sociales madrileños y de sus protagonistas nos hablan de estos lugares como sedes de cooperación y lucha entre iguales. Para ser breves: buena parte de las y los activistas de los últimos 30 años en la ciudad de Madrid han pasado por los centros sociales autogestionados y ocupados. Desde las acciones contra los fastos de la conquista del continente americano en 1992 al 15M, pasando por las movilizaciones contra la globalización capitalista y contra la guerra de Bush, Blair y Aznar contra la población iraquí en 2003: reuniones,foros, asambleas han tenido lugar en estos precarios espacios de libertad.

La lista es ya muy larga y toda enumeración está condenada al error y la falta de equidad, pero en el arco de estas décadas podemos recordar experiencias Minuesa, el David Castilla, La Guindalera y los sucesivos Laboratorios en el barrio de Lavapiés, la Karakola, El Patio Maravillas y, después del 15M, el Eko de Carabanchel, La Ingobernable y la Yaya.

Para el cuerpo vivo de la ciudad de Madrid los centros sociales autogestionados y ocupados son hoy un órgano vital. Mientras en la ciudad sigan mandando los oligarcas del ladrillo y la renta financiera, seguirá habiendo ocupación para construir centros sociales. La represión ha sido y sigue siendo feroz, pero se ha enfrentado siempre a su creciente legitimidad social y al apoyo de las gentes en los barrios. Los centros sociales demuestran su necesidad a partir de sus propias existencia y hacer y es el tiempo el que les da la razón.

Cuando se ocupa un edificio, público o privado, pasto de la especulación y el abandono de su uso social, se vulnera el actual código de la propiedad. Sólo esta circunstancia sirve para criminalizar a los centros sociales, tanto en la derecha como alguna sedicente izquierda. Se aducen los grandes mantras de la inseguridad, jurídica, del respeto de la legalidad, del pacto de convivencia. Después del 15M y sus efectos sobre la sociedad y la política madrileñas, tendemos a pensar que el centro izquierda madrileño habría aprendido la lección y habría adoptado un posición menos hipócrita al respecto, menos sierva de los intereses dominantes. Por desgracia no es así. La mejor defensa del sagrado derecho a la propiedad parasitaria ha venido de la mano de Manuela Carmena y de su equipo más estrecho. Sirva para ilustrar esto un ejemplo significativo y de plena actualidad: el caso del centro social Ingobernable en el Paseo del Prado de Madrid. La Ingobernable nació de un acción colectiva hace dos años, "Madrid no se vende", que quiso llamar la atención sobre las distintas violencias de desposesión que estaban y siguen teniendo lugar en Madrid, desde el crimen de los desahucios de familias pobres a las grandes operaciones de poder oligárquico como la rebautizada Madrid Nuevo Norte, la operación Chamartín de toda la vida. En aquella acción se ocupó el viejo edificio del Paseo del Prado, que siempre había sido un equipamiento público, pero que Ana Botella había cedido gratuitamente para 75 años a un amigo de la familia Aznar, el arquitecto Emilio Ambasz. Una pieza de la arquitectura civil del siglo XX madrileño perdida para siempre. Dos años después, sólo caricaturas del rencor de las clases pudientes como Almeyda, Villacís y el siniestro Ortega Smith pueden negar que La Ingobernable es una infraestructura de cooperación, afecto, feminismo, invención política y antifascismo que una ciudad amenazada por el retorno de las pesadillas del fascismo no puede permitirse perder.

Triste, pero cierto: las fuerzas que representa Manuela Carmena quieren terminar con los centros sociales ocupados. Se niegan a reconocerlos como lo que son; se escudan en la defensa de la propiedad para descalificarlos como una aberración y una amenaza contra la convivencia; pretenden dividirlos con falsas promesas y les ofrecen una "reinserción social" a través de una "ordenanza de cooperación público-social" que obliga a estas experiencias a normalizarse como una más entre las asociaciones del llamado tercer sector. No cuesta entender que este "reconocimiento" es sólo una homologación respecto a lo ya conocido y neutralizado, y no un verdadero reconocimiento de la necesaria autonomía y autogestión de estos embriones de emancipación, igualdad y democracia.

¿Qué puede hacer, pues, una institución de gobierno como un ayuntamiento respecto a los centros sociales autogestionados y ocupados? Puede hacer mucho y también puede abstenerse de hacer lo que no le corresponde. Los ejemplos se multiplican por Europa. Madrid sigue siendo un punto negro al respecto, pero en Berlín, en Venecia, en Nápoles o Amsterdam cunden los ejemplos de intervención y mediación de los gobiernos municipales, allí donde los centros sociales litigan con especuladores privados o cuando ocupan espacios de propiedad municipal. En tanto que experiencias autónomas y escuelas de democracia y cooperación, corresponde a cada centro social decidir si quiere permanecer en el tiempo o batallar por el espacio en la calle o en los tribunales. Pero allí donde las asambleas y las comunidades de los centros sociales deciden abrir un proceso de diálogo con las administraciones públicas, no faltan repertorios normativos y políticos para favorecer que estas experiencias permanezcan en el tiempo, sin menoscabo de su autonomía y su riqueza social. El caso más reciente es el de la ciudad de Nápoles, donde su alcalde, Luigi de Magistris, ha comprendido que, en una ciudad con tantas carencias y desigualdades, las decenas de centros sociales autogestionados y ocupados en los distintos barrios de la ciudad no son un problema, sino un recurso, un bien común que ha de ser reconocido y protegido. En cooperación con expertos de los propios centros sociales napolitanos, el ayuntamiento ha aprobado un decreto municipal en el que, a través de la figura legal del uso cívico, reconoce como bienes comunes los centros sociales autogestionados, garantiza su autogestión y corre con los gastos de reforma y adecuación a las normas de seguridad de las instalaciones. Varios centros sociales ocupados se han acogido a la iniciativa, absolutamente pionera y que se orienta hacia el reconocimiento de los comunes urbanos como estructuras fundamentales de la ciudad democrática.

Madrid es la capital. Madrid es la ciudad del capital. Todo cuesta mucho más, pero cuando se consigue el impacto es duradero y se extiende en todas direcciones. Madrid en Pie Municipalista está y estará con los centros sociales ocupados y autogestionados, reconoce su importancia y su necesidad, respeta su autonomía y sus decisiones y apoya y apoyará todos los procesos que lleven a su continuidad por el bien del Madrid que queremos.